Los desastres provocados por las intensas lluvias en América del Sur encendieron la alarma en América Central, cuya extrema vulnerabilidad ya quedó al descubierto por eventos naturales como los ciclones Mitch, Stan y Agatha. «Necesitamos todo un esfuerzo para prevenir las tragedias y una respuesta más de fondo al problema de la vivienda», dijo a […]
Los desastres provocados por las intensas lluvias en América del Sur encendieron la alarma en América Central, cuya extrema vulnerabilidad ya quedó al descubierto por eventos naturales como los ciclones Mitch, Stan y Agatha.
«Necesitamos todo un esfuerzo para prevenir las tragedias y una respuesta más de fondo al problema de la vivienda», dijo a IPS Roly Escobar, del no gubernamental Movimiento de Pobladores de Guatemala, una agrupación que vela por el derecho a una vivienda digna.
Este grupo indicó que en este país, con 14 millones de habitantes, más de 800.000 familias viven en 578 asentamientos irregulares, 145 de los cuales se encuentran en lugares de riesgo tales como laderas, barrancos o a la orilla de ríos y por tanto expuestos a las inundaciones.
«Por ejemplo, en los asentamientos Santa Faz y Chinautla, de la capital guatemalteca, el suelo es muy arenoso, entonces la lluvia lo socaba y el terreno se desploma», relató Escobar.
Algo semejante ocurrió el 11 de este mes en Río de Janeiro, donde las fuertes lluvias provocaron grandes deslaves que arrastraron favelas (barrios hacinados) enteras, lo cual desató una discusión por la ausencia de planes de emergencia y de ordenamiento territorial.
Hasta ahora, más de 800 personas han muerto y más de 30.000 han resultado damnificadas, producto de ese desastre.
La lluvia también provocó deslizamientos, derrumbes y cuantiosos daños en Colombia y Venezuela a fines del año pasado, con un saldo de más de 2,5 millones de personas afectadas.
Esta situación no es ajena a América Central, donde los ciclones Match, en 1998, Stan, en 2005, y Agatha, en 2010, y una persistente sequía en 2009 dejaron miles de afectados e incontables daños a la infraestructura y agricultura, principalmente en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.
América Central, conformada por Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala, es una región catalogada de alto riesgo por su geografía colmada de montañas, ríos, volcanes y fallas geológicas, así como por sus altos índices de pobreza.
De hecho, Honduras y Nicaragua se ubican entre los primeros 10 países más afectados en el mundo por los desastres naturales alentados por el cambio climático, según datos oficiales.
Ambos ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente, entre los 194 países ubicados en la escala de mayor a menor elaborada por la organización no gubernamental alemana Germanwatch, según la proporción de daños causados por desastres naturales de 1990 a 2008.
El Salvador no se queda atrás. «El 87,7 por ciento del territorio es vulnerable a desastres naturales y 95 por ciento de la población es vulnerable a sufrir las consecuencias», según un estudio del Equipo de Naciones Unidas de Coordinación y Evaluación de Desastres, (Uundac) de abril de 2010.
David Vásquez, de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos de El Salvador, dijo a IPS que ante los desastres ocurridos en la región y en otros países de América Latina «se debe reconocer las causas y consecuencias de la vulnerabilidad de nuestra población y territorio para tomar de inmediato las medidas para revertirla».
El experto consideró que la protección ambiental, el ordenamiento territorial y la inversión en medios de vida sostenibles «son fundamentales para mejorar las condiciones de la población para que no sigamos siendo víctimas de desastres una y otra vez».
Y es que ningún país de América Central cuenta con una ley de Ordenamiento Territorial, que evite la construcción de viviendas en lugares riesgosos.
Una norma de ese tipo se ha discutido por más de cinco años, pero «no se aprueba porque la gremial de las empresas constructoras y el sector financiero se han opuesto», indicó a IPS Ángel Ibarra, de la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña.
«Sería necesaria y trascendental en la gestión correctiva y prospectiva de los riesgos de desastres y sin una ley así no podemos superar la visión reactiva que predomina en este gobierno», precisó este activista.
No obstante, reconoció algunos cambios positivos en la atención gubernamental de este tema como mejoras en la información sobre amenazas naturales y en la capacidad de respuesta y presupuesto.
El geólogo costarricense Sergio Mora, quien ha trabajado en gestión de riesgos en Nicaragua, Costa Rica, Yemen y Haití, comentó a IPS que, a pesar de la vulnerabilidad de la región, «la gestión de riesgo sigue siendo vista como un costo, no como una inversión» cuando «debería implantarse como una política de Estado».
«Es más beneficioso, electoralmente, salir en una foto repartiendo bolsas con comida a los damnificados que firmando una ley para hacer obligatoria la aplicación de un código de construcción o de un plan de acción para el ordenamiento territorial», explicó.
Mora cree que los últimos eventos meteorológicos en la región han empujado acciones para enfrentar mejor los desastres. «Pero el esfuerzo se ha concentrado en la reacción y no en la prevención», dijo.
Un paso clave en la gestión de desastres para la región fue la aprobación de la llamada Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos en 2010, la cual aborda temas como ambiente y cambio climático, gestión territorial y de desastres y otros.
Juan Pablo Ligaría, del organismo intergubernamental Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central, con sede en Guatemala, dijo a IPS que este instrumento «es reflejado en las políticas de gestión de riesgos de los países de la región» y representa «un cambio de enfoque en la reducción de riesgos».