El presidente de Uruguay, José Mujica, revocará en un decreto todos los actos administrativos de sus antecesores que impidieron juzgar los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura (1973-1985) al amparo de la Ley de Caducidad. El presidente uruguayo, José Mujica, habilitará la reapertura de cerca de 80 investigaciones sobre crímenes en la última dictadura […]
El presidente de Uruguay, José Mujica, revocará en un decreto todos los actos administrativos de sus antecesores que impidieron juzgar los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura (1973-1985) al amparo de la Ley de Caducidad.
El presidente uruguayo, José Mujica, habilitará la reapertura de cerca de 80 investigaciones sobre crímenes en la última dictadura (1973-1985), cuando se cumplen 38 años del Golpe de Estado y un mes después que fracasara un proyecto para anular una ley que evitó las investigaciones judiciales.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, ha anunciado que el mandatario ha decidido «revocar por razones de legitimidad todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo (…) que consideraron en su oportunidad que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones» de la denominada Ley de Caducidad.
Esta ley, aprobada en 1986, obliga a la justicia a consultar al Poder Ejecutivo qué casos ocurridos durante la dictadura puede investigar.
La Ley de Caducidad fue aprobada un año y medio después de otra ley que amnistió a los presos y perseguidos políticos, cuando la Justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.
Durante 20 años, los gobiernos de partidos tradicionales rechazaron todas las solicitudes presentadas, hasta que en 2005, con la llegada del Frente Amplio al poder, el entonces presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios.
El secretario de la Presidencia ha indicado que el decreto será promulgado antes del fin de la semana y explicó que ahora corresponderá al Poder Judicial «disponer o no el desarchivo de esos casos».
Breccia ha destacado que con esta decisión el Poder Ejecutivo considera que está «cumpliendo fundamentalmente con un deber ético pero además con lo que establece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», que en marzo ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
En el mismo sentido, ha adelantado que tras «el análisis exhaustivo» de la sentencia de la CIDH el Gobierno incrementará las facultades de la comisión de seguimiento de la Comisión para la paz, para que trabaje en la investigación de los hechos.
«La sentencia de la CIDH manifiesta que se debe avanzar en la obtención de datos, en el análisis de los mismos y en la sistematización de los mismos a los efectos de procurar la profundización del conocimiento de los hechos», ha abundado.
En esa línea, Breccia ha indicado que el Gobierno ha solicitado al Ministerio de Defensa y a la Suprema Corte de Justicia (DCJ) el acceso por parte del equipo de historiadores de la Presidencia al archivo de las fichas clínicas de sanidad de las Fuerzas Armadas y a un archivo de fichas judiciales guardado bajo responsabilidad de la SCJ.
También planea «completar el banco de datos genético, que todavía está incompleto, porque hay un número importante de familiares de víctimas de desaparición forzada que no han sido contactados para obtener de ellos las muestras de material genético que puedan ser comparados con los eventuales hallazgos que se puedan realizar».
La dictadura dejó 38 desaparecidos en Uruguay, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003. En Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de uruguayos, en Chile ocho, en Paraguay dos y en Brasil una.
Asimismo, se está trabajando «en el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte en materia de reparaciones económicas a la familia Gelman», que presentó la denuncia ante la Corte.
Mujica ya había anulado un acto administrativo en mayo, cuando habilitó la reapertura de una investigación sobre el asesinato de un militante comunista en 1975.
La decisión gubernamental ocurre cuando se cumplen 38 años del golpe de Estado de 1973 y un mes después que el partido gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) fracasara en su intento legislativo de anular la Ley de Caducidad debido a la rebeldía de un diputado oficialista, que no le permitió sumar los votos necesarios.
Desde que el ex presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios, más de una decena de personas -incluidos los ex dictadores Gregorio Alvarez y Juan María Bordaberry- fueron condenadas a prisión por violaciones de los derechos humanos.