La deuda del Sector Público es impagable, debe U$S 13.428 millones, el PBI de 2004. En los próximos cinco años, período del nuevo gobierno, se concentran pagos por U$S 6.552 millones en amortizaciones y U$S 2.567 millones en intereses, 49% y 43%, respectivamente, del total de compromisos de deuda. Los intereses de la deuda En […]
La deuda del Sector Público es impagable, debe U$S 13.428 millones, el PBI de 2004. En los próximos cinco años, período del nuevo gobierno, se concentran pagos por U$S 6.552 millones en amortizaciones y U$S 2.567 millones en intereses, 49% y 43%, respectivamente, del total de compromisos de deuda.
Los intereses de la deuda
En 2005 y 2006 el Sector Público No Financiero debería pagar por intereses U$S 717 millones y U$S 576 respectivamente (24% y 19% del presupuesto del Gobierno Central), lo cual impediría que se comience a pagar, a través del presupuesto público, la enorme deuda social. Debe considerarse, como muestra, que en 2004 se pagaron por intereses más de lo pagado en un año a todos los trabajadores del Gobierno Central (112%). El problema de la deuda vuelve a ser fundamental como en los años 80.
La deuda social debería ser una prioridad nacional, dentro de este concepto se pueden incluir: las necesidades básicas insatisfechas de la población; el deterioro de la capacidad y calidad de los servicios públicos; la incapacidad del país para generar empleo adecuado a todos los que lo necesitan; la parte del presupuesto público asignado que no fue ejecutado (U$S 300 millones anuales en promedio en los últimos cinco años).
Condiciones Sociales
La pobreza excede las carencias materiales imponiendo restricciones de los derechos humanos y ciudadanos; las personas que viven en esa situación (41% en 2003) son vulnerables social y económicamente. Esto es más grave ya que afecta fundamentalmente a los niños y adolescentes, 61% de los menores de dieciocho años, y como contrapartida solamente son pobres el 10% de las personas en la tercera edad y el 38% de los adultos.
Estudios realizados demuestran, a su vez, que: «El aumento de la desigualdad obedece principalmente al mal desempeño del mercado de trabajo en los 90. Tanto el aumento del desempleo como el aumento de la desigualdad salarial se trasladó a los hogares (…) La situación del mercado de trabajo es un factor explicativo central de la evolución de la desigualdad de los hogares y por tanto, de la pobreza.»
Indicadores económicos
Hay indicadores rotundos: a) el salario real, se redujo 23% de 1998 a 2004; b) el desempleo creció de 10,1% en 1998 a 16,9% en el 2003, si bien descendió en 2004 a 12,1%; c) los ocupados con problemas de empleo pasaron de 20,3% a 44,6%; d) continuó aumentando la brecha entre el producto por habitante y el salario real, el crecimiento del PBI en 2003 y 2004 no se reflejó en el salario real que se redujo 12,4% y 0,4%, respectivamente.
«Durante la recesión 1999-2003 se deteriora la calidad del empleo por el aumento del subempleo y del empleo no registrado, que acompañan el aumento del desempleo, de la emigración, de la pobreza y de la exclusión», según demuestra un estudio del Instituto de Economía.
El 40% de la población económicamente activa no tiene cobertura de seguridad social, considerando los trabajadores que deberían ser cotizantes del BPS y no lo son y los desempleados que no cobran la prestación del seguro de desempleo.
Los desafíos y las márgenes de maniobra de un gobierno en disputa
El modelo económico neoliberal, los shocks externos y las carencias de la conducción económica han afectado fuertemente al aparato productivo, en particular al sector manufacturero – bajos niveles de inversión, retraso tecnológico, pérdida de mercados externos, desaparición y desestructuración de empresas y productores -, lo que ha tenido consecuencias muy negativas en los niveles de empleo, distribución del ingreso y, consecuentemente, en el aumento de la segmentación y la exclusión social.
Se ha reducido la capacidad del Estado a través de ajustes fiscales y desajustes fiscales permanentes, la desregulación de mercados, la privatización parcial de empresas estatales y el entramado clientelista y los niveles de corrupción de aquellos sectores del bloque en el poder que realizan sus intereses a través del Estado.
Son múltiples, por tanto, los desafíos económicos del gobierno electo, entre los que destacan:
a). Comenzar a pagar la enorme deuda social (que no se agota con el plan de emergencia), que implica mejorar sustancialmente la capacidad del Estado, el cual con transparencia absoluta debería impulsar procesos de participación social efectivos.
b) Impulsar una estrategia de desarrollo superadora de la causa principal de la deuda social: la baja calidad de las condiciones de trabajo.
c) Renegociar la deuda pública externa e interna a fin de liberar recursos para atender a través del presupuesto público las demandas sociales e impulsar el desarrollo productivo.
d) Mantener un tipo de cambio competitivo que sostenga el crecimiento exportador y la estabilidad macroeconómica.
e) Modificar la institucionalidad económica – creada en treinta años de neoliberalismo-, para favorecer el desarrollo del mercado interno y de actores sociales fundamentales como los trabajadores.
Evaluar las probabilidades de que se superen esos desafíos y se satisfagan las demandas sociales hace necesario considerar algunos aspectos políticos claves:
– Accede al gobierno, no al poder, una fuerza política policlasista que incluye en su base social a trabajadores, capas medias y sectores de la burguesía nacional. – En lo ideológico el triunfo del FA no se produce por un corrimiento a la izquierda de la ciudadanía, sólo un 33% de los votantes se define como de izquierda o centro izquierda. – El cambio esencial es un corrimiento de la propuesta programática hacia el centro lo que se refleja en la sucesiva ampliación de las alianzas.
Intereses socioeconómicos contrapuestos
Como consecuencia, en el seno del gobierno electo, y en la fuerza política, se expresan intereses socioeconómicos contrapuestos que no permiten afirmar, a priori, si el nuevo gobierno será una alternativa al neoliberalismo.
Se inicia un proceso signado por la contradicción latente entre una tendencia que se expresa en la dirección de la conducción económica – la cual tiene propuestas de política macroeconómicas más cercanas a la continuidad del modelo neoliberal que a una ruptura con dicho modelo -, y otras posiciones, como las del PIT-CNT, que apuestan a cambios importantes en la forma de organización del proceso económico jerarquizando el papel del Estado, los trabajadores y la sociedad en la aplicación de una estrategia de desarrollo productivo con énfasis en el fomento de la producción nacional, las pequeñas y medianas empresas y el cooperativismo, lo que exige cambios importantes en las reglas de juego y en la política económica.
No puede haber una estrategia alternativa de desarrollo en el marco de las instituciones (reglas de juego) creadas por el neoliberalismo: la búsqueda de cambios institucionales, tanto para crear «compuertas» a la globalización, como para acotar los daños que provocan los actuales derechos de propiedad, deberían ser aspectos prioritarios de la agenda económica.
En el superávit fiscal primario que se acuerde como meta con el FMI y en la prioridad que tengan, en el presupuesto nacional, la deuda externa o la deuda social se estará reflejando el predominio de una u otra concepción.
Uruguay productivo
Las dos tendencias señaladas pueden coexistir durante un tiempo, pero el estrecho margen de maniobra económico financiero provocará la agudización de la contradicción que significa mejorar sustancialmente la capacidad de los trabajadores – defensa de los fueros sindicales, aplicación de los consejos de salarios, ley de negociación colectiva y puesta en marcha del Consejo de Economía Nacional – y tratar de aplicar, a la vez, políticas que no difieren significativamente de las que han predominado en los últimos años.
La disyuntiva del nuevo gobierno es aceptar, más allá de los «discursos y los gestos», las premisas del modelo dominante o elegir un camino independiente, lo cual implicará necesariamente desarrollar un paradigma institucional alternativo.
Para que haya un Uruguay productivo no basta con el cambio de gobierno, hay que cambiar el modelo – las reglas de juego y la estrategia de desarrollo – y para ello se requiere una acumulación de fuerzas mucho mayor que para realizar cambios de grado dentro de la actual trayectoria. Esa es la tarea.