El pasado 10 de marzo de 2011 el Senado de Wisconsin procedía a anular la negociación colectiva de los funcionarios. Seguramente en la opinión pública causaron más sorpresa las magníficas movilizaciones de sectores progresistas conjuntamente con el movimiento sindical que una antidemocrática y antisocial medida sin precedentes en la Historia reciente. En todo caso el […]
El pasado 10 de marzo de 2011 el Senado de Wisconsin procedía a anular la negociación colectiva de los funcionarios. Seguramente en la opinión pública causaron más sorpresa las magníficas movilizaciones de sectores progresistas conjuntamente con el movimiento sindical que una antidemocrática y antisocial medida sin precedentes en la Historia reciente.
En todo caso el ataque a la negociación colectiva se ha manifestado durante el último periodo prácticamente en todo el planeta, con una expresión diferenciada según el sujeto político que la plantease (desde Gobiernos de la derecha más rancia hasta la socialdemocracia) y la respuesta sindical que se realizarse (desde el sindicalismo amarillo al sindicalismo combativo y de clase).
El eje Bruselas-Estrasburgo-Luxemburgo se constituye como centro de la Unión Europea y desde sus Instituciones se ha venido debilitando la negociación colectiva. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a través de diferentes fallos judiciales (sentencias Ruffert y Viking Line) ha primado la libertad de establecimiento y empresa al cumplimiento de los acuerdos colectivos, fomentando así el dumping social. En la misma línea el reciente Pacto de Competitividad plantea abiertamente contención en las retribuciones de trabajadores y trabajadoras con lo cual no sólo se limita el progreso social sino la propia posibilidad de pactar.
Turín históricamente se constituyó como bastión de la clase obrera y los enemigos de ésta han entendido que no es posible un ataque frontal. En una derrota dulce para el movimiento sindical, el 14 de enero del presente año la automovilística FIAT sometía a referéndum a la plantilla con el discurso tramposo que si no había resultado afirmativo habría deslocalización. El voto positivo del plebiscito significaba entre otras cuestiones: aumentar la jornada a 10 horas diarias, reducir el descanso y eliminar los permisos, reuniones y asambleas sindicales. La empresa plantea esos puntos a consulta directa porque conoce de antemano que respetando el proceso de negociación colectiva no conseguiría sus objetivos.
Si bien puede parecer que en el Estado español la negociación colectiva se mantiene intacta, nada más lejos de la realidad. En los últimos años desde la Comisión Nacional de la Competencia, con sede en Madrid, se viene actuando contra diferentes convenios colectivos en base a que el establecimiento de precios mínimos en contratas, concursos y servicios es contrario a la libre empresa y a la competencia. Todo ello revestido de los mismos argumentos por los cuales se encarcelaba a sindicalistas en el inicio del siglo XX: alterar el mercado y los precios.
Debemos también recordar que la «reforma» laboral del 2010 aumenta los supuestos en los que puede no aplicarse un convenio colectivo. En un paso más, la reciente contrarreforma de la negociación colectiva supone tanto la negación de la misma como una profundización en el ataque a los derechos laborales: se posibilita que sea un árbitro quien determine el contenido del convenio colectivo, se limita el tiempo de negociación e incluso se obliga a la incorporación en las normas paccionadas de una desregulación del 5% de la jornada y movilidad funcional, siendo esto último la mejor expresión de la negación de la negociación. En todo caso el gran ataque a la negociación colectiva lo encontramos en la posibilidad real de regular en los convenios colectivos de empresa peores condiciones que las establecidas en las normas paccionadas de sector. Ello generará una dinámica paulatina de pauperización sociolaboral sin precedentes a través de la sustitución del convenio de sector por convenios de empresa con peores condiciones.
Los Gobiernos de las Comunidades Autónomas no quedaron al margen de este proceso y suspendieron o dejaron sin efecto convenios o pactos colectivos. En los más derechistas se utilizó como excusa para debilitar o desmantelar los servicios públicos (con Esperanza Aguirre y Valcárcel a la cabeza). En otras, incluso las antaño gobernadas por la socialdemocracia (Tripartit) se impusieron este tipo de políticas y son desarrolladas ahora desde el Palau de la Generalitat en Barcelona como un instrumento que no sólo suspende lo ya pactado en la negociación colectiva sino que es utilizado como instrumento de degradación de los servicios públicos de Justicia, Enseñanza y Sanidad.
Así nos encontramos con la eliminación, limitación, subversión, suspensión y debilitamiento de la Negociación Colectiva, cuya significación no es sólo el ataque a las condiciones de trabajo sino el quebramiento del instrumento a través del cual el movimiento sindical se puede mostrar como clase.
Todo ello como expresión de ataque no sólo a principios democráticos (de participación sindical), sino de justicia (remoción de la realidad de partes desiguales) y sobre todo de progreso social. La crisis del capitalismo no sólo muestra el fracaso de un modelo sino la necesidad de un sistema en constante eliminación de Derechos.