El ajuste económico a inicios de los años 90s abrió el sector eléctrico al capital privado. La Ley Marco del Sub-sector Eléctrico aprobada en noviembre de 1994 tuvo como objetivo fundamental regular las actividades de generación, trasmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, para lo cual se dio vida al gabinete energético para formular […]
El ajuste económico a inicios de los años 90s abrió el sector eléctrico al capital privado. La Ley Marco del Sub-sector Eléctrico aprobada en noviembre de 1994 tuvo como objetivo fundamental regular las actividades de generación, trasmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, para lo cual se dio vida al gabinete energético para formular y evaluar las políticas del sector. ¿Nunca se formuló una política de Estado de largo plazo? Igual se crea la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) que no se supo cuál era su verdadera función, ya que sus actuaciones eran de oficina de trámites de contratos de energía para los operadores privados y la actualización de las tarifas.
En octubre de 2007, al capturarse la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) por grupos y poderes fácticos representados por un oligopolio de generación de energía térmica, el gobierno de Zelaya Rosales aprobó la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, que facilitó la proliferación de proyectos de inversión que, para su ejecución, debía secuestrarse a los ríos, micro cuentas y cuencas del país, así como a los pobladores. La Ley de Producción y Consumo de Biocombustibles le siguió, pero el resultado más visible es la presión desmedida por la tierra agrícola y la expulsión de campesinos productores de alimentos, frente a la siembra de palma africana, cacao y el azúcar.
Los mismos empresarios de las empresas térmicas capturaron la mayor parte de estas iniciativas de inversión, sumándose políticos de turno; el caso de la energía eólica y solar observa una mayor partición de capital privado externo. Sin embargo los costos sociales, ambientales y las violaciones de los derechos humanos han sido demasiado altos para el país, aunque todavía, como era de esperarse, la dependencia de la energía térmica sigue siendo mayor.
El asalto a la ENEE ha sido salpicado por actos de corrupción, acompañado de una politización y mala gestión técnica y financiera. En el gobierno de Zelaya Rosales hubo más de cuatro gerentes de la ENEE, incluyéndose él mismo. Las pérdidas de la ENEE representaban el 25% por no facturación, que significaba unos 200 millones de dólares anuales; los grandes morosos no se tocaron ya que incluía connotados líderes empresariales y políticos, y las pérdidas por concepto de un subsidio generalizado superaron los 3 mil millones de lempiras, pero además se otorgó dicho beneficio a consumidores de hasta 300 kilovatios.
El golpe de Estado profundizó la crisis de la ENEE ya que se autorizó la ejecución de proyectos hidroeléctricos en áreas de bosques protegidos, modificó la formula de importación de combustibles y se otorgaron licencias ambientales para proyectos de energía renovable como si fueran cupones de comida para indigentes. El balance de la empresa de la ENEE arrojó un déficit de cerca de 3 mil millones de lempitas al 31 de diciembre de 2009.
El gobierno del Humanismo Cristiano (2014-2013) no se quedó atrás; politizó la ENEE, las pérdidas crecieron, la mora aumentó y se observó un mayor drenaje de recursos del fisco para cubrir los déficits operaciones. Se ensayaron varias alternativas, desde la creación de una junta interventora hasta el ofrecimiento de los empleados de la empresa eléctrica colombiana para capitalizar la ENEE, siempre y cuando se tuviera el 51% de las acciones de capital, lo cual no se aceptó.
La alternativa aprobada por el Congreso de la República en el marco de las Alianzas Público-Privadas, que a juicio del presidente del Sindicato de la empresa Miguel Aguilar, fue para favorecer a los Bancos del Sistema opuestos a la propuesta de los colombianos, es la operatizacion de tres fideicomisos para el rescate financiero de la empresa. Un fideicomiso con el Banco Atlántida para recuperar pérdidas en el área de despacho y trasmisión; un fideicomiso con Ficohsa para pérdidas en distribución y flujo financiero y otro, de menor cuantía, con el Banco Continental por iluminación pública; ya no habrá una ENEE, sino que tres (3) unidades empresariales operando bajo un esquema distinto.
El problema con estos fideicomisos es que marchan a «paso de tortuga» ya que tienen más de un año de haber sido autorizados por el gobierno sin que estén debidamente conformados, en el entendido que solo recuperan ingresos pero no invierten capital ¿del mismo cuero las correas?. En el caso particular de los fideicomisos con Banco Atlántida y Ficohsa, el FMI espera que se avance ya que no puede aprobar una Carta de Intenciones sin tener claridad de cómo se recuperan dichas pérdidas y los aportes de capital (inversiones) fresco por el operador privado internacional a contratar; más de algún banco está pensando en una figura donde el operador no invierta y solo cobre a los contribuyentes comerciales, dejando un porcentaje para los gastos y sus beneficios.
El presidente del BCH ha expresado que la solución de la crisis financiera de la ENEE contempla varias intervenciones: a) reducción de las pérdidas que representan un 32%, a razón de una pérdida de 1 millón de dólares diarios ¿Unos 7,000 millones de lempiras al año?, aspirando a una reducción gradual máxima de cerca de 23% al finalizar el gobierno; b) la reingeniería institucional que permita sanear la empresa y mejorar la gestión administrativa y técnica, pero eliminando también el paracaidismo político y la burocracia de cuello blanco; c) renegociación de los contratos con las empresas térmicas con una deuda de 320 millones de dólares ¿revisar los costos fijos caso por caso, tiempos de pago, el calculo del costo marginal, colocación de bonos para pagar deudas viejas?; d) focalización de los subsidios ¿ pagarán más los indigentes ya que en actualidad el subsidio se redujo a los que consumen menos de 50 kilovatios; f) ajuste de tarifas.
Sobre esto último, ya se habla de un ajuste de 10% de la factura de energía, que representa ingresos adicionales al fisco de 2,000 millones de lempiras al año. Ha sido rechazado por la colectividad nacional incluyendo a los empresarios y el colegio de economistas. Para los miembros del Sindicato de la ENEE, el ajuste de las tarifas sería mayor por cuanto es la única manera para que los bancos y operadores privados cubran los costos reales de operación y recuperen su inversión
El presidente del BCH considera que el ajuste de tarifas es la última opción, pero deducimos que si no se logra firmar con el FMI será la primera opción. Tanto la recuperación de perdidas como la reingienria institucional llevan tiempo, como también es evidente que el ahorro por focalización de subsidios no será significativo y puede más bien afectar a un grupo poblacional vulnerable. El drenaje de recursos que causa la situación financiera de la ENEE es diario, por lo que es de esperar que se ajusten las tarifas de inmediato en tanto la ENEE opera con costos por debajo del costo real. El ajuste de tarifas fue una de las recomendaciones del FMI en 2010, que sirve de justificación para exigir de nuevo su cumplimiento.
Es poco probable que los diez (10) trancazos económicos que ha sufrido el pueblo hondureño después del golpe de Estado, sea un factor que pueda utilizarse para que el trancazo eléctrico no forme parte de la condicionalidad exigida por el FMI, aunque un punto a favor es que el presidente de la Republica está en contra de cargar al pueblo con más impuestos.
Fuente: http://alainet.org/active/77420