90 días para hallar una solución

Desde Santiago de Chile, en ocasión de la asunción de la nueva presidenta Michelle Bachelet, los presidentes de Argentina, Néstor Kirchner, y de Uruguay, Tabaré Vázquez, exhortaron a la suspensión por un máximo de 90 días de la construcción de dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay, y a la interrupción simultánea de los cortes que impiden el paso en dos de los tres puentes que unen a los dos países en esa zona, para luego buscar un acuerdo que permita superar el conflicto.

Aunque el gesto presidencial haya sido apenas una solicitud dirigida a las empresas Botnia y Ence, para que detengan las obras, y a las organizaciones sociales y ambientalistas de la provincia argentina de Entre Ríos para que levanten los cortes, y aunque no implique una solución del conflicto, constituye un hecho político de suma importancia, porque reubica el diferendo en sus justos términos, luego de atravesar tensos niveles de confusión y exacerbación.

Hasta ahora, la postura oficial de Uruguay había alentado una ola de xenofobia sin precedentes en este país, pero no ajena a la región y al mundo, en donde el nacionalismo sirve para distraer de otros problemas. Y aquí no era diferente. Sin satisfacer los cuestionamientos ambientales y sociales contra las plantas, tanto internos como externos, se alegaron derechos de soberanía exclusiva en una decisión relativa a un recurso natural compartido con Argentina.

Más allá de las singularidades del caso, el diferendo por las plantas de celulosa sobre el río Uruguay es otro ejemplo de un nuevo tipo de conflicto ambiental que viene cobrando cuerpo en la región y cuya característica común es una participación mucho mayor de las comunidades locales. La presencia de este nuevo actor o, si se prefiere, antiguo actor, pero con una nueva conducta o actitud, altera los análisis, juicios y acciones habituales de los demás.

Realineamientos en la sociedad uruguaya

Gobiernos, empresas y organizaciones como sindicatos y ONG, habían sido hasta el presente los actores sociales usuales y con reglas bastante conocidas. Habitualmente, con un gobierno de derecha y más identificado con las empresas, la izquierda estaba en la oposición al lado de las organizaciones sociales. Pero ahora, con un gobierno de izquierda, no sólo se trastocaron esos papeles, sino que se reacciona con viejos padrones a nuevas situaciones.

Históricamente, la derecha siempre gobernó ignorando a las organizaciones sociales y/o combatiéndolas de diversas maneras, en particular con campañas en los medios de comunicación bajo su control. El método común ha sido ignorar o descalificar a sus líderes y dirigentes para aislarlos de su base social y, frente a las movilizaciones, adjudicar a las acciones sociales la intención de alterar el orden público o legal, para justificar la represión directa.

En el caso de las plantas de celulosa, el gobierno asumido por Tabaré Vázquez en marzo de 2005 decidió -en forma inesperada, si se consideran las posturas previas del Frente Amplio- dar continuidad a los proyectos aprobados por sus antecesores. La derecha blanca y colorada saludó alegremente el inesperado viraje y, con el beneplácito de las empresas, aceptó llamar aquella decisión como «política de Estado», un hecho sin precedentes cercanos.

En los sindicatos uruguayos, la decisión del nuevo gobierno generó sorpresas y algunas dudas, porque la central PIT-CNT tenía una decisión de Congreso contraria a las plantas de celulosa. Sin embargo, la incertidumbre se superó rápidamente apenas al comienzo de las obras en Fray Bentos, trabajos que implicaron la contratación de centenares de obreros de la construcción y metalúrgicos. La razón del artillero -el sindicato vive si hay trabajo- primó sobre todas las demás.

En este contexto de «unión nacional» tras los proyectos de la celulosa y su correlato inmediato, la sustitución de la cultura agropecuaria por la de la forestación, sólo quedaron afuera las ONG ambientalistas, los militantes convencidos y algunas individualidades de la cultura, la academia y el derecho. Una oposición minoritaria, aunque firme en sus fundamentos y en la recusación, incluso en las instancias legales disponibles, de las decisiones gubernamentales.

En todo caso, la oposición uruguaya a la celulosa parecía fácil de contrarrestar. A la prensa de derecha se sumó una prensa de izquierda que pasó a defender las posiciones del gobierno y de las empresas, reduciendo al mínimo el espacio para las voces discordantes. Sin embargo, un factor prácticamente ignorado, la población del otro lado del río Uruguay, empezó a cambiar la situación a partir del corte de los puentes coincidiendo con el inicio de la temporada turística.

Desazón frente a la resistencia argentina

Hasta enero de 2006, la «política de hechos consumados» del gobierno uruguayo, expresada en la persistencia de la construcción de las plantas a pesar del pedido argentino de suspensión con el fin de discutir sus implicaciones, parecía ser la más exitosa. Durante más de seis meses una comisión binacional de técnicos de alto nivel (la CTAN) intercambió informaciones, pero sin el compromiso de que sus decisiones pudieran ser vinculantes para los proyectos.

De hecho, el trabajo de la CTAN sirvió para confirmar que el gobierno uruguayo no posee más informaciones y garantías que las dadas por las empresas. Al concluir las sesiones de la CTAN sin acuerdo, el gobierno argentino dio un nuevo paso formal y anunció su disposición a recurrir a la Corte Internacional de La Haya. Aunque en Uruguay se lo valoró como presión o amenaza, es el mecanismo de solución de disputas previsto por el Tratado del Río Uruguay.

Mientras tanto, la oposición argentina a las plantas fue adquiriendo mayor fuerza, sobre todo en las poblaciones de la provincia de Entre Ríos. El gobierno uruguayo subestimó este hecho, lo confundió con los juegos demagógicos del gobernador de esa provincia, Jorge Busti, y lo atribuyó a simples intereses electorales inmediatos o a meras rivalidades económicas. La situación era analizada en los términos usuales entre políticos: algunos roces siempre hay, pero todo se termina arreglando.

En febrero, cuando el corte del puente San Martín pasó de ser un acto simbólico y se volvió permanente, se le sumó el del puente Paysandú-Colón y se afectó mucho más el tránsito del turismo y el comercio, deteniendo en la frontera a camiones que llevaban materiales para las obras de Botnia, aquella percepción cambió. Se empezó a hablar de violación de los tratados internacionales, de grandes daños materiales y la desconfianza creció.

Para la prensa uruguaya de derecha y de izquierda el primer obstáculo eran los ambientalistas, que pasaron a ser denominados «piqueteros», «patoteros», «extremistas» (cierto pudor impidió quizá llamarlos de «terroristas»). Pero al ver que los gobiernos provincial y federal no actuaban para impedir los cortes, la desconfianza se extendió a las autoridades vecinas y a la población en general, en lo que pasó a ser considerado una agresión de un país hacia otro.

En la izquierda oficialista apareció una insospechada camada de especialistas en geopolítica (la seudociencia usada por los militares para justificar las guerras) y en historia de las controversias entre Argentina y Uruguay, para explicar las razones últimas del conflicto, que obviamente eran avasallar la soberanía uruguaya. Presionada desde el gobierno, prácticamente toda la prensa se sumó al «clima de terror», como se animó a denominarlo un periodista honesto.

Cuando la realidad no entra en el esquema

En esta evolución sorpresiva del conflicto, ha surgido un nuevo actor cuya presencia, posición y formas de acción no eran esperadas y que cuestiona las valoraciones hechas en el proceso por los actores tradicionales: son las asambleas ciudadanas ambientales de las poblaciones de Entre Ríos. No responden a un partido político, a un sindicato, a una ONG ambientalista, ni a una suma de ellos, es simplemente la población local discutiendo cómo quiere vivir.

Aunque el movimiento ciudadano-ambiental entrerriano cuestionó las plantas de celulosa desde 2003, cuando se anunció el primer proyecto de Ence, y tiene una historia más larga aún, que se remonta a la lucha contra los proyectos hidroeléctricos de la época de Carlos Ménem, el actual gobierno de Kirchner lo subestimó. La manifestación de decenas de miles de personas de abril de 2005 en el puente San Martín lo hizo despertar, tras haber confiado en los informes de la indolente CARU(*).

Desde el lado uruguayo se lo subestimó mucho más. Primero se pensó que era un movimiento manejado por el gobernador Busti que duraría hasta las elecciones de octubre de 2005. Luego se pensó que Kirchner pondría en línea al gobernador – algo de eso hizo- y también a la gente, considerados simples «piqueteros». Y, finalmente, se pensó que si éstos no acataban la orden, intervendría la Gendarmería Nacional para liberar los puentes de esa acción ilegal.

Al no suceder lo esperado, no se pensó que podía haber algo distinto, los análisis se dispararon para el lado más conservador y trillado: ¿Kirchner, es amigo o enemigo? ¿Argentina y Uruguay tienen intereses comunes? Sesudos analistas de izquierda comenzaron a hablar de «diplomacia piquetera», de acciones prebélicas o directamente bélicas. En pleno desvarío, otros empezaron a proponer tamborileadas guerreras y hasta instrucción seudomilitar de los jóvenes.

Ni siquiera se recordaron las recomendaciones de la ombudsman del Banco Mundial, ahora que han aparecido nuevos admiradores de esta institución: «La complejidad y sensibilidad de estos enormes proyectos, en una área transfronteriza y sobre una cuenca de río compartida, hace que sea esencial la consulta con personas potencialmente afectadas», dijo la doctora Meg Taylor, quien señaló la falta de confianza generada por la política del hecho consumado.

En lugar de encarar los problemas planteados, el gobierno uruguayo optó por el camino fácil de los discursos demagógicos, las campañas oficialistas que demonizan y buscan taparle la boca al opositor y, en última instancia, el llamado a la represión. El no haber cedido a esta presión es producto de una política del gobierno Kirchner que no se inició en este conflicto, pero que debe atribuirse también a la solidez del movimiento ciudadano- ambiental entrerriano.

Responsabilidad de gobiernos y de pueblos

El acuerdo anunciado el pasado 11 de marzo en Santiago por los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez es un atisbo de sentido del equilibrio y estatura de estadistas responsables, en medio de las confusiones y el marasmo creados en este conflicto. Por cierto, estas condiciones fueron muy bien aprovechadas por la derecha política en decadencia, la prensa venal, los malos empresarios e incluso los violadores de los derechos humanos todavía impunes.

Y siguen su juego. A pocos días del gesto presidencial, los principales dirigentes de la derecha uruguaya hablaban de «traición» (Jorge Batlle), de «acto ilegal» (Luis A. Lacalle), de «prepotencia piquetera» (Cámara de Industrias), de que los «argentinos nos ganan por goleada» (Pedro Bordaberry). Los burdos adjetivos descalificadores y la asociación con un partido de fútbol son otra muestra de la irresponsabilidad de unos políticos que todavía no saben por qué no tienen votos.

Hay un actor nuevo en esta historia, con el cual no están acostumbrados a tratar la derecha (ya no lo supo hacer con los actores sociales tradicionales) y tampoco la izquierda recién llegada al gobierno, que en muchos casos evidencia rasgos autoritarios similares a los de la derecha. La salida de este conflicto no depende ni siquiera de la disposición a dialogar de los gobiernos, si estos no se avienen a crear instancias de participación para todos los actores.

La necesidad de participación en el desarrollo de las poblaciones vecinas a los proyectos, ya sea en la forma de organizaciones comunitarias, indígenas, ciudadanas, etc., no es una idea trasnochada de viejas concepciones revolucionarias, como algunos quieren hacer creer para descalificar la propuesta, sino que se encuentra en las recomendaciones más recientes sobre las condiciones para asegurar un desarrollo social y ambientalmente sustentable.

Estas recomendaciones se pueden encontrar en los documentos oficiales de prácticamente todas las organizaciones internacionales dedicadas al desarrollo en la actualidad. Han sido acompañadas por gobiernos, instituciones financieras, entidades empresariales, sindicatos, ONG y organizaciones comunitarias o ciudadanas de base, en discusiones sobre la forma de superar el creciente deterioro ambiental y el aumento de la pobreza en el planeta.

Poner en marcha procesos de amplia participación social para delinear, controlar y evaluar los proyectos de desarrollo no es nada fácil, pero los apresuramientos ejecutivos y técnicos, que buscan resultados económicos y políticos fáciles y rápidos, ya se sabe adónde conducen. Lo que existe hoy también es una nueva conciencia social, en donde las comunidades locales reivindican activamente su derecho a decidir sobre su modelo de vida y su futuro.

El gesto presidencial avanza lentamente

Desde el no reconocimiento formal de la noticia cuando hacía horas que circulaba por el mundo, hasta las reticencias de las empresas y autoridades para manifestar su opinión sobre el hecho, el gesto político de los presidentes Kirchner y Vázquez en Santiago de Chile el 11 de marzo último se abría paso con bastante dificultad en Uruguay.

Desde Bolivia, el lunes 13, Tabaré Vázquez declaró: «Queda bien claro que en este diálogo le dijimos al Presidente de Argentina que para negociar -porque una cosa es dialogar y otra cosa es negociar- se tienen que levantar los piquetes». Hasta aquí se podía, si no aceptar, al menos comprender las condiciones de la negociación.

Pero enseguida agregó que «el gobierno uruguayo no va a parar la construcción de las plantas de celulosa por dos razones: una porque legalmente no lo puede hacer y dos porque hemos actuado dentro del plano de derecho, y no tenemos nada que nos esté obligando». Parecía volverse así al mismo impasse existente antes del sábado.

En este contexto, las asambleas ciudadanas-ambientales de Gualeguaychú y de Colón decidieron mantener los cortes en los puentes. No obstante, la cancillería argentina y el gobernador Jorge Busti, formalizaron el martes ante los asambleístas el pedido de que levantaran la medida para cumplir la tregua acordada por Kirchner y Vázquez.

El mismo martes, el gobierno uruguayo trasladó también a Botnia y Ence el acuerdo por el cual se les solicitaba un «gesto político» para suspender las obras por 90 días. Según la agencia argentina DyN, la comunicación estuvo a cargo de funcionarios uruguayos, pero «en ningún momento se trató de una exigencia o pedido formal».

Tabaré Vázquez volvió a hablar sobre el tema desde Caracas, donde se encontraba el martes, y manifestó su confianza en alcanzar una «pronta solución». En Montevideo, la vicecanciller uruguaya expresó también una visión «positiva» sobre el posible desenlace y remarcó que «son los presidentes quienes tienen el tema en sus manos».

A cuatro días del encuentro presidencial, ya con la comunicación formal del acuerdo, las empresas y los asambleístas consideraban el pedido. Mientras tanto, los obreros de las plantas en construcción y el intendente de Fray Bentos, del opositor Partido Nacional (blanco), organizaron una protesta contra la suspensión de las obras.

Si el gesto de Santiago fue sólo un destello de lucidez, que no logra materializarse, o algo más duradero, se verá recién en los próximas semanas.

(*) CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay, órgano binacional encargado de velar por el cumplimiento del Tratado del Río Uruguay y la preservación del recurso natural.