Como muestra de la insólita aplicación de la justicia en Honduras, el Juzgado de la ciudad de Tela, citó a a la comunidad garifuna de Barra Vieja para los días 11,12 y 13 del presente, acusada de ser invasora de un terreno que forma parte del territorio ancestral de nuestro pueblo En el año 2007, […]
Como muestra de la insólita aplicación de la justicia en Honduras, el Juzgado de la ciudad de Tela, citó a a la comunidad garifuna de Barra Vieja para los días 11,12 y 13 del presente, acusada de ser invasora de un terreno que forma parte del territorio ancestral de nuestro pueblo
En el año 2007, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) interpuso a través de la Empresa Nacional Portuaria (EPN) una denuncia ante la Fiscalía de Tela, por la supuesta usurpación de tierras estatales, las cuales no podrían ser afectadas para otros fines, por tratarse de un proyecto de interés nacional.
El IHT hace referencia al proyecto de turismo conocido como Indura Beach, el que es el instigador de los desalojos perpetradas en el año 2014. Para el 13 de junio de ese año, la Corte de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, emitió una orden de desalojo, la cual se llevó a efecto el 6 de agosto. Posteriormente el 22 de septiembre el juez accedió a una nueva solicitud desalojo, dándose un conato de desalojo el 29 de septiembre, el cual se repitió el día 30.
La población de Barra Vieja retornó de nuevo a sus moradas, y se encuentra ocupando una vez más el territorio ancestral. Sin embargo, recibieron un requerimientos para presentarse al juzgado de la ciudad de Tela, acusados de usurpadores de un territorio que ha sido utilizado por los gar í funas desde el año1885, cuando fueron presionados por empresas bananeras a relocalizar en otros parajes de la bahía la población garífuna d el antiguo Triunfo de la Cruz, apoderándose las compañías fruteras del lugar conocido actualmente como la ciudad de Tela.
El caso de Barra Vieja es una violación del Convenio 169 de la OIT y Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, además de infringir el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos humanos.
Existe una enorme jurisprudencia del sistema Interamericano de Justicia que reafirma el derecho de los pueblos indígenas a su territorio ancestral. Desde la sentencia Awas Tigni vrs Nicaragua hasta la del pueblo Saramaka versus Surinam, ha quedado señalado la importancia del reconocimiento de los estados -nación a los derechos de los pueblos sobre sus territorios ancestrales.
El día de ayer, alrededor de 400 personas hicieron presencia en una audiencia efectuada en el antiguo edifico de la Empresa Nacional Portuaria, donde se les acusó de usurpación.
Desafortunadamente el juzgado de Tela, parece ser que son más proclives a los intereses de la élite de poder que ceñirse al derecho, y han demostrado hasta la saciedad desconocer los convenios y declaraciones internacionales emitidas a favor de derechos de los pueblos indígenas.
Para los garífunas de Barra vieja, su territorio ancestral no es una dádiva, existe una relación intima con el territorio que ocupan. Para ellos la conexión con la madre tierra va más allá de un simple lucrativo negocio, como pretenden los socios del proyecto turístico Indura Beach, los cuales para la construcción del campo de golf, no vacilaron en rellenar 80 hectáreas de la laguna de Micos, humedal supuestamente protegido por la Convención RAMSAR.
Los directivos del Indura Beach forman parte del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) y algunos sus distinguidos miembros promovieron y participaron en el golpe de estado del año 2009.
Para el Indura Beach, el territorio ocupado por Barra Vieja es un objetivo, ya que plantean la ampliación del proyecto, y de esta forma logran deshacerse de sus vecinos considerados indeseables.
Honduras a partir del golpe de estado ha visto decaer la aplicación de justicia, ante la politización de la misma. El golpe perpetrado a la Corte Constitucional por el Congreso Nacional en diciembre del año 2012, ha dado lugar a una serie de desatinos jurídicos que colocan en entredicho el estado de ley.
Para la comunidad garífuna de Barra Vieja, la sentencia ya está dada, teniendo en cuenta el panorama político del país y la tendencia a la prevaricación que han demostrado los jueces de Tela.