El 5 de febrero es para los peruanos una fecha de ingrato recuerdo. Nadie, en su sano juicio, la reivindica como una expresión positiva. Fue una explosión sediciosa que buscó minar al régimen progresista de Juan Velasco, orientada a restaurar el dominio oligárquico. Para el pueblo fue una fecha infausta, de destrucción y barbarie. Y […]
El 5 de febrero es para los peruanos una fecha de ingrato recuerdo. Nadie, en su sano juicio, la reivindica como una expresión positiva. Fue una explosión sediciosa que buscó minar al régimen progresista de Juan Velasco, orientada a restaurar el dominio oligárquico. Para el pueblo fue una fecha infausta, de destrucción y barbarie. Y para la clase dominante, un hito de vandalismo y saqueo que también la afectó. Ni siquiera los beneficiarios directos de aquellos sucesos, podrían hablar de una jornada de lucha democrática; ni la expresión sana de un pueblo empeñado en poner fin a una «dictadura».
Y es que ese día estuvo marcado por los actos más agresivos desatados por turbas enardecidas y descontroladas, que no hallaron nadie al frente. La huelga policial declarada desde horas antes había retirado todos los puestos de control y vigilancia de la ciudad, dejando sin funcionar incluso los semáforos.
Centenares de personas -en gran medida delincuentes y otros segmentos del lumpen- coordinadas y organizadas, salieron a la calle sabiendo que no encontrarían resistencia de ningún tipo, y premunidos de bidones de gasolina prendieron fuego a instalaciones del Centro Histórico y propiciaron saqueos que diezmaron almacenes y tiendas. Actuaron guiados por individuos en motocicletas lineales vestidos con indumentaria similar como una manera de identificarse entre sí. Eran los «Comandos de Acción» del APRA.
Adicionalmente esas huestes, atacaron sedes del gobierno y entidades militares, medios de comunicaciones y otras instituciones como una manera de afirmar su poderío, causando ingentes daños materiales y pérdida de vidas.
Los hechos comenzaron en las primeras horas del 5 de febrero de 1975 cuando efectivos de la Comandancia Central de Radio Patrulla, en La Victoria, se amotinaron protestando por la agresión de la que fuera objeto un policía por parte del Jefe de la Casa Militar del general Velasco. Para acabar con la protesta, el gobierno dispuso la ocupación militar de la instalación, que fue ocupada en la madrugada. Aunque luego se dijo que habían perdido allí la vida numerosos policías; la información era falsa. Nunca nadie dio a conocer la identidad de un solo policía que hubiese caído abatido en esas circunstancias.
Lo que sí ocurrió fue que los sublevados huyeron del edificio copado y se esparcieron por la ciudad abordando unidades de transporte público en los que algunos de ellos hicieron uso de la palabra asegurando que eran «sobrevivientes de una espantosa masacre». A continuación hablaron de los hechos magnificando las cosas, y generando un clima de zozobra y desconcierto. Al unísono, los Comandos del APRA se desplazaron por las principales avenidas de la ciudad, a partir de las 9 horas y generaron los desmanes que hoy aún la gente recuerda.
El gobierno de entonces fue sorprendido. Y no estaba en capacidad de entender lo que ocurría, ni hacerle frente. A las 7.30 de la mañana de ese día la CGTP planteó formalmente al gobierno la habilitación de vehículos para trasladar de las fábricas a 2,000 trabajadores que asumieran el control del centro histórico de la ciudad. El general Sala Orosco -quien recibió la propuesta- la descartó arguyendo que eso era crear «milicias populares» «guardia obrera», lo que estaba, por cierto, muy lejos de las miras del Ejecutivo.
Cuando casi tres horas después las bandas armadas incursionaron en las dependencias públicas para incendiarlas; el mismo general Sala llamó con insistencia a la CGTP pidiendo ayuda. El pedido llegó tarde, Antes que él, los obreros y periodistas de los diarios «Expreso» y «Extra» que estaban bajo su control, habían solicitado lo mismo, porque ya eran motivo de agresión, y un contingente de la CGTP acudió en su ayuda. La firmeza de los trabajadores de ambas publicaciones, y la presencia de los activistas del movimiento sindical, fue decisiva para que la turba soliviantada no lograra su propósito.
Adicionalmente, vándalos de similar procedencia se habían instalado en la Plaza Dos de Mayo, ante la sede de la Central Obrera, amenazando arrasar con ella. La resistencia de los trabajadores -la firme defensa de la Guardia Obrera- impidió que este hecho se concretara. Pero las amenazas se prolongaron desde las 10.30 de la mañana hasta casi las 2 de la tarde en medio de un clima de violencia no visto antes en la capital. Solo cuando a esa hora una columna de tanques de la División Blindaba de Lima procedente del Fuerte Rímac ingresó a la Plaza en medio del júbilo de los trabajadores, fue posible desbaratar definitivamente los planes sediciosos.
En total, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde se registró la muerte de 86 personas, la mayoría de las cuales fue abatida cuando participaba en actos de pillaje, saqueo y vandalismo. Sus nombres fueron publicados y sus restos entregados a sus familiares cuando eso fue preciso.
La fuerza del pueblo, la valentía de los trabajadores y la presencia de la Fuerza Armada desbarató esos planes sediciosos, que nunca más se repitieron en el escenario nacional.
La huelga policial de mayo de 1987, impecablemente dirigida por el sargento Celso Pastrana y sus colaboradores, se diferenció sustantivamente de la asonada del 75. En esa ocasión, los policías en lucha tomaron la VI Comisaría y otras dependencias en perfecto orden y sin violencia. Y salieron a la calle no con propósitos vandálicos sino en requerimiento legítimo de apoyo social. Ellos sí fueron abaleados en el gobierno aprista y en la Plaza Bolívar, ante el Congreso de la República cuando en compañía del Presidente del Senador Guillermo Larco Cox, y de la Cámara de Diputados, Luis Negreiros, a más de otros parlamentarios de distintas bancadas, se dirigían a Palacio de Gobierno en busca de una entrevista con el Jefe del Estado
Ese fue un Paro Policial. Pero no formó parte de conjura alguna, razón por la que no fue usado por nadie para fines sediciosos. Por eso se marcó también la diferencia de trato que recibieron los «jefes» del 75, del que sufrieron los del 87. Con Velasco, ni los Enciso, Gersi o García nunca fueron castigados, ni los policías identificados. Los del 87, con el gobierno del APRA, fueron perseguidos y encarcelados y se vieron forzados luego a buscar el asilo diplomático y el exilio para protegerse del Poder.
Hoy, el Paro fue alentado por el APRA con el apoyo vergonzante de los grandes medios de comunicación que se esforzaron en informar a la ciudadanía que «estaba confirmado el Paro policial del 5 de febrero». Ellos buscaron obsesivamente que, cuando menos un segmento de la policía en actividad se plegara para provocar miedo e inseguridad ciudadana y afirmar la idea que el gobierno «no controla nada». Insistieron incluso tomando como pretexto ridículo expresiones del Presidente Humala en torno a la corrupción policial y asegurando que ellas constituían una «afrenta» a la institución.
El clima que se generó en el país por el tema de La Haya conspiró contra dichos planes, pero ellos fueron desbaratados también por la ausencia de lideras reales en la institución policial, así como por el desprestigio galopante que ha generado la corrupción que la agobia a partir de las más recientes administraciones.
Paro policial, no hubo, entonces este 5 de febrero, con lo cual los planes sediciosos de la Mafia conocieron un nuevo descalabro. Pero sí quedó en evidencia el descontento que se vive en las esferas policiales, lo que dio lugar a una marcha de alrededor de 300 efectivos en retiro de la Guardia Civil y sus familiares, que presentaron un pliego de demandas de orden salarial y otros, plenamente justificado.
Es verdad que la institución policial atraviesa una de las crisis más severas de su historia. Fue corrompida por la Mafia y el APRA virtualmente desde sus raíces. Y por eso ejecuta acciones que la ciudadanía detesta, aunque no entienda necesariamente su origen, ni su esencia. Las rechaza igual.
El gobierno no encuentra un camino efectivo para superar estas dificultades. Ellas se mantendrán en la medida que subsistan los factores que las hacen posibles. Sólo cuando la seguridad ciudadana deje de estar en manos de diez mil policías y pase a ser tarea de 20 millones de peruanos, se tendrán los frutos esperados.
Pero ése es un paso revolucionario que éste gobierno no adoptará, como el de Velasco Alvarado no quiso asumir en 1975; por carecer de confianza real en la fuerza de un pueblo organizado. No obstante, como en otras ocasiones también en éste, un fracaso más si importa.
Gustavo Espinoza M. del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
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