Las multinacionales de la moda han sido acusadas por permitir duras condiciones de trabajo, que sus proveedores despidan a trabajadores sin pagarles o por imponer salarios extremadamente bajos a sus empleados. Cinco trabajadores del textil murieron en enero durante la represión de una protesta por la policía. Los trabajadores fabricaban para firmas como Levi Strauss, […]
Las multinacionales de la moda han sido acusadas por permitir duras condiciones de trabajo, que sus proveedores despidan a trabajadores sin pagarles o por imponer salarios extremadamente bajos a sus empleados. Cinco trabajadores del textil murieron en enero durante la represión de una protesta por la policía. Los trabajadores fabricaban para firmas como Levi Strauss, Gap y H&M. Los desmayos masivos son frecuentes en las fábricas debido al calor y a la pobre alimentación de los obreros.
El pasado mes de enero, cuando medio mundo aún estaban con la resaca de Año Nuevo, las calles de Phnom Penh, la capital de Camboya, amanecieron llenas. El motivo no era festivo: miles de trabajadores del textil pedían mejores condiciones laborales. Con las mismas manos que cosen las camisetas y pantalones que luego se venden en tiendas desde España a Japón, los manifestantes sostenían pancartas en las que exigían un incremento de su magro salario para hacer frente al aumento del coste de vida en el país asiático.
Las pancartas acabaron manchadas con la sangre de cinco de los trabajadores, que murieron ese 3 de enero a raíz de la dura represión policial, y de casi 40 heridos que tuvieron que ser hospitalizados. Uno de los manifestantes todavía continúa desaparecido. La denuncia de una bloguera de moda que pasó por las fáfricas textiles camboyanas está sacando los colores a multinacionales como H&M, en la que ha centrado sus ataques hacia un sistema de producción generalizado en el país.
La situación de trabajadores como Hok Pov o Ly Tola ha vuelto recientemente al punto de mira de la opinión pública internacional después de que la bloguera Anniken Jørgensen decidiera denunciar estas prácticas y centrar sus críticas en el gigante textil H&M. La multinacional sueca ha sido acusada en numerosas ocasiones, por permitir que sus proveedores despidan a trabajadores sin pagarles, protagonicen desmayos masivos o, simplemente, por imponer salarios extremadamente bajos a sus empleados. Después de la denuncia de Jørgensen, H&M se justificó asegurando que están haciendo «un extensivo trabajo para por ejemplo conseguir sueldos justos, promoviendo los derechos de los trabajadores, así como lugares de trabajo saludables y seguros». Sin embargo, para Tola Moeun, «Wal Mart [el gigante de la distribución estadounidense] es la marca más irresponsable. Otras como Inditex tienen prácticas similares aunque toman algunas acciones cuando reciben quejas».
Los asesinatos de enero no son los primeros registrados en la industria textil y del calzado de Camboya, un sector que ha crecido rápidamente durante los últimos años como consecuencia del incremento de salarios en China. En febrero de 2012, tres manifestantes murieron por impactos de bala de la policía durante una huelga en una fábrica donde se hacían zapatillas para Puma. En noviembre, la policía abrió fuego contra los manifestantes, con un balance de 10 heridos y un muerto. En este caso, la fábrica trabajaba para firmas como Levi Strauss, Gap y H&M, entre otros. «Ha sido un gran revés para la situación de los derechos humanos [en Camboya]. No ha habido ninguna investigación para depurar responsabilidades por la actuación policial», asegura Sopheak Chan, presidenta del Centro Camboyano por los Derechos Humanos (CCHR en sus siglas en inglés).
El textil es uno de los principales sectores industriales de Camboya y supone aproximadamente el 84% de las exportaciones del país, según datos de la Organización Internacional del Trabajo. Da además trabajo a aproximadamente 475.000 personas que cosen en más de 550 fábricas registradas ante las autoridades. La cifra aumenta, sin embargo, si se incluye el número indeterminado de talleres clandestinos que opera en el país asistiendo a esas fábricas durante los picos de trabajo y que no son sometidos a ningún tipo de control.
Sin embargo, las violaciones de los derechos laborales son frecuentes en ambos tipos de centros de producción. Hok Pov lo sabe bien. Durante los últimos diez años ha trabajado para varias fábricas registradas en las que ha soportado jornadas interminables, insultos de sus capataces y pagos irregulares. «Lo peor de todo es no tener la certeza de cuánto te va a durar el trabajo», asegura la camboyana.
Durante todo este tiempo, Hok Pov ha encadenado contratos de seis meses que eran renovados uno o dos días antes de expirar. Salvo en dos ocasiones. La primera, por un embarazo no deseado. «Me tomé unas pastillas para abortar porque no quería perder mi trabajo. Pero estaba embarazada de mellizos y sólo perdí uno», asegura Hok Pov. Pocos días después, acudió a una curandera para abortar el segundo feto. El agresivo método utilizado para interrumpir el embarazo la dejó tan débil que no pudo acudir a trabajar durante varios días y fue despedida. «Ni siquiera me dieron la compensación que me correspondía», asegura. En la segunda ocasión, su contrato fue rescindido tras participar en una protesta para mejorar la ventilación de la fábrica. «Sólo hay unos pocos ventiladores y tenemos que pasar muchas horas allí, sin apenas descansos», dice Hok Pov.
La legislación camboyana establece una jornada laboral de ocho horas, seis días a la semana, con un máximo de 2 horas extraordinarias por día. El total nunca debe sobrepasar las 60 horas semanales. No obstante, los sindicatos denuncian que a menudo los trabajadores hacen hasta 80 horas semanales, especialmente durante los periodos de mayor consumo en los países desarrollados, como las semanas previas a Navidades. Gracias a estas horas extraordinarias, los trabajadores pueden incrementar su salario base de 78 euros mensuales hasta los 124, una cantidad que los sindicatos consideran que debería ser el mínimo para una jornada de 48 horas semanales. «Yo los llamo los incentivos de la muerte, porque los trabajadores necesitan tanto el dinero que trabajan hasta la extenuación», dice Tola Moeun, responsable del Departamento Laboral de la ONG Centro para la Educación Legal de la Comunidad (CLEC en sus siglas en inglés) .
Este exceso de trabajo, junto a la pobre alimentación y las altas temperaturas que se alcanzan en las fábricas, ha provocado repetidos desmayos masivos en los talleres. El último de ellos se registró a mediados del mes de agosto, cuando más de 100 trabajadores de 6 fábricas diferentes situadas en el mismo complejo industrial se desvanecieron. Better Factories, un programa de la OIT lanzado en 2001 para mejorar las condiciones laborales en los centros textiles de Camboya, intentó atajar la situación en 2011 proporcionando comida gratis a los trabajadores.
Sin embargo, en lo que va de año, al menos 1.000 personas se han desmayado, casi 200 más que durante el mismo periodo de 2013, según datos del Ministerio de Trabajo recogidos por el periódico Cambodia Daily. «Los desmayos masivos son muy mediáticos, pero hay desvanecimientos todos los días, de al menos 2 o 3 trabajadores», explica Tola Moeun.
Las fábricas camboyanas también han sido denunciadas por el continuo uso de menores en las líneas de producción. Ly Tola comenzó a trabajar en una fábrica textil hace casi un lustro, cuando tenía tan sólo 14 años. La ley camboyana prohíbe a los menores de 18 años trabajar, pero Ly presentó la identificación de su hermana mayor para conseguir el puesto. Nadie comprobó, sin embargo, que la hermana trabajaba desde hacía algunos meses en la misma fábrica. Ambas siguen ahora cosiendo juntas y viven en una pequeña vivienda cercana donde duermen con otras seis personas en la misma habitación. «Mandamos la mayor parte del dinero a nuestros padres, así que no nos queda mucho para nuestros gastos», dice Ly Tola, que procede de una aldea a dos horas de la capital.
Las ONG tienen pocas esperanzas de que las condiciones mejoren en el futuro. «Se han hecho pocos progresos en lo que se refiere a condiciones de trabajo en las fábricas durante los últimos años y los últimos informes de control indican que las condiciones se han degradado», asegura un informe de CCHR de enero de 2014. La OIT es más optimista y en un informe de junio de 2014 afirma que ha habido progresos en los pagos de salarios y en los beneficios otorgados a los trabajadores, aunque las califica, tan sólo, de «pequeñas mejoras».
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