A pocos días de que la Asamblea General de la ONU inicie su 61º período de sesiones, las discusiones sobre la estructura del organismo recorren el escenario internacional. Entre los días 17 y 28 de de septiembre comenzará el debate general del 61º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). […]
A pocos días de que la Asamblea General de la ONU inicie su 61º período de sesiones, las discusiones sobre la estructura del organismo recorren el escenario internacional. Entre los días 17 y 28 de de septiembre comenzará el debate general del 61º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). En este marco, los conflictos en Medio Oriente adquieren vital importancia. La crisis en Palestina, la indefinición del bloqueo israelí al Líbano, las tensiones por el enriquecimiento de uranio en Irán y una latente sanción a Corea del Norte por el lanzamiento de misiles en julio pasado, son algunas de las piedras que tienen en los zapatos los miembros más influyentes del Consejo de Seguridad, principal organismo de la ONU.
Circula entre varios especialistas y diplomáticos la propuesta de que una reforma al interior del Consejo resulta indispensable para generar una mayor representatividad de países y regiones, como África y las naciones de la Liga Árabe, y una participación igualitaria en la resolución de conflictos mundiales.
Pero no solamente debe entenderse como una idea trillada. La crudeza de los acontecimientos bélicos y el no acatamiento de las resoluciones emanadas por el Consejo de Seguridad, demuestran que algo no funciona bien en su interior. Los enfrentamientos llevados a cabo durante la guerra en El Líbano hablan por si solos.
Previamente al inicio de la guerra, en la frontera sur de ese país, se encontraba desplegada la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (Finul) la cual no sirvió de nada a la hora de prevenir la catástrofe que vino después. Asimismo se logró observar la debilidad e indecisión del Consejo de Seguridad, durante el transcurso del conflicto bélico. La oposición de Estados Unidos y Gran Bretaña, dos de los cinco miembros permanentes del consejo – además de China, Francia y la Federación Rusa- a las resoluciones que obligaban el retiro de las tropas israelíes del territorio libanés, fue uno de los principales obstáculos en las negociaciones por la paz. El sustento de esta postura fue, según declaraciones de George W. Bush durante las primeras discusiones acerca de este conflicto, que Israel tenía todo el derecho de defenderse al ver damnificados sus derechos por la captura de soldados, en manos de Hezbollah.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, afirmó días atrás en Egipto, no querer crear «falsas expectativas», respecto de la resolución de las tensiones entre Líbano e Israel, y que espera que «en las próximas 48 horas tengamos noticias constructivas y positivas sobre este tema». Sin embargo estos graves acontecimientos internacionales remiten, no solo a una inoperancia en la emisión de resoluciones tendientes a solucionar conflictos, sino a una falta de apoyo y efectividad en la aplicación de estas sanciones que los miembros del Consejo, afirman deben aplicarse.
Es decir, luego de un breve recorrido por el actual escenario internacional, resulta evidente que una reforma al interior del Consejo de Seguridad resulta indispensable. Si bien la ONU está constituida por 191 estados, existen 76 países que nunca han sido elegidos como miembros del Consejo de Seguridad.
Estos planteos salieron a la luz durante la Asamblea General de la ONU llevada a cabo en julio de 2005. Allí el G4 (grupo de países compuesto por Brasil, India, Alemania y Japón) postuló la creación de seis nuevos miembros permanentes y cuatro puestos rotativos, pero su principal objetivo era que uno de los cuatro logre un puesto permanente en el Consejo. Japón y Alemania sustentan su accionar en el hecho de que ambas naciones constituyen el segundo y tercer mayor contribuidor al presupuesto de la ONU. «No es adecuado que se tomen decisiones sin contar con los principales contribuyentes», declaró por entonces el embajador de Japón, Ken Simanouchi.
Sin embargo, esta propuesta fue criticada por un grupo llamado «Unidos para el consenso», entre los cuales estaban naciones como Argentina, México, Italia, España y Paquistán, quienes promovieron su propia reforma al Consejo de Seguridad, mediante la utilización de un consenso: la creación de diez nuevos puestos rotativos agrupados por regiones y la posibilidad de que estos puedan ser reelegidos luego de finalizar sus períodos de dos años.
A favor de este proyecto, el embajador de Paquistán ante la ONU, Muni Akram, denunció que la propuesta presentada por Brasil sólo aumentaría las divisiones entre los países miembros permanentes y los 180 países que se postulan actualmente a los puestos rotativos. En este mismo sentido, el embajador del mismo país en Madrid, Hasan Sarmad, declaró que quiere un Consejo de Seguridad «más representativo y democrático» y que «las desigualdades actuales» provocadas por el hecho de que haya cinco miembros permanentes «no deben reforzarse dando privilegios a determinados países o grupos».
Por su parte, el embajador de Italia, Amadeo de Franchis, declaró a Europa Press que la distribución que plantean sería «seis para África, cinco para Asia, cuatro para Latinoamérica y el Caribe, tres para Europa Occidental y otros países, y dos para Europa Oriental». En su opinión, esta propuesta «no conlleva discriminación y todos los países podrán optar a ser elegidos y reelegidos» en sus respectivas regiones. Además, al tratarse de un «proyecto incluyente y sin miembros privilegiados» permitirá que los países pequeños y medianos tengan más posibilidades de entrar en el Consejo de Seguridad, aseguró de Franchis.
En relación a esto, el estado de México elaboró, ya en el 57º período de la Asamblea General de la ONU, una serie de propuestas que hoy adquieren quizás, una gran vigencia. Por un lado, los representantes mexicanos afirmaban que se debería buscar un Consejo más representativo, más transparente y más democrático, capaz de hacer frente con eficacia a los desafíos de esta era. Además, sostenían que la búsqueda de un aumento en la categoría de miembros permanentes sólo acentuaría las desigualdades e incrementaría el número de miembros del «club de privilegiados» integrado hasta ahora por los cinco miembros permanentes.
En concordancia con estas propuestas, y la Unión Africana introdujo formalmente una propuesta, donde pide expandir el Consejo y darle seis nuevos miembros permanentes. Dos de ellos serían países africanos.
Por su parte, el presidente venezolano, Hugo Chávez, viene recolectando adeptos para postularse como representante de América Latina en el Consejo de Seguridad. Hasta el momento, Siria, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, los países de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom), Rusia, China e Irán, entre otros, dieron su apoyo para esta candidatura. Esta construcción de alianzas resulta un claro símbolo de la búsqueda de una estrategia alternativa al modelo predominante y unilateral que propugnan Estados Unidos y Gran Bretaña.
Su principal contrincante es Guatemala país que, además de contar con el apoyo estratégico de la Casa Blanca, otros países le dieron sustento: México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Colombia.
Si bien la cuestión de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad, y del aumento del número de sus miembros, es un tema establecido y que va a ser tenido en cuenta en las próximas discusiones, esta reforma se llevará a cabo sin elevar el número de países con derecho a veto. Esta posibilidad propia de los cinco miembros permanentes, es la que viene generando más controversia, sobre todo después de las últimas decisiones norteamericanas que, a las claras, favorecieron el transcurrir de la guerra del Líbano.
Según aseguró el embajador venezolano, Francisco Arias Cárdenas, en la Asamblea General de la ONU en julio de este año, «en el proceso de democratización de las Naciones Unidas, para Venezuela es indispensable la eliminación del derecho de veto. En relación con este tema, esperamos con gran interés los resultados de las consultas y diálogos que están teniendo lugar entre el G-4 y los países hermanos africanos.»
La propuesta de que los nuevos integrantes permanentes no tuvieran derecho a veto fue duramente criticada también por el diplomático italiano De Franchis, quien consideró que con esta propuesta se crearían «tres clases de países» dentro del Consejo: los permanentes con derecho de veto, los permanentes sin derecho de veto y los no permanentes», y «no creo -añadió- que países como España, Italia o Argentina puedan aceptar ser de tercera clase».
Otro de los puntos controversiales en estas discusiones es la apelación en las resoluciones al Capítulo VII de la Carta de la ONU, que establece la posibilidad de acción en caso de amenazas a la paz o actos de agresión. Si bien este apartado está pensado para ser utilizado en casos extremos, muchos sectores, fundamentalmente los proárabes, consideran que existe un abuso de la apelación a este recurso. «Se ha observado que el Consejo recurre cada vez más al Capítulo VII de la Carta, como un paraguas para abordar temas que no necesariamente implican una amenaza inmediata a la paz y la seguridad internacionales. El Capítulo VII debería ser sólo invocado como último recurso» aseguró el embajador Arias Cárdenas.
Todas estas discusiones dan cuenta de una transformación en la escena internacional. Las alianzas comienzan a reconfigurarse, a partir de la agrupación de perfiles estratégicos y económicos congruentes. Las radicalidades emergen en las propuestas y acciones de países que ven su oportunidad de hacer valer sus intereses frente al debilitamiento -aun incipiente- del país del norte, imbuido en un mesianismo ridículo y violento. Es a partir de este proceso, que los conflictos y tensiones que vuelven necesaria una reforma al interior del Consejo de Seguridad, son una muestra de cómo actores mundiales van adquiriendo fuerza y poder de influencia, con un futuro aún incierto.