Menos de 24 horas después de ser el único país sudamericano que no accediera a la ronda de octavos de final en la Copa Mundial de Fútbol 2014 en Brasil, Ecuador -secundado por Sudáfrica- se anotó un «maracanazo» diplomático al verse aprobada, en el marco del 26º Período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos […]
Menos de 24 horas después de ser el único país sudamericano que no accediera a la ronda de octavos de final en la Copa Mundial de Fútbol 2014 en Brasil, Ecuador -secundado por Sudáfrica- se anotó un «maracanazo» diplomático al verse aprobada, en el marco del 26º Período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la creación de un grupo intergubernamental que elaborará una propuesta de tratado vinculante que obligue a las empresas trasnacionales (ETN) al cumplimiento de los principios Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales en los países en que radiquen sus inversiones.
La decisión, que contó con la férrea oposición de los países o regiones con mayor presencia de ETN -Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE) en primer término- representa un giro de campana en cómo la comunidad internacional se compromete con la defensa activa de los derechos elementales cuando los mismos son violentados no ya en un conflicto armado o por un régimen plutócrata, tal vez un dictadorzuelo de moda, sino por los detentores de las grifas que pueblan el mundo real y también el virtual, habitualmente sazonadas con certificados de «responsabilidad social empresarial».
Para aterrizarlo: en el actual nivel de la civilización globalizada, ¿la comunidad internacional puede permanecer al margen de la apropiación de las fuentes de agua de la empresa israelí Mekorot generando una crisis humanitaria en el menguado territorio palestino donde se encuentran dichas vertientes? Si la anglo-holandesa Shell contamina miles de hectáreas de tierra fértil y hasta cinco metros de profundidad en Nigeria, volviéndola inutilizable para la agricultura por no realizar las inversiones de clausura de sus pozos petroleros, ¿puede permanecer impune y simplemente migrar sus inversiones y aquí no pasó nada? Y en el caso uruguayo: ¿le es permitido a Phillip Morris someter a Uruguay a una demanda usuraria cuando el estado asume medidas de protección sanitaria de su población en el marco de los convenios antitabaco que la misma comunidad internacional laudó dentro de la Organización Mundial de la Salud?
La impunidad de las trasnacionales…. ¿durará por siempre?
Alineaciones
La resolución, sometida a votación por Ecuador y Sudáfrica el jueves 26 de junio en Ginebra, Suiza, fue el inesperadamente victorioso último paso de una extensa y áspera negociación diplomática, que casi la hace naufragar. Presentada a la discusión originariamente en noviembre de 2013, congregó la adhesión de más de ochenta estados del Tercer Mundo, pero las diplomacias de Washington y Bruselas fueron «podando» ese fervor inicial: mediante presiones verbales en el mejor de los casos y chantajes que alcanzaban hasta amenazar con el retiro de algunas inversiones norteamericanas o europeas de los países que la acompañaran.
Como suele ocurrir en estos casos el enfrentamiento a la iniciativa del gobierno de Rafael Correa -que ha decidido abortar su vinculación con el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y llevado a juicio a trasnacionales como la petrolera Chevron-Texaco por el daño ambiental ocasionado en la Amazonía- se dio mediante la creación de una propuesta «alternativa», en este caso de redacción noruega, pero que quitaba el carácter vinculante al mandato sobre el cual los países que integren el grupo intergubernamental trabajen en los dos próximos años.
Acompañaron la propuesta afirmativamente Argelia, Benín, Burkina Faso, China, Congo, Costa de Marfil, Cuba, Etiopía, India, Indonesia, Kazajistán, Kenia, Marruecos, Namibia, Pakistán, Filipinas, la Federación Rusa, Sudáfrica, Venezuela y Vietnam, completando un total de 20 votos. Los catorce por la negativa fueron Austria, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Montenegro, Corea del Sur, Rumania, Reino Unidos y EEUU. La lista de las diez abstenciones es sorprendente, al incluir prácticamente a todos los países latinoamericanos con presencia en el CDH: Argentina, Botswana, Brasil, Chile, Costa Rica, Gabón, Kuwait, las Maldivas, México, Perú, Arabia Saudita, Sierra Leona y los Emiratos Árabes Unidos.
Algunos discursos integradores parecen decolorarse cuando de enfrentarse a las trasnacionales se trata, en América Latina y el Caribe. En tanto que Brasil se aisló de sus parceiros de los BRICS y Argentina hizo lo propio de este selecto grupo de economías emergentes, al cual no oculta su afán de pertenecer.
La alineación europea en contrario fue sin fisuras, a pesar de que el subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo expresó públicamente el apoyo a una normativa vinculante.
En movimiento y movilizados
A diferencia de otras votaciones, la que refería a ETN y DDHH no pasó entre bostezos de funcionarios y atildadas secretarias tomando notas desapasionadamente en sus lap-tops.
Desde el lunes 23, organizaciones de la sociedad civil -ambientalistas, sindicales, de observatorios sobre trasnacionales, etc.- y representantes de comunidades víctimas de las propias corporaciones trasnacionales hicieron presencia en Ginebra. En el lobby y en la movilización.
La convocatoria fue realizada por la campaña internacional «Desmantelando el Poder Corporativo y la Impunidad» (www.stopcorporateimpunity.org) que aglutina a cientos de organizaciones, articuladas asimismo en la «Alianza del Tratado», cuyo eje precisamente era lograr una resolución del CDH que diera inicio a la discusión de un tratado o protocolo vinculante. Porque los ejemplos de normativas voluntarias, entienden, ya han demostrado su ineficiencia a la hora de controlar a los motores de la inversión global (ver recuadro).
Precisamente el 23 sesionó en el centro de Ginebra el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP, ver aparte) con testimonios de víctimas de las trasnacionales. Y la víspera de la votación se realizó un piquete frente al Palacio de las Naciones Unidas reclamando a las delegaciones gubernamentales comprometerse con la propuesta más abarcativa, que era la de Ecuador-Sudáfrica.
«Esta es una resolución sobre víctimas», celebró minutos después de conocerse el resultado de la votación Luis Gallegos, experimentado diplomático ecuatoriano y jefe de delegación ante el CDH. Agregó, duro, que en la votación se refleja «quienes defienden los capitales y la banca antes que los seres humanos, las víctimas». Para Gallegos, el trabajo realizado por las organizaciones civiles y la movilización del día previo, fueron cruciales si bien no para evitar las oposiciones más recalcitrantes, para lograr algunas abstenciones claves. «Nosotros (los diplomáticos) cambiamos y nos cambian pero ustedes son permanentes» dijo Gallegos a los representantes de las organizaciones.
«No podemos tener una regulación sobre trasnacionales en base a legislaciones nacionales de los estados. Son negocios trasnacionales que superan los linderos. Todos los países que tenemos víctimas de trasnacionales debemos unirnos para tener el derecho de resarcir a las víctimas, de remediar la situación. Cuando de nosotros (los países del sur) se trata, nos aplican las normas con carácter obligatorio, pero cuando de las trasnacionales se trata, argumentan que los principios deben ser voluntarios. Ya se acabó el régimen de voluntarios, necesitamos normas vinculantes, obligatorias».
Los integrantes de la campaña «Desmantelando el Poder Corporativo y la Impunidad» celebraron la aprobación de la resolución, cuya única certeza es la de garantizar un período de debate sobre la propuesta de tratado vinculante.
«Nunca vimos este tema como una alternativa jurídica, sino también como una oportunidad integral y dialéctica para la presentación y construcción de las alternativas que estamos construyendo», señaló en ese contexto Brid Brennan, del Transnational Institute de Holanda y referente de la campaña. La obtención de una resolución aprobada como la de Ecuador «es un espacio donde desarrollar nuevas alternativas y nuevas articulaciones de lucha», añadió.
Lucia Ortiz, de Amigos de la Tierra Internacional señaló que la campaña continuará movilizándose e incidiendo en la construcción del Tratado, que las organizaciones apellidan «de los Pueblos». Un punto crucial es la difusión de esta victoria trascendente que puede romper la lógica de impunidad de las trasnacionales, para motivar nuevas valoraciones políticas que marquen el rumbo a la campaña, lanzada en 2012 aunque en rigor es el acumulado de varias décadas de articulación, en su próxima fase.
Dos años de plazo parecen mucho, pero si se calibra el objetivo a alcanzar, pasarán rápido. Los gobiernos que actúan como portavoces de sus empresas y las mismas trasnacionales lo saben.
Una periodista acreditada en NNUU, en tanto recogía declaraciones de los voceros de la campaña adelantaba: «los veré muchas veces en los próximos años por aquí. Las empresas ya han comenzado a presionar. Días atrás escribí una historia para un periódico alemán con denuncias de trasnacionales…y me recortaron los nombres. La presión será mucha».
El reloj ya está corriendo.
Con Juan Hernández Zubizarreta, presidente del TPP en Ginebra
Doce casos, varios países, diferentes derechos elementales violados y un mismo modus operandi: las corporaciones trasnacionales, competitivas por esencia, parecen no obstante actuar frente a un espejo cuando de blindar ganancias y eludir responsabilidades se trata.
Un denso tejido de bufetes legales, acuerdos de protección de inversiones «recíprocas», instituciones multilaterales garantistas del derecho al lucro por encima del humanitario y campañas de marketing lo hacen viable, lo optimizan y legitiman hasta transformar a las empresas victimarias en víctimas.
Víctimas que además reclaman onerosas indemnizaciones. Y logran la alquimia de transformar a su propia impunidad en una nueva fuente de ganancia.
Así lo demostró el trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que sesionó el pasado lunes 23 de junio en la ciudad suiza de Ginebra en el marco de la semana de movilizaciones contra el crimen corporativo, analizando casos de actuación de trasnacionales en Nigeria, Colombia, Uruguay, Guatemala, Filipinas Zambia, Perú, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Ecuador y Palestina.
Las empresas sentadas al banquillo fueron la suizo-británica Glencore, Pacific Rim (canadiense), Chevron y Phillip Morris (EEUU), Lonmin (Reino Unido), Shell (holandesa-británica), Mekorot (Israel), la filial colombiana de Coca-Cola e Hidralia Energía de Galicia, España.
Entre las múltiples violaciones a los Derechos Humanos constatados por el TPP y resumidos en su Declaración-sentencia final, figura un capítulo dedicado a los derechos vinculados a la vida (alimentación, medio ambiente sano), otro que hace referencia a la privatización de bienes públicos y del agua, junto al despojo de tierras y territorios (la mayoría de las trasnacionales analizadas son de carácter extractivo). Se identificó a través de los testimonios reunidos muy cerca de la Place du Cirque, así como a sendos resúmenes documentales entregados a los miembros del jurado del Tribunal que las corporaciones recurren al ataque a los derechos de las mujeres, derechos laborales y el uso sistemático de trabajo infantil, así como una persecución -por vías violentas, pero también de amedrentamiento mediático y judicial- de defensores y defensoras de los Derechos Humanos.
Pero, agudizando el escenario, también el acceso a la justicia en los ámbitos nacionales se torna cuesta arriba para las víctimas, individuales o colectivas. En palabras del jurado: «En los casos tratados, el acceso a la justicia y a la reparación por parte de las víctimas se ve gravemente afectado por la falta de recursos, así como por las implicaciones políticas y de seguridad, y aún más por las asimetría de condiciones para litigar».
En las dos puntas de este lazo, estados receptores de las inversiones trasnacionales, como los que sirven de sede y se benefician de sus remesas, el jurado encontró «complicidad», por acciones u omisiones en el avasallamiento de derechos humanos.
Estos dos vértices, junto al accionar de las propias empresas y la institucionalidad supranacional padronizada en el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) del Banco Mundial, representan las cuatro esquinas de la proporción áurea de la «arquitectura de la impunidad» a la que se refiere el TPP y en base a la cual se traza la estrategia de la campaña para «desmantelar el poder corporativo» que integran un centenar y medio de movimientos sociales, articulaciones sindicales y organizaciones de la sociedad civil en los cinco continentes.
Romper la lógica de la voluntariedad
Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco (UPV) miembro del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (HEGOA), Juan Hernández Zubizarreta es autor de diversos libros y artículos relacionados con las trasnacionales, los derechos humanos y la crisis de los sistemas normativos.
«Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: Historia de una asimetría normativa» y «El negocio de la responsabilidad», ambos de 2009, son algunos de los libros dedicados a esta temática que llevan su firma. Pero Juan es también un militante, dentro del Estado Español y a nivel internacional. Por ejemplo, en la Red Enlazando Alternativas y en el TPP, cuya audiencia ginebrina presidió.
Desde ese encuadre dialogó con Brecha, ya conocida la resolución por parte del CDH (ver nota principal). Siguen algunos elementos centrales de sus reflexiones.
EL TPP está jugando un papel muy importante en la denuncia de la impunidad de las ETN. Sobre todo en la sentencia de Madrid de 2010 establece una doctrina que la audiencia de Ginebra (2014) continuó. Esa doctrina muestra cómo la violación de los DDHH por parte de las trasnacionales es algo sistémico y sistemático. El TPP también ha establecido que la impunidad de las corporaciones se articula en cuatro vértices: claramente el de la propia ETN, del país donde estas empresas tienen «patria», es decir el país sede, el estado receptor y por último las instituciones multilaterales. No es ajena la impunidad con que actúan las trasnacionales, a las políticas del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio o la arquitectura de acuerdos de protección de inversiones y comercio ya sea en su versión regional, bilateral o multilateral.
En Ginebra vimos que este esquema sigue reproduciéndose y que nos encontramos frente a una arquitectura de la impunidad.
El TPP no solamente denuncia sino que también propone: la característica ética y moral de sus resoluciones es también un llamado a los estados y a las instituciones internacionales a que terminen con esta impunidad. Y para terminar con la impunidad como lo ha planteado el TPP en su acumulado histórico, hay que romper con la lógica de la voluntariedad que invade instituciones internacionales como las Naciones Unidas.
Los dos ejemplos en esa esfera son los por un lado el Global Compact (Pacto Global) y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (Principios Ruggie). Son dos expresiones de voluntariedad que son incapaces de controlar a las trasnacionales. Conviene conectar esa voluntariedad que es la idea de la asimetría normativa. El poder de las trasnacionales es político, económico y es también un poder jurídico. Es decir, sus derechos están defendidos por normas profundamente coercitivas y profundamente ejecutivas. Y están profundamente protegidos. Un ejemplo es el caso de la empresa Chevron-Texaco contra Ecuador. Allí, desde el punto de vista de la técnica jurídica se ve perfectamente cómo la trasnacional, con la ayuda de sus países de origen que son también los países dominantes, reinterpreta las reglas de jurisdicción y hace que una sentencia perfectamente válida y legítima al interior de Ecuador sea recurrida a los Estados Unidos y por esa vía se impida su ejecución. También podemos comprobarlo con los «fondos buitres» contra Argentina. La arquitectura jurídica es muy fuerte y de obligado cumplimiento.
El Derecho Internacional y los Derechos Humanos tienen dificultades para neutralizar el poder de las grandes trasnacionales. Esta asimetría nos lleva a que al interior de Naciones Unidas se ha avanzado hacia normas de voluntariedad, de principios genéricos pero sin ningún tipo de control o seguimiento. Esto lo que hace es lavar la cara a las trasnacionales. Éstas han ido cooptando el interior de esta estructura y acercándola a normas de carácter no vinculante y colocando frenos a normas de obligado cumplimiento.
Lo que ha ocurrido en el CDH es un paso muy importante, que abre espacios a la aparición de una posible norma obligatoria. Pero cuando se habla de un triunfo histórico, es un triunfo fundamentalmente de las luchas de resistencia, de los movimientos sociales y de la lucha de miles de personas en todo el mundo en resistencia contra las trasnacionales. A veces uno tiene duda si se avanza y creo que esta es una expresión de que sí se avanza. No basta con decir que habrá una norma internacional, hay que hablar sobre contenidos. Y los perdedores en esta pequeña batalla, las grandes potencias, están enfadados y van a hacer todo lo posible para dinamitar el proceso.
Ignacio Cirio (@nachocirio), periodista, Radio Mundo Real
Esta nota fue publicada por el semanario Brecha de Montevideo, jueves 17 de julio 2014
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