La crisis de COFAC, la mayor entidad cooperativa financiera del Uruguay, que debió ser suspendido por el Banco Central, al comprobarse que su capital era menor al giro de sus operaciones y que, además, esa relación rápidamente se convertía en más negativa, muestra nuevas certezas sobre la eficiencia del Banco Central como entidad rectora de […]
La crisis de COFAC, la mayor entidad cooperativa financiera del Uruguay, que debió ser suspendido por el Banco Central, al comprobarse que su capital era menor al giro de sus operaciones y que, además, esa relación rápidamente se convertía en más negativa, muestra nuevas certezas sobre la eficiencia del Banco Central como entidad rectora de una actividad tan importante como es la financiera y, además, las enormes deficiencias comunicacionales que tiene el Estado uruguayo.
Cuando el aguerrido dirigente de AEBU, Juan José Ramos, afirma que el pánico que se produjo la semana pasada y la insipiente «corrida» de depositantes que se produjo en parte del día jueves, es producto de una información tendenciosa, puede que no se equivoque. Pero, reconozcámoslo, maniobras de ese tipo solo son posibles en un país y, en un sector tan sensible, como es el financiero, por la carencia de políticas comunicacionales de los organismos del Estado que, sin cortapisas deberían mostrar a cada ahorrista o posible depositante la situación de cada una de las empresas financieras.
Las crisis bancarias – inclusive la descomunal ocurrida en el año 2002 – son producto también, hay que entenderlo, de la carencias de criterios informativos de parte de la autoridad bancaria (el Banco Central), que siempre y de forma que podría ser calificada de muchas maneras, incluso las peores, solo deja trascender los detalles de la situación de cada una de las entidades cuando todo el pescado está vendido.
Si recordamos lo ocurrido en el 2002, vemos que esto es así. Qué nunca el ahorrista supo en realidad que las entidades que después efectivamente fueron liquidadas, estaban en una situación desesperante y que, obviamente, se debía esperar la alternativa de un desenlace como el que todavía afecta a miles de ahorristas metidos en un corralito sobre el que se manejan criterios más que diferentes.
Se puede contravenir lo que decimos, afirmándose que en muchos de los casos las propias deficiencias del Banco Central, en su carácter de «policía financiera», determinaron que esa misma entidad rectora no supiera que el proceso en los bancos liquidados era de tal gravedad y que el mismo, obviamente, llevaría a todos a vivir una crisis de enormes proporciones que, además, fue resuelta de la peor manera, tratando de «revivir a los muertos» a fuerza de dinero el que, por años, seguiremos pagando entre todos.
Si en el Uruguay existiera una información acabada, diaria, seria y sin favoritismos sobre la actividad financiera, la crisis de estas instituciones no tendrían consecuencias catastróficas, en que quedaron sin cobrar – como en el caso de COFAC – trabajadores a quienes se les había depositado el dinero horas antes de la resolución del Banco Central y miles de ahorristas que viven la zozobra de incierta recuperación de todos sus ahorros.
En otros países los bancos están ranqueados en listas que establecen los niveles de riesgo que tienen los depositantes que optan por cada uno de ellos. Así funciona la actividad, por ejemplo, en EEUU, donde en diarios, como el Wall Street Journal, se publican esos ránquines que sirven para ayudar a adoptar sus opciones a los potenciales ahorristas. Obviamente, estudiando atentamente esas listas cualquier atento lector advierte como se verifica una características que es inherente a la actividad financiera, que determina que los mejores intereses son pagados por las entidades que viven situaciones de mayor riesgo.
Y en base a esas condicionantes y a otras que también pueden establecerse, que son producto a la cultura y lógica del sistema, los inversores, ahorristas, quienes utilizan para la intermediación financiera a esas entidades, adoptan sus opciones.
Decir que una información puede provocar una crisis de pánico y una eventual corrida en el sistema financiero, es una afirmación coyuntural cierta, pero producto de esa realidad del Banco Central que carece de una adecuada política comunicacional que le sirva a la gente.
Alrededor de un 20 por ciento de los uruguayos tienen relación con el sistema financiero y, ese importante sector de la población, debe ser uno de los que trabajan más a ciegas. Si una entidad de estas características aparece en una información detallada, acríptica, hecha pública en forma diaria y no – como ocurre en una página Web cuya simbología, frenéticamente oscura, pocos entienden – , los posibles clientes tendrían otras opciones o, de mantenerlas, sabrían de los riesgos que correrían.
La crisis del 2002 dejó bien en claro como falló la información y, además, que el Banco Central como entidad rectora de la actividad, no cumple con su esencial función de «policía financiera». Lo que estaba ocurriendo en el Banco Comercial – que ahora se sabe que era manejado por una entidad ilegal, que además tenía enormes deudas con la DGI (50 millones de dólares, dijo el ex ministro Isaac Alfil), es un ejemplo de ello. Situación que no tiene explicación alguna, solo que el gobierno de la época hizo deliberadamente la «vista gorda» en una especie de acción con el fin de proteger a malos banqueros, verdaderos delincuentes de cuello blanco, que le han hecho tanto mal a la economía del país.
En pleno 2002, son también elementos de suma claridad, los que surgen de las situaciones vividas con el Banco de Galicia, amparado por un secreto insólito, en el que se trató de negar hasta que estaba siendo el centro de una enorme corrida. ¿Y lo ocurrido en el Banco de Crédito?; quizás uno de los peor gestionados del sector, en el cual las carteras pesadas, muchas de ellas incobrables, fueron entregadas con generosidad insólita y, en muchos casos, sin las garantías necesarias.
Podríamos continuar con ejemplos de deficiencias del sistema financiero y de contravenciones a las normas banco centralistas por parte de entidades que no podrían haber seguido funcionando porque, sencillamente, no tenían el capital suficiente para devolver los depósitos que la gente les había confiado.
Ahora se produce otra crisis financiera, en este caso con la suspensión de COFAC, un banco cooperativo en que comenzó a fallar la ecuación fundamental para el funcionamiento de una entidad financiera. Sin duda, dada la red de sucursales en todo el país, es el banco privado de mayor importancia a nivel nacional y, además, que además bancarizó los ahorros de sectores populares, de clase media, que entendieron que allí aseguraban su dinero.
No es necesario que digamos que estaríamos muy lejos de cuestionar a los directivos de COFAC de acciones indebidas. Evidentemente es una entidad que creció, multiplicó sus negocios y, jaqueada por una cartera pesada, comenzó a vivir una etapa de creciente iliquidez que culminó con la acción adoptada por el Banco Central. ¿Fue la incipiente corrida del jueves pasado la que precipitó el desenlace? Creemos que no, porque además la realidad demuestra otra cosa. Más allá de las deficiencias anteriores que señalamos sobre la tarea del Banco Central en esta ocasión se aplicó un correctivo a una situación insostenible.
Por supuesto que se debe resolver la situación de forma positiva. Ya hablamos de la importancia de COFAC, que es una entidad cooperativa que no tiene, por razones estatutarias, un fin lucrativo en si mismo. Es un necesario intermediador financiero entre sectores de la clase media – lo que se verifica claramente por el monto de la mayoría de los depósitos -, lo que determina que la liquidez se de la cooperativa se deba reponer para que su funcionamiento sea viable.
La caída definitiva de COFAC sería una catástrofe, pues en el país no existe una institución de esta característica y volumen que la pueda suplir sirviendo a la pequeña empresa, atrayendo a los pequeños ahorristas.
Claro está. En todo lo que ahora ocurre y que se ha convertido en un drama para los miles y miles de ahorristas, en un trastorno para los trabajadores y jubilados que cobraban allí sus sueldos y pasividades, tiene otro componente. Se trata de la salida del mercado de otra institución financiera enteramente nacional y, por la falta de confianza que esta suspensión genera, determina un afianzamiento de la banca extranjera que cada día absorbe más el ahorro de los uruguayos. Ese hecho fue determinante, sin duda, de la suspicaz afirmación de Ramos sobre el origen de la «corrida».
Todos los elementos coinciden para que seamos optimistas. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ha dicho además, que si la entidad adopta las medidas adecuadas para convertirse en viable, a través de la Corporación Internacional de Inversiones se aportaría el capital necesario para que COFAC siga funcionando. En el mismo sentido confluye la decisión del sindicato (AEBU) de aceptar una reducción de 570 mil dólares de la masa salarial.
Habrá también medidas legislativas y, por supuesto, la puesta en marcha del seguro de los depósitos, mecanismo por el cual se da garantía a los ahorristas de que su dinero no desaparecerá, como ocurriera anteriormente en zonas liberadas de normas bancarias (paraísos fiscales), en donde impere el «secreto», como se pretendió – y algunos todavía pretenden – que sea el papel de Uruguay en esta parte del continente.
Creo que nos hemos ido por las ramas. Queríamos hablar enteramente de las políticas comunicacionales que debieran mantener los organismos del Estado, sosteniendo que si el Banco Central hubiera actuado con transparencia, informando de cada uno de los detalles e la situación de las entidades financieras, la realidad de hoy sería distinta y, además, no perjudicaría a tantos uruguayos. La suspensión de COFAC, por supuesto determina en su reapertura una nueva realidad. Como elemento intangible que afectará a la cooperativa, está la confianza que sobre ella mantendrán (o perderán) sus clientes.
Como elementos positivos se verifican las medidas impulsadas por el nuevo gobierno, como la puesta en marcha del seguro de depósitos, una necesidad que eventualmente cambiará de rumbo la desconfianza de muchas personas que prefieren mantener sus ahorros fuera de la actividad bancaria.
Y, además – en una peregrina idea que nos invade – se pondrá en marcha un análisis en profundidad sobre la acción comunicacional de los organismos del Estado, como el Banco Central, que debería haber dado cuenta día a día, paso a paso, de la situación de cada empresa financiera.
Ello les serviría a todos. Solo algunos potenciales delincuentes podrán sostener que es negativo que la gente conozca la realidad.
Las opciones de cada uno solo pueden sustentarse en el conocimiento más estricto de la realidad.
(*) Periodista.