“El socialismo democrático no puede pelearse con la libertad ni el mercado, sino con el egoísmo” (Pepe Mujica)
“Los burócratas tienen libertad para decidir, según su propia discreción, cuestiones de importancia capital para la vida de los individuos”. (Ludwig von Mises)
El socialismo democrático es contentivo de, al menos, tres (3) objetivos de política pública. El logro de la estabilidad económica utilizando instrumentos de política económica heterodoxos; b) el crecimiento económico sostenido y equitativo sobre la base de la dinamización de los sectores reales, como el sector agroalimentario, industrial, energético, ambiental y forestal; c) una justicia social más allá de la simple compensación social y dádiva pública que se promueve por los OFIS en el marco de los programas de ajuste estructural.
No asume como validas políticas de corte neoliberal, como la privatización de empresas públicas, liberalización comercial a ultranza, contracción no selectiva del gasto público y salarios, aumento de tarifas de servicios públicos, devaluación cambiaria acelerada y aumento de las tasas de interés como mecanismo para disminuir la inflación. No obstante, reivindica un rol más protagónico del Estado en la economía, la utilización de instrumentos de política económica selectivos y diferenciados y promoción de formas de participación ciudadana y/o popular en la toma de decisiones al interior de la institucionalidad constituida.
Los llamados «libertarios» como Javier Milei, presidente de la Argentina, son neoliberales confesos y cuestionan toda forma de participación del Estado en las actividades económicas, especialmente en el uso y abuso de la ortodoxia keynesiana como marco teórico para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas económicas; pero, ante todo, la demagogia de gobiernos de corte socialista tipificados como comunistas, caracterizados por promesas incumplidas, una violación sistemática de derechos fundamentales del ser humano y la inoperancia y corrupción pública.
Una distinción visible es que, los libertarios, a diferencia de los neoliberales, defienden y reivindican el derecho a la vida y libertad, pero afines en la defensa de la propiedad privada donde el Estado tiene asignadas aquellas funciones que los empresarios no pueden cumplir, como la defensa del territorio nacional, no asila justicia y seguridad interna (para los neoliberales la seguridad interna es una función indelegable del Estado represivo), que pueden ser asumidas por empresas privadas a un mayor plazo, en el llamado narco capitalismo.
En Honduras, según los Estatutos del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el modelo a adoptar una vez en el poder, es el socialismo democrático. Se cuestiona que, en la práctica, no haga muy visible la participación de organizaciones sociales o populares en la toma de decisiones del Gobierno, explicado en parte por la no aprobación por el Congreso Nacional de la Ley de Participación Popular. En la Argentina, con el triunfo de Javier Milei, el modelo a adoptar es un capitalismo libertario autoritario que, incluso, supere los postulados y enfoques de la Escuela austriaca de economía en la reivindicación del derecho a la vida y libertad y uso de modelos matemáticos que a Menger le daban alergia, pero manifiesta como fortaleza en Milei.
El triunfo de Partido Libertad y Refundación (LIBRE) con Xiomara Castro a la cabeza en noviembre de 2021, abrió un espacio para nuevos enfoques y vigencia de políticas públicas alternativas a las promovidas con el modelo neoliberal instaurado en el país a partir de 1990, pero vigente desde inicios de la década de los 80s.
Las expectativas de la ciudadanía estaban puestas en el rescate de la institucionalidad publica, un nuevo rol del Estado para enfrentar los problemas más evidentes como los rezagos en salud, educación y protección social, sumado a la falta de empleos de buena calidad, seguridad alimentaria, seguridad interna y acceso a créditos y viviendas dignas por la población de menores ingresos.
Un vistazo al Plan de Gobierno (2022-2026) de la presidenta Xiomara Castro, en realidad compromisos y promesas de campaña, muestra que la mayor parte de los problemas enfrentados y soluciones serían prioridad en el nuevo Gobierno, buscando hacer un mejor uso de recursos públicos e incorporando a la población en el proceso de toma decisiones, al ser la participación popular uno de sus principales ejes trasversales.
No obstante, el Gobierno de Xiomara Castro adoptó políticas económicas de corte neoliberal al suscribir un convenio de estabilización económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aceptó la profundización de dichas políticas como la devaluación y ajuste de las tasas de interés ( léase aumentos de la tasa de política monetaria), pero solo después de apoyar a sectores productivos y sociales (léase: subsidios), cuando en otros gobiernos tipificados como de izquierda o socialistas, caso de Ecuador, Bolivia y la Venezuela de Chávez, su ruptura y discontinuidad fue manifiesta.
Igual, no renunció a políticas comerciales desfavorables, como las vigentes dentro del RD-CAFTA con EEUU, pero se abrió al comercio y cooperación con países como China, donde hay avances para firmar un tratado comercial antes de junio próximo, esperando sea lo menos desfavorable por ser una negociación entre países asimétricos, donde China vende a Honduras sin tratado más de 2.000 millones de dólares al año y Honduras no alcanza los 50 millones de dólares. (Declaraciones de Fredis Cerrato, Ministro de Economía, 9/01/2025, radio cadena voces).[1]
Contrario a los libertarios que ven en la Administración pública y su crecimiento, el principal factor causal del desequilibrio fiscal (desbalance presupuestario), la emisión monetaria sin respaldo e inflación, igual de la ineficiencia, distorsión económica y corrupción, Honduras todavía no ha podido estructurar un política de uso eficiente de los recursos públicos, con grados de impacto visibles en el cumplimiento de objetivos y metas de la población fácilmente comprobables y medibles.
Se habla, por ejemplo, de cumplir 200 días clases al año y construir y reparar 5.000 escuelas, sin que la Secretaria de Educación presente información detallada por municipio, lo cual cuestiona la oposición política. Igual, aumento en 95% de coberturas en atenciones y acceso a medicamentos de la población que asiste a centros asistenciales, pero la información disponible muestra desabastecimiento de hasta 45% en varios centros hospitalarios.
Los libertarios hablan de crear todas las facilidades y garantías (incluyendo reducción de impuestos y protección de derechos de propiedad) al sector privado para generar mayores recursos y canalización de más inversión extranjera directa (IED) a la creación de empleos sostenibles, bajando además el riesgo país y contratación de créditos externos a bajas tasas de interés. En el moldeo del socialismo democrático es clave la inversión pública, vista como complemento y no sustituto de la inversión privada, pero que, en la actualidad, enfrenta una fuerte restricción como la poca voluntad del sector privado por acompañar la nueva Ley de Justicia Tributaria, que según los libertarios debería ser eliminada por afectar la inversión privada, independientemente si representa la pérdida de más de 65.000 millones de lempiras al año para el fisco (exoneraciones y exenciones fiscales).
Tanto socialistas democráticos como libertarios, están conscientes que en la coyuntura actual de crisis mundial, tan buena es la inversión extranjera de empresas “gringas” como de empresas chinas. El Gobierno de Xiomara Castro ha dado muestras que no se opone a la canalización de mayor inversión extranjera de EEUU, siempre que se respete la soberanía nacional y no violente la Constitución de la República, tal como sucedió con las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), que fueron derogadas y que no fue bien visto por el Gobierno de Estados Unidos. No cabe duda que Javier Milei, en su afán de convertir a la Argentina en nueva potencia económica mundial, permitiría la instalación de este tipo de empresas en territorio argentino.
Hay una clara voluntad del Gobierno de Xiomara Castro por proteger los salarios y evitar un deterioro, aunque los pronósticos, siguiendo los compromisos suscritos con el FMI, son de una devaluación acelerada para 2025 que tiene un impacto negativo en aquellos perceptores de renta fija. Ha habido ajustes de salarios para maestros y empleados públicos, congelamiento de precios y subsidios y apoyo a la producción alimentaria, lo cual es contrario a los postulados libertarios, que esperan que el sacrificio de congelamiento y reducción de salarios, tenga sus frutos a mediano plazo donde se muestre una tasa de crecimiento de los salarios reales positiva y sea evidente un menor deterioro, pero también sea visible un aumento de la productividad del trabajo para garantizar mayores salarios.
La reducción de la pobreza es una prioridad para socialistas y libertarios, pero con marcadas diferencias en su abordaje. En el caso de los primeros, se combinan políticas de aumento del gasto de inversión productiva y social, y medidas de redistribución de activos como la tierra [2]. Ello, tal como sucedió en Honduras, aumenta el gasto público y orilla al Gobierno a la obtención de recursos de crédito interno y externo, incluyendo créditos del Banco Central contra las reservas internacionales, sumado al control de precios y absorción de costos por sostenimiento de subsidios de combustibles, energía y otros servicios. La pobreza sigue alta, un 62,9% de la población, pero debe reconocerse que en 2021 estaba arriba de 73,6%, arrastrado mayormente por los efectos negativos del Covid-19.
Para los libertarios, caso de Milei en la Argentina, el objetivo de reducción de la pobreza (45% de la población en 2023) puede esperar, frente a lo inmediato, o sea poner orden en casa, ligado a un alto gasto e ineficiencia pública, emisión monetaria, hiperinflación (211% en 2023), controles cambiarios y devaluación acelerada. El logro de la estabilización económica tipo ajuste “shock”, es lo que permite avanzar en el cumplimiento de objetivos y metas para el sector social de la economía, donde la reducción de la pobreza y pobreza extrema son prioritarios.
De acuerdo a cifras oficiales, en el primer trimestre de 2024 la pobreza se ubicó en 54,8% de la población, pero reportes recientes muestran que descendió en el tercer trimestre a 38,9%, después del fuerte ajuste en el gasto. Es importante comparar y validar estas cifras con las manejadas por centros especializados, como lo que existen en universidades públicas, incluyéndose cifras de pobreza extrema o indigencia, que pueden no coincidir.
Es poco probable que el Gobierno de Xiomara Castro decida utilizar la “motosierra” MILEI para hacer más manejable el gasto y Administración pública, especialmente cuando está en su último año de gobierno, un año político; pero es necesario que se garantice mayor productividad del gasto público y efectividad en el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo, sumado a la incorporación de nuevos “bateadores” emergentes (cambios del gabinete de gobierno). La consolidación de la reforma institucional y ajuste de gasto público es una prioridad del Gobierno de Milei, cuando también se apresta a elecciones legislativas en octubre de 2025, que pueden cambiar el desbalance de fuerzas que hoy tiene.
Una de las promesas de campaña del presidente Javier Milei fue la dolarización de la economía argentina, tipo Perú, pero también el cierre del Banco Central para eliminar, según su enfoque, en forma definitiva la inflación. Se espera que este objetivo sea cumplido después que se sanee el balance del Banco Central, cierre y estabilice la brecha cambiaria y arregle el problema que generan las leliqs, o sea letras por pagos altos (porcentaje) en pesos generados por la emisión monetario del mismo Banco, lo cual ha aumentado la deuda en dólares.
En Honduras no se habla de dolarización, ya que considera a su vecino, El Salvador, uno de los países más caros de Centroamérica. Los salvadoreños ven en Honduras un destino turístico al tener el dólar mayor poder de compra, aunque su inflación interna sea menor y ser un país más seguro con Bukele. El FMI presionó al Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) para que liberalizara el mercado cambiario e hiciera del Banco Central una institución autónoma e independiente, lo cual no se logró, al volverse al mecanicismo de subasta de divisas donde el Banco Central tiene un rol y control importante.
Xiomara Castro llegó al poder después de 12 años de dictadura institucionalizada y legalizada, con evidencia de autoridades de gobierno ligadas al narcotráfico y corrupción generalizada, mostrando resultados favorables en crecimiento del PIB, reducción de la inflación (3,88% en 2024)[3], aumento del gasto de inversión y endeudamiento externo sostenible con espacio para re perfilamiento de la deuda, pero con aumentos en niveles de desempleo y subempleo[4], menor ritmo de inversión extranjera y exportaciones[5].
Javier Milei llegó al poder después de gobiernos tipificados como progresistas o de izquierda, siendo sus resultados de primer año de gestión favorables, no solo en la generación del superávit fiscal, reducción de la inflación y menor depreciación de la moneda, sino en la reducción del riesgo país, crecimiento del PIB y niveles de pobreza.
Para 2025, se estima que serán dos (2) las economías con un importante repunte en el crecimiento económico (4,3% y 3,2% respectivamente) y sostenibilidad fiscal, al haberse reducido o controlado la inflación. Un desafío visible para la Argentina es la recomposición de la deuda externa y sus pagos, idealmente de la mano del FMI, y en el caso de Honduras la capacidad para concretar en un año político la reforma tributaria pendiente y enfrentar en forma planificada y regional la política anunciada por Donald Trump de deportaciones masivas e impuestos a las remesas familiares.
Notas:
[1] Los datos muestran que Honduras vendió a China (primeros once meses de 2024) 35,4 millones de dólares y compró 2.356,9 millones de dólares. (Informe del Banco Central, enero de 2025).
[2] En Honduras, las políticas de redistribución de tierras a favor de campesinos sin tierra, en su mayoría mujeres, no se han aplicado y constituyen una demanda no satisfecha por el Gobierno. En el caso del Gobierno Argentino está prohibido hablar de reforma agraria y más bien se busca que los empresarios puedan tener más tierras legalizadas a su favor para que puedan invertir.
[3] En realidad, si se compara con el resto de los países de la región centroamericana, Honduras mostró la inflación más alta, Para el caso, en Nicaragua, la inflación observada en 2024 fue de 2,84% y en Costa Rica de 0,84%. Se atribuye a que Honduras introdujo un rezago en la política monetaria, al mantener por más tiempo del debido, según los monetaristas, la tasa más alta de política monetaria. Sin embargo, no se evalúa la política deliberada del Gobierno por apoyar los sectores productivos y vivienda con bajas tasas de interés, asumiendo un alto costo.
[4] La informalidad es un problema estructural de la economía hondureña, donde más de dos millones de personas enfrentan problemas de subocupación laboral.
[5] Hay evidencia que la caída de las exportaciones y rigidez de la demanda de importaciones, ha ensanchado el déficit comercial, al superar los 8.000 millones de dólares en 2024. Un problema estructural que todavía no tiene una estrategia de largo plazo de respuesta, y donde la apertura comercial indiscriminada no ha funcionado y ha sido más bien perjudicial al país.
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