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Todo hambre es político

Uruguay entre ollas populares y ollas de la fortuna

Fuentes: Rebelión / CLAE

Las ollas populares se han multiplicado en Uruguay desde hace un año. El gobierno pasó de ignorarlas a contratar una ONG para tercerizar su gestión y concebirlas como un negocio. La ayuda gubernamental a los cada vez mayor número de necesitados, está muy lejos de ser digna.

Ollas populares

Las cacerolas están vacías de comida. Las cacerolas llenas de ruido que le reclaman al gobierno mayores medidas y empatía. Uruguay vuelve a ver en cada barrio una olla popular y/o un merendero para que miles puedan comer al menos una vez al día.

Las ollas populares, símbolo de solidaridad en las luchas obreras, son herencia de la crisis socioeconómica del 2002. Luego de la recuperación económica las mismas fueron bajando sustancialmente en su cantidad pero nunca desaparecieron del todo, resultado de un sistema injusto y desigual y de políticas públicas del progresismo que no llegaron a los núcleos más duros de la pobreza.

La pandemia conjugada con el plan de ajuste y austeridad de la coalición multicolor de gobierno liderado por el derechista Luis Lacalle Pou, deriva en un cóctel devastador para los asalariados, jubilados y desempleados de este país.

El gobierno ha hecho oídos sordos a las recomendaciones de los expertos científicos sobre la pandemia, de las propuestas de la oposición por una renta básica universal e incluso de algunas de sus propios aliados de la coalición.

Los caceroleos o cacerolazos han vuelto también a escena. Apenas asumió Lacalle Pou se sucedieron durante tres días seguidos y luego de manera intermitente. Desde hace tres semanas cada martes se realiza uno a la noche.

Ollas de oro

Las ollas populares que demuestran el delicado estado de miles de familias uruguayas, fue ignorado por más de un año por parte del gobierno y hoy les ha prestado atención, pero de una manera muy particular: de no destinar fondos pasó a contratar una ONG que terceriza la gestión de las ollas, desembarazándose el Ministerio de Desarrollo Social de sus responsabilidades y saltéandose los cientos y miles de uruguayos y uruguayas que organizan las solidarias ollas en su barrio.

El Estado no volcó recursos para las ollas populares hasta diciembre del año pasado cuando el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), que depende del Ministerio de Desarrollo Social, otorgó una partida de 17 millones de pesos (unos 387 mil dólares) para algunos departamentos del país.

Un estudio de la Facultad de Ciencias y Sociales de la Universidad de la República y la comisión técnica asesora de Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), señaló que en solo tres meses todo el movimiento de merenderos y ollas supuso un aporte de 312 millones de pesos, mientras que el trabajo voluntario y no remunerado fue el equivalente a 188 millones: 500 millones de pesos en total, unos 11 millones 600 mil dólares.

Frente a esta realidad, el anuncio de Gobierno a más de un año de pandemia de un refuerzo de 200 millones de pesos “parece una tomadura de pelo”, dijo Guillermo Pastor, uno de los encargados de canalizar el apoyo del sindicato AEBU hacia las ollas populares, en dialogo con Info 24.

Ollas contra ollas

El MIDES contrató a la ONG Uruguay Adelante e ignoró el trabajo que venía realizando la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS). Paola Beltrán, integrante de la CPS, dijo que la excusa del Mides fue que la coordinadora no tenía personería jurídica lo que impediría asegurar la trazabilidad de los alimentos. Eso no es cierto y se comprobó con la gestión con la Intendencia y con el Instituto Nacional de Alimentación»

«Somos la única organización que tiene relevada la cantidad de ollas y  las necesidades de cada una. Esa información es la que hoy posibilita que Mides y Uruguay Adelante pueden hacer la distribución», dijo, tras destacar el trabajo de estudiantes y docentes nucleados en Solidaridad uy.

Desde la CPS manifestaron la necesidad de que las personas que sacan las ollas adelante, así como quienes acuden a ellas para alimentarse sean considerados entre los grupos prioritarios para la vacunación, por ser personas que están totalmente expuestas en una situación de pandemia.

Lo que queda en evidencia es la ausencia del Estado en generar políticas sociales y públicas que atiendan la situación de emergencia y que eviten que las personas estén haciendo cola todos los días para poder comer. Beltrán indicó que lo deseable sería realizar inversiones en generar puestos de trabajo como estrategia para salir de la crisis. «Una propuesta del Estado no puede ser eternizar las ollas populares», añadió.

Las ollas y la LUC

La Ley de Urgente Consideración, sigue siendo uno de los focos de debates más candentes de nuestra sociedad. Distintas organizaciones sociales y políticas buscan su derogación total o parcial (135 artículos) y se encuentran embarcados en una campaña de recolección de firmas que va muy cuesta arriba. 

Semanas atrás, la olla popular del barrio Palermo, al sur de Montevideo, fue visitada por el canal 12 en su informativo central. Tres voluntarios de la olla aparecieron cada uno con una remera estampada que tenía el símbolo de prohíbido y la palabra LUC dentro de el.

La reacción no duró minutos. Por redes sociales y más, el oficialismo salió a denunciar dicha situación. Desde que a la gente se le lavaba el cerebro en las ollas populares contra el gobierno hasta que si no se firmaba contra la LUC no se le entregaba su plato de comida.

 La máxima goebbeliana volvió a surtir efecto y las ollas populares fueron demonizadas y tildadas de “políticas” de manera peyorativa. Vaya si tener hambre y ser asistido por la comunidad organizada es algo político.

El senador oficialista Jorge Gandini, calificó las ollas populares como «un templo» donde «no puede entrar la política», tras denunciar que en algunas de ellas se juntaban firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Y ante estas campañas, Andrea Porta,referente de la Olla Popular Palermo que más amenazas ha sufrido, siente miedo.. Hace una semana presentó una denuncia penal contra el senador Jorge Gandini, el diputado Martín Lema y el asesor del presidente de Nicolás Martinelli, quienes en sus cuentas de Twitter reprodujeron la imagen de Canal 12 en la que Andrea y tres referentes más portan camisetas contra la LUC.

 En pantalla estaban los teléfonos de referencia de la olla, entre ellos el de Andrea. En el caso de Martinelli, la denuncia –a la que accedió el semanario Brecha– destaca la flecha que el asesor colocó apuntando a la cabeza de Andrea. La denuncia también especifica números de teléfono y dos cuentas de Facebook desde donde se lanzaron amenazas e insultos. Una ampliación de la denuncia recae sobre un vecino de la referente cuyas amenazas preocupan particularmente porque es policía y porta un arma.

El abogado Darío Madeiro entiende que se configura un delito de difamación e injurias y, posiblemente, de violencia privada e instigación al odio, agravado por discriminación de género al tratarse de una mujer jefa de hogar con una niña de 3 años a cargo.

Por su parte el Intendente oficialista del departamento de Durazno Carmelo Vidalín declaró: “Tenemos comedores; no creemos en las ollas populares”, las cuales, según él, están politizadas.Cree que más inversiones como la de la papelera UPM pueden llegar al país, siempre y cuando se le den facilidades, pero sostiene que el futuro está en la ganadería, la agricultura y los empresarios locales, concluyó.

Conclusión

Parece ser que darle de comer a un vecino es un tiro por elevación al gobierno y no un hecho que reviste una gravedad terrible, en un país de tres millones que produce comida para treinta millones de seres humanos. Muchos sueñan y predican con la famosa teoría del derrame, donde no ha caído una sola gota para los necesitados. Se sigue poniendo en el podio de los intocables, a “los malla oro”, como el presidente etiquetó a los empresarios. 

El gobierno se dirime entre el gradualismo y el shock. Entre cocinar a fuego lento a los uruguayos o mandarlos al horno.

Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

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