La suspensión del estado de emergencia decretado una semana atrás posibilitó un acuerdo entre el Gobierno, las petroleras y los pobladores que levantaron el paro comenzado el domingo 14 de agosto en las provincias ecuatorianas de Sucumbíos y Orellana. El acuerdo firmado entre las petroleras, el Gobierno y los pobladores de estas regiones establece que […]
La suspensión del estado de emergencia decretado una semana atrás posibilitó un acuerdo entre el Gobierno, las petroleras y los pobladores que levantaron el paro comenzado el domingo 14 de agosto en las provincias ecuatorianas de Sucumbíos y Orellana.
El acuerdo firmado entre las petroleras, el Gobierno y los pobladores de estas regiones establece que las empresas privadas de crudo entregarán a las provincias el 16 por ciento del 25 que pagan por impuesto sobre la renta y asfaltarán 260 kilómetros de carreteras en la región.
Además, y en respuesta de las exigencias de los pobladores, las empresas petroleras asumieron el compromiso de contratar mano de obra, bienes y servicios de la región donde operan.
Sin embargo, el acuerdo no dice nada de las peticiones de los pobladores que reclamaba que ni las empresas ni el Ejecutivo emprendan acciones legales contra los dirigentes de la huelga, iniciada el pasado día 15, por los daños a instalaciones de crudo, el mismo día que más de cien manifestantes fueron detenidos y luego torturados.
El ministro de Gobierno Mauricio Gándara, fue uno de los que firmó el documento junto con los prefectos de Sucumbíos y Orellana, Guillermo Muñoz y Guadalupe Ll! ori, respectivamente, y representantes de las compañías privadas de petroleras.
Según los últimos cálculos oficiales, luego del paro iniciado por los pobladores el domingo 14 de agosto, las pérdidas ocasionadas a las empresas transnacionales y al Gobierno, ascendieron a 280 millones de dólares.