En el Ecuador, por temor a represalias legales muchos médicos, enfermeros y otros miembros del sistema de salud optaron por denunciar a las mujeres que llegaban a hospitales y centros de salud con procesos de abortos no provocados. La Ministra de Salud envió un memorando en agosto de 2017 aclarando que su deber era asistir a estas mujeres, no denunciarlas.