Acorralados por la pobreza, 17 millones de niños latinoamericano en edad de jugar, estudiar y recibir afecto de los padres laboran en condiciones paupérrimas en las minas de América del Sur, viven esclavizados como «trabajadores domésticos» en la mayoría de los países del continente o son explotados sexualmente. Los niños latinoamericanos aparecen en las calles […]
Acorralados por la pobreza, 17 millones de niños latinoamericano en edad de jugar, estudiar y recibir afecto de los padres laboran en condiciones paupérrimas en las minas de América del Sur, viven esclavizados como «trabajadores domésticos» en la mayoría de los países del continente o son explotados sexualmente.
Los niños latinoamericanos aparecen en las calles de las capitales de México y Argentina limpiando parabrisas y pepenando basura; en Bolivia y Perú son utilizados para bajar a las minas, lo cual les reduce la esperanza de vida a sólo 45 años; son explotados sexualmente lo mismo en los puertos de Costa Rica, las playas de República Dominicana o en las principales ciudades de Guatemala y Brasil, o son reclutados como combatientes en Colombia.
Curiosamente, todos los países de América Latina están de acuerdo en combatir la explotación infantil -26 naciones del continente han ratificado la convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil-, pero en la realidad no cesa, va en aumento por los bajos salarios que obtienen frente a un adulto, la facilidad para utilizarlos en trabajos peligrosos al fondo de las minas y su fácil integración a la red de explotación sexual a lo largo y ancho de América Latina.
Informes recientes del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estiman que en México trabajan más de 3.5 millones de niños menores de 16 años, y 25 por ciento de los niños trabajadores del Distrito Federal no llegan a los 12 años de edad y sólo subsisten de propinas.
El 80 por ciento de los niños que trabajan aportan buena parte o la totalidad de su ingreso al hogar, y su contribución se convierte en parte vital del sustento de la familia, según documentos de Unicef y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), consignados por la agencia Afp en sus despachos.
Citando los mismos documentos, la agencia asegura que los niños trabajadores de la ciudad de México realizan un abanico de labores que van desde empacadores (46 por ciento), vendedores ambulantes (23%), ayudantes en mercados públicos (10%) y limpiadores de parabrisas (4 por ciento), además de lavadores de autos, lustrabotas o mendigos.
Los pequeños mineros
En Perú, 50 mil niños trabajan en actividades relacionadas con la explotación del oro y manipulan mercurio sin protección alguna. La mortalidad allí es significativa, asegura la coordinadora regional del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil, de la OIT. Los niños mineros de Perú mueren de asfixia, aplastados en derrumbes o por el avance inexorable de la silicosis, enfermedad que corroe los pulmones por inhalación de sílice.
La mayoría de los 120 mil niños mineros quechuas y aymaras de Bolivia tienen tan sólo entre siete y 17 años y son utilizados en las labores dentro de las minas, donde muchos adultos ya no quieren regresar jamás. Incluso manipulan dinamita y separan estaño mediante productos químicos de alta peligrosidad. Su esperanza de vida no supera los 45 años.
En la comunidad de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, los niños de la pólvora son tristemente conocidos. Desde los siete años de edad, en mesitas colocadas en improvisados talleres en el patio del hogar, hunden sus manos en bolsas de pólvora y la esparcen sobre bastidores que contienen cientos de cartuchos. Son los armadores de petardos que compran los padres de niños más afortunados para detonarlos en las fiestas populares.
Con el cuerpo teñido de gris por el contacto con la pólvora, muchas familias trabajan jornadas de 12 horas o más porque se les aplica la modalidad de pago a destajo. Los más afortunados reciben 50 quetzales a la semana (6.4 dólares).
Los combatientes
Un informe reciente de Human Rights Watch calcula que 11 mil menores de edad combaten actualmente en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional o en los grupos paramilitares denominados Autodefensas Unidas de Colombia.
La cifra, sin embargo, no puede ser exacta, pues contrasta con la del Instituto Colombiano de Bienes Familiares, el cual señala apenas 7 mil niños, o los datos actuales de Unicef, el cual estima que a comienzos de 2004 en el país había 14 mil menores combatientes.
La falta de oportunidades en el ámbito laboral y la fantasía de poder que despierta en un niño el manejo de las armas son las principales causas del enrolamiento voluntario de menores en los grupos guerrilleros o paramilitares. En las décadas recientes, el número de víctimas mortales civiles en conflictos armados creció en 90 por ciento, y la mitad de esa cantidad son niños, según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas.
Pero la explotación sexual entre menores es aún mayor, porque abarca la mayoría de los países de Latinoamérica. Existe en los campamentos mineros de Brasil, en las cercanías de los puertos de Costa Rica, en las playas de los países del Caribe o en la turística ciudad de Cuzco, en Perú. Cientos de niños de entre siete y 17 años de edad venden su cuerpo para poder sobrevivir o llevar algún alimento a su familia.
Los personeros de las redes de prostitución infantil seducen a familias pobres prometiendo jugosos salarios para emplear a sus niños en hoteles y restaurantes inexistentes. Cerca de 20 por ciento de los viajes internacionales se realizan con fines sexuales y 3 por ciento son protagonizados por pedófilos, de acuerdo con las cifras presentadas en el Congreso Mundial sobre Explotación Sexual Infantil celebrado años atrás en Estocolmo, Suecia.
Niñas entregadas para ser violadas en pago de deudas, abuso reiterado de padres, hermanos o tíos, o prostitución como único camino de supervivencia, confirman la dramática cara de la explotación sexual en Brasil.
En julio pasado, el Congreso brasileño pidió que se investigara a 250 personas por su pregunto vínculo con la explotación sexual. El informe, que puso en la opinión pública con nombres propios a políticos, jueces, religiosos, empresarios y médicos, reveló la existencia de 241 rutas terrestres, marítimas y aéreas «para llevar mujeres jóvenes y niños brasileños» al exterior con fines de explotación sexual.
Para Iza María de Oliveira, directora de la organización no gubernamental Foro Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, la clandestinidad que rodea la explotación sexual infantil hace difícil elaborar un censo que permita dimensionar cuantitativamente el problema. Calcula que en el presente año tan sólo la organización que preside atenderá a 28 mil niños y adolescentes que han sido o son explotados sexualmente en Brasil.
