Con motivo de la reciente celebración de la Conferencia de Naciones Unidas Río+20, el Grupo de Articulación de la Cumbre de los Pueblos que, en paralelo a esa conferencia, reunió a cientos de organizaciones sociales y a miles de hombres y mujeres de todo el mundo, emitió diferentes pronunciamientos. En uno de estos documentos denunciaba […]
Con motivo de la reciente celebración de la Conferencia de Naciones Unidas Río+20, el Grupo de Articulación de la Cumbre de los Pueblos que, en paralelo a esa conferencia, reunió a cientos de organizaciones sociales y a miles de hombres y mujeres de todo el mundo, emitió diferentes pronunciamientos. En uno de estos documentos denunciaba abiertamente que el fallido modelo económico «pretende someter todos los ciclos vitales de la naturaleza a las reglas del mercado y al dominio de la tecnología, la privatización y mercantilización de la naturaleza».
En esa misma línea, el capital transnacional español está tratando de reubicarse a través de sus empresas. Algunas de éstas, sobradamente conocidas y con una larga historia de denuncias sociales por violaciones a los derechos ambientales y humanos; otras más nuevas y que, sumándose a esta corriente en los tiempos de crisis, buscan ganar nuevos mercados y más beneficios. Y todas ellas alentadas, en esta carrera de expansión, por la clase política tradicional y los diferentes poderes institucionales del estado incluidos, en muchos casos, los autonómicos. También ambas inmersas en esa línea de mercantilización extrema de la naturaleza para la máxima obtención de beneficios al precio que sea, incluidos los derechos de las personas y de los pueblos. Veamos a continuación tres ejemplos que, como tales, no son excepciones sino, por el contrario, muestra de esta tónica dominante de distintos niveles de conflicto pero todos en la lógica de explotación de la naturaleza y de irrespeto a los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos.
Chile.
Caso Neltume Central Hidroeléctrica. La transnacional italo-española Enel-Endesa, pretende el vaciado parcial de un lago y la inundación de territorios sagrados mapuches. Esto traería consigo daños ambientales y sociales irreversibles, parejo al reasentamiento de comunidades indígenas tras la expulsión de sus tierras. Todo ello con la pretensión de construir una nueva central hidroeléctrica en uno de los territorios más castigados por este tipo de proyectos a lo largo de las últimas décadas: el llamado sur chileno que no es más que el territorio mapuche. Son sobradamente conocidos los casos, protagonizados también por Endesa, de la construcción de centrales hidroeléctricas en otros ríos andinos con proyectos como Ralco y Panque, conocidos posteriormente como «ecodesastres» por sus graves consecuencias medioambientales y sociales contra el territorio mapuche. Por supuesto todo esto se produce, entre otras, con una clara violación del derecho a la consulta, reconocido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, se utiliza la cooptación de líderes, el soborno y el hostigamiento a dirigentes y comunidades que están manifestando su oposición a esta nueva violación de sus derechos como pueblos que ocupan estos espacios desde hace miles de años.
Perú.
Recientemente Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), la organización representativa de los pueblos amazónicos de Perú, denunciaba una nueva intromisión y presiones a cargo de Repsol. En esta ocasión la situación se producía en el territorio awajun y shawi del departamento de Loreto. En este territorio se ubica el denominado lote petrolero 109, según concesión del gobierno peruano, realizada sin consulta alguna a la población. Repsol presiona constantemente a las comunidades para entrar a operar en estos territorios indígenas sin, como señalamos, autorización alguna de las comunidades. De las 42 comunidades afectadas, solamente una había aceptado este ingreso. Aidesep exige a Repsol el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos del área y al gobierno peruano, más cercano a los intereses de la transnacional española que de su propia población, instalar y desarrollar un dialogo para solucionar el conflicto antes de que se puedan producir consecuencias mayores y más graves.
Guatemala.
En este caso, la empresa agresora es Hidro Santa Cruz S.A., la cual es subsidiaria de la española Hidralia Energía, que tiene su sede central en A Coruña. En esta ocasión, el conflicto ha adquirido niveles realmente graves pues se han producido ya muertos y heridos, además del estado de sitio declarado por el gobierno guatemalteco.
Santa Cruz de Barillas es un municipio q’anjob’al del departamento de Huehuetenango y en él se enclava el territorio donde la transnacional gallega pretende construir una central hidroeléctrica. El 23 de junio del año 2007 se realizó una consulta comunitaria en la que más de 40.000 personas expresan su rechazo a las actividades mineras y en 2012 reiteran este repudio sumando su oposición a los posibles proyectos hidroeléctricos. Todo ello a pesar de presiones y amenazas continúas contra dirigentes y comunidades. El 1 de mayo de este mismo año la situación explota; en un atentado, es asesinado un comunario y otros dos son heridos. Ese hecho es respondido por la población con manifestaciones y su entrada en instalaciones militares, donde se habían refugiado los asesinos. El gobierno guatemalteco responde inmediatamente con la declaración del estado de sitio, que suspende las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y militariza la población durante varias semanas. Recientemente se ha detenido a dos empleados de seguridad de la empresa como presuntos autores materiales del atentado.
Como se puede observar en los tres casos brevemente citados, la tónica general es la entrada de empresas transnacionales españolas en territorios indígenas, sin consulta a las comunidades e irrespetando, en sus términos más suaves, sus derechos como personas y como pueblos a sus territorios y los derechos de la propia la naturaleza. Además, a estas acciones se suman normalmente las actuaciones de los gobiernos de turno que responden a dar protección jurídica y legal, así como las mejores condiciones a las empresas, en vez de a los legítimos dueños y dueñas de las tierras. Y si los métodos de cooptación, sobornos y otras formas de presión no son suficientes, se pasará entonces a otros como la militarización de los territorios, los procesos judiciales contra determinados liderazgos o los asesinatos con el objetivo de eliminar opositores y extender el terror entre la población.
Por esto, la contundente declaración al inicio de este texto del Grupo de Articulación de la Cumbre de los Pueblos no es sino la denuncia del objetivo del modelo neoliberal (sistema fallido) que trata ahora de reinstaurarse como dominante, en medio aún de la crisis estructural que padece. Y a ese proceso las transnacionales españolas también se están sumando. Para ello cuentan con el favor y respaldo de los poderes económicos, pero especialmente de gran parte de la clase política, escudándose en gran medida en la llamada crisis económico-financiera y la necesidad urgente de extender los mercados. Pero, esa salida de la crisis no puede serlo a costa también de los derechos económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales de otros pueblos; no puede reeditar los viejos procesos colonialistas en una simple y trágica repetición más de la historia.
Jesus González Pazos. Miembro de Mugarik Gabe y de la CODPI (Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas)
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