Honduras se apresta a través del Congreso Nacional a elegir una nueva Corte Suprema de Justicia conformada por quince magistrados electos por un periodo de siete años de una lista de cuarenta y cinco (45) candidatos presentados por una Junta Nominadora conformada para tales propósitos, y que es representativa de gremios, organizaciones de sociedad civil e instituciones.
Frente a lo que sucedió con la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia vigente, donde Juan Orlando Hernández (JOH) incidió en los diputados del Congreso Nacional para tener el control de la misma, con denuncias de compra de diputados al ofrecer hasta 10 millones de lempiras por voto, se espera que esta nueva Corte sea más independiente y conformada por los (as) mejores profesionales del derecho que fueron seleccionados después de un proceso detallado en la aplicación de pruebas de conocimientos, psicometrías, sumado a la investigación de sus actuaciones, patrimonio y relaciones de militancia con los partidos y dirigentes políticos.
Una crítica es que, tal como sucedió en elecciones pasadas, los que sacaron las menores calificaciones en el concurso convocado por la Junta Nominadora tienen las mismas posibilidades que aquellos que ocupan los primeros lugares en cuanto a puntaje. No obstante, las reglas así estaban establecidas y no puede alegarse desconocimiento por los afectados. La elección depende de los diputados y estos escogerán los que consideran más idóneos a los intereses políticos e ideológicos de los partidos políticos y dirigentes (¿unos les llaman dueños?), buscando sacar la lista por consenso.
El disenso entre diputados de los partidos políticos, viene por el número de magistrados que quiere cada uno de estos. Ha trascendido que, en el caso de Partido Libertad y Refundación (IBRE), que cuenta con la grande en el Congreso, exige tener ocho (8) diputados incluyendo la presidencia del Tribunal Supremo. Igual, el Partido Nacional exige cinco (5) magistrados y dos (2) diputados para el Partido Liberal. La bancada del Partido Nacional se opone a que LIBRE controlé la Corte Suprema por lo que solo debería tener siete magistrados a los sumo con la presidencia en poder de la oposición, incluyendo el partido “Salvador” de Honduras que participó en alianza con LIBRE en las elecciones pasadas, pero que ya cuenta con la presidencia del Congreso Nacional.
Todo parece indicar que la elección de los Magistrados de la Corte Suprema llevará más tiempo del previsto, e incluso puede concluir el 11 febrero de 2023 como fecha tope. Se ha logrado un consenso en el sentido que el voto para la elección sea público, por lo que la población estará pendiente de por quién vota cada diputado. En caso que no se logre el consenso, se contempla la repetición de cada votación hasta que se logre el número favorable de 86 diputados requeridos.
La Embajada americana, organizaciones de sociedad civil, empresariales, iglesias y medios de comunicación apuestan por una independencia de poderes, donde los Magistrados no reciban ordenes del poder Ejecutivo o Legislativo, ni de los dueños de los partidos, lo cual es difícil de lograr, aunque el trabajo realizado por la Junta Nominadora en la escogencia de los candidatos merece el reconocimiento nacional e internacional. Una consiga es: primero el partido político (estatutos e ideología) después el trabajo público. Los (as) que escojan cada partido por consenso, es porque son miembros de éste o simpatizantes y no podrán ir en contra de sus acuerdos políticos.
Una visión desde la economía, es que la elección de la Corte Suprema reviste especial importancia en la coyuntura actual de crisis económica que enfrenta el país, y los grandes problemas y brechas sociales manifiestas, entre las que destacan el alto nivel de subempleo, pobreza, baja producción alimentaria, hambre, deterioro ambiental y baja inversión y competitividad. A ello se suma las decisiones tomadas por la presidenta Xiomara Castro, donde la propia Embajada, empresarios y organizaciones sociales se han manifestado en contra, aun cuando son promesas de campaña por las cuales el pueblo votó.
La eliminación de la Ley de Empleo por Hora que precarizaba el trabajo, de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), promotoras de la venta del territorio y soberanía nacional, prohibición de la minería de cielo abierto, rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como patrimonio nacional, eliminación de los fideicomisos bancarios y regulación de las exoneraciones fiscales, procesos de rendición de contratos con la Empresa Energía Honduras (EEH) y Concesionaria Vial Honduras (COVI), son expresión de intereses económicos en juego. Aunque se necesita avanzar en la reglamentación de decisiones tomadas y decretos aprobados, las reglas cambian y no son las mismas que se aplaudían en el gobernó de JOH, incluso por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El argumento de los partidos de oposición, es que el control de Corte Suprema de Justicia por el partido LIBRE allana el camino para la convocatoria al pueblo a una Constituyente, paso fundamental para el cambio refundacional que ocupa el país. Es poco probable que un modelo de Socialismo Democrático tenga plena vigencia si la Corte Suprema camina en dirección contraria. En el recién pasado, el golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales fue legitimado por una resolución de dicha Corte, avalada por el Congreso de la Republica.
No obstante, se habla muy poco de una nueva Corte Suprema que en aras de garantizar la separación de poderes como principio democrático liberal, protección de los derechos de propiedad, inversiones y acuerdos de libre comercio, reviertan las disposiciones tomadas por el gobierno y poder legislativo, especialmente lo relacionado como la ley de empleo por hora, ZEDEs y los contratos de concesión a empresas extranjeras. Pero también debe preocupar una Corte a la medida de narcotraficantes y saqueadores del fisco, violaciones de los derechos humanos e impunidad y la destrucción de hábitat naturales de las comunidades y pueblos originarios.
Aunque no siempre fue así, el partido que ganó las elecciones (solo o en alianzas) debería tener la presidencia de la Corte Suprema. Donde hay consenso en que una mujer sea la presidenta de dicho órgano de Justicia.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.