Proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sigue paralizado. Policías y militares resguardan instalaciones de las empresas y arrecian hostigamiento contra comunidades indígenas
Tres meses después del inicio de la protesta contra el proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca», impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA) sobre el río Gualcarque, y realizado, entre otros, con fondos del Bcie (Banco interamericano de integración económica), las comunidades indígenas lencas que defienden su territorio ancestral y exigen el retiro inmediato del proyecto, denuncian la profundización del hostigamiento y la represión de parte de militares y policías. Asimismo, amenazan con arreciar la protesta, si las empresas y las instituciones públicas continúan haciendo caso omiso a sus demandas.
«Luego de mi detención la represión ha ido subiendo de tono y se ha vuelto más agresiva y violenta. El gobierno ha enviado a la zona de Río Blanco a efectivos de la Fuerza de Tarea Xatruch -la misma que opera en el Bajo Aguán- y de la recién constituida Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial (Tigres)», explicó Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), a este corresponsal.
Las comunidades indígenas lencas han repetidamente votado en contra de este proyecto durante los cabildos abiertos organizados por los gobiernos municipales de la zona, así como en el marco de la Asamblea Indígena, que se ampara en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
«Ante la resistencia de la población, la respuesta enfurecida de la empresa y el gobierno, a través de la SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería), la SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente) y el ICF (Instituto de Conservación Forestal), ha llegado al colmo de que se han emitido órdenes de captura contra el presidente del Consejo Indígena, Francisco Javier Sánchez, su vice Lucío Sánchez y otros líderes comunitarios», explicó Cáceres.
Según el Copinh, que acompaña a las comunidades indígenas en su lucha, este proyecto hidroeléctrico estaría siendo financiado también por Financiera Comercial Hondureña SA (Banco Ficohsa), cuyo gerente general es Javier Atala, quien el año pasado suscribió un convenio por 20 millones de dólares con Proparco, filial de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) dedicada a la financiación del sector privado, para proyectos de energía renovable.
Entre las empresas que están ejecutando el proyecto se mencionan a la compañía contratista de capital chino Sinohydro -la cual fue recientemente sancionada en Ecuador por graves irregularidades en cuanto a su trato a los empleados del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair-, la empresa de construcción Concreto Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca) y la alemana Voith Hydro, que ganó un contrato de suministro de turbinas hidráulicas y otras partes.
Actualmente, centenares de personas mantienen cerrado el paso a las maquinarias de la empresa. «En el territorio de Intibucá no han podido trabajar sobre el río Gualcarque y las comunidades han continuado a reunirse en asambleas indígenas, donde han reiterado su posición de no querer ninguna negociación con DESA, que se le cancele la concesión ilegal que se le ha otorgado, así como que salgan las fuerzas represivas y que se respete el Convenio 169», subrayó la dirigente indígena.
Cáceres dijo también que se van a acusar judicialmente a las autoridades municipales que se han involucrado en el proyecto, pasando por encima de la voluntad expresa de los pobladores.
«En los últimos días hay fuertes cateos en toda la zona, control de vehículo y de los buses, vigilancia, hostigamientos, levantamiento de perfiles con fotos y videos y hasta amenaza de nuevas capturas y desalojos. Asimismo, el Batallón de Ingenieros y la Policía han estado asediando e incursionando a las viviendas, a los solares, militarizando el centro de La Tejera, y rodeando a las personas que se mantienen en la toma de la carretera. Es una verdadera cacería», apuntó la coordinadora del Copinh.
Según Cáceres, en Río Blanco hay «una guerra de baja intensidad y contrainsurgente contra las comunidades indígenas y su lucha. En Honduras estamos en una etapa muy peligrosa, donde las fuerzas que dieron el golpe de Estado se han fortalecido e institucionalizado, y donde se sigue criminalizando la lucha y la protesta social», argumentó.
Ante esta situación, la dirigente indígena, quien fue sobreseída de forma provisional por los supuestos y no probados delitos de portación ilegal de armas y por atentar contra la seguridad interna del Estado, hizo un llamado a la solidaridad nacional e internacional «para que haga suya esta demanda del pueblo lenca», y se dirija a todas las instancias del gobierno y a los tres poderes del Estado «exigiendo el respeto de sus derechos ancestrales y el fin de la militarización y la represión», concluyó Cáceres.
Fuente: LINyM