Una persona muerta y 31 personas detenidas de forma ilegal, es el saldo de la represión ordenada por el gobierno de Reconciliación Nacional, que dirige Porfirio Lobo Sosa y ejecutada por policías y militares, según el Comité Para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras CODEH. Se trata de Efraín López, un vendedor de […]
Una persona muerta y 31 personas detenidas de forma ilegal, es el saldo de la represión ordenada por el gobierno de Reconciliación Nacional, que dirige Porfirio Lobo Sosa y ejecutada por policías y militares, según el Comité Para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras CODEH.
Se trata de Efraín López, un vendedor de lotería que se encontraba en el parque central de la ciudad de San Pedro Sula, al momento que la policía atacó de forma violenta a los miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, que disfrutaban de un concierto del grupo musical Café Guancasco.
La muerte de Efraín López ocurre a siete días de cumplirse un año de la muerte de Wendy Ávila, producto también de los gases lacrimógenos, lanzados por la policía y los militares en la sede de la embajada brasileña un día después del ingreso al país del Presidente Manuel Zelaya Rosales.
En la arremetida del miércoles, fueron detenidas 29 personas quienes fueron puestas en libertad en horas de la tarde, por un Juez Ejecutor nombrado por la Corte de Apelaciones de la ciudad al resolver un recurso de Habeas Corpus, mientras que tres menores de edad fueron detenidos en la ciudad de Choluteca de los que se desconoce su situación.
Se trata de José Luis Escoto Solano, (15) Giovanni Misael Paz Valladares (15), y José Moisés Padilla (16), aparentemente también hay personas de la Fuerza Universitaria Revolucionaria FUR.
El ataque con saña ha sido calificado por Pavel Núñez miembro del grupo musical como un ataque a la cultura, que refleja.
Represión brutal en San Pedro Sula.
«¿Cuál independencia?» es la pregunta que se hacen hoy los integrantes del grupo musical «Café Guancasco», que desarrollaba un concierto con motivo de las fiestas patrias, cuando fueron brutalmente reprimidos.
Según el relato de los integrantes del grupo musical, mientras ofrecían el concierto junto a miles de personas, entre las cuales había niños y niñas, acianos y ancianas, que disfrutaban de la presentación en forma pacífica, fueron atacados por policías y militares.
«A poco menos de 10 minutos de comenzada la función, los órganos represores atacaron directamente el espacio en donde nos encontrábamos, lanzando bombas lacrimógenas al escenario y a todo el perímetro en donde se desarrollaba la actividad, seguidamente rociaron con agua y gas todo el equipo de audio y los instrumentos, lanzando de la tarima y robando muchas partes del mismo».
La gente estaba en el parque central para un concierto de pronto la policía empezó arrojar bombas lacrimógenas, los jóvenes buscaron resguardarse en radio Uno y la policía arrojo gases lacrimógenos.
Después de la agresión, el grupo musical partidario de la Resistencia denuncia el robo y el daño de los equipos alquilados.
Le quiebran cuatro dientes a dirigente juvenil
Cuando los militares y policías empezaron la agresión, la gente no encontraba para donde escapar, muchos corrieron hasta las instalaciones de Radio Uno, pero hasta allí llegó la brutalidad de los represores.
Después de llenar de gases lacrimógenos las instalaciones de la Radio, fue sacado el dirigente juvenil de la organización Ja Ja, Ernesto Bardales, a quien le quebraron cuatro de sus dientes.
Agresión a Radio Uno
Radio Uno es una radioemisora propiedad de una cooperativa de comunicadores, que funciona como la única escuela de loción en el país que tiene medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
Para organismos de derechos humanos como el CODEH, la agresión es un acto que demuestra que el sistema bajo el que estamos viviendo es de irrespeto a la ley y de impunidad institucionalizada.
Por un lado hay un discurso supuestamente de paz, pero hay una práctica de agresión sistemática a los derechos humanos, señala Andrés Pavón.
Después del golpe de Estado, se reportan por miles las violaciones a derechos humanos, incluidos más de 160 personas asesinadas por los aparatos de seguridad del Estado y algunos grupos financiados por los empresarios, que cuentan con la aquiescencia del Estado.
Los periodistas también son victimas permanentes del golpismo en Honduras.