Alberto Piris cuenta algo impresionante en su columna del periódico digital República de las Ideas el 22 de septiembre. Sucedió tras un pleito planteado en un juzgado del Estado de Nueva York entre dos empresas privadas, relacionadas con la aviación comercial, que se reclamaban mutuamente ciertos impagos. Un intermediario aeronáutico y una compañía de alquiler […]
Alberto Piris cuenta algo impresionante en su columna del periódico digital República de las Ideas el 22 de septiembre. Sucedió tras un pleito planteado en un juzgado del Estado de Nueva York entre dos empresas privadas, relacionadas con la aviación comercial, que se reclamaban mutuamente ciertos impagos. Un intermediario aeronáutico y una compañía de alquiler de aviones privados, en su pugna porque la justicia les diera la razón, han hecho salir a la luz una extensa documentación relacionada directamente con los famosos «vuelos secretos» de la CIA. Richmor Aviation, ubicada cerca de Hudson, Nueva York, demanda a Sportsflight, una empresa unipersonal de corretaje en Long Island, por incumplimiento de contrato. Documentos presentados al tribunal durante el pleito muestran que alrededor del año 2003 Sportsflight organizó decenas de vuelos a petición de la CIA con destino a lugares como Rumania, Azerbaiyán, Egipto, Yibuti, Pakistán y Libia. Más de 1.500 páginas de los tribunales que entendieron en la causa y de los tribunales de apelaciones detallan llamadas a cuarteles de la CIA, a los celulares y teléfonos particulares de altos funcionarios de la CIA vinculados al programa de entrega de prisioneros, así como a la compañía contratista privada DynCorp, empleada por la agencia.
Los trayectos efectuados por los reactores privados, alquilados por la CIA para trasladar a los prisioneros, figuran detallados en estos documentos que el pleito ha sacado a la luz. Los transportes ilegales de presuntos terroristas, muchos de los cuales acabaron en Guantánamo, se hicieron con escrupulosa corrección burocrática y administrativa: facturas, recibos y justificantes de gastos. Todo muy correcto, excepto que secuestraban a la gente, la narcotizaban, la llevaban a una prisión clandestina y la torturaban. En los documentos que las empresas han aportado en su litigio comercial aparecen los detalles de los vuelos, ciudades de origen y destino, itinerarios, hoteles donde se alojaban los agentes, ciudades donde se ubicaban las cárceles clandestinas, acuerdos económicos, descuentos por mayores vuelos y números de «pasajeros», etc…
Para ellos era una actividad comercial más, fueron a los juzgados no porque tuvieran algún problema en trasladar a un tipo narcotizado y encapuchado, sino porque luego no les pagaron lo convenido. Lo más impresionante es que quizás el único delito que encuentren los jueces sea la ausencia de algún recibo o impago. En el capitalismo las cuestiones relacionadas con pagos, cheques, descuentos y contratos se abordan con mucha escrupulosidad y acaban ante los jueces para asegurar que los compromisos y acuerdos se cumplen conforme a la ley. Basta recordar el caso de Al Capone que tras años de crímenes terminó procesado por evasión fiscal. Por el contrario, los derechos humanos son cuestiones secundarias, ningún juez estadounidense ha dedicado ningún esfuerzo a buscar responsables por secuestrar y torturar, quizás porque ni los legisladores ni los mejores abogados están para estos asuntos, lo importante en el capitalismo es que ningún cheque quedé impagado.
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