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Aborto e impunidad

Fuentes: Brecha

Bastó que pendiera nuevamente la amenaza de un veto presidencial para que, otra vez, se esfumara la posibilidad de que la sociedad abordara la discusión que se debe sobre el tema de la despenalización del aborto. Bastó que «cayera» la orden de rebobinar, para que la ley interpretativa de la ley de caducidad fuera a […]

Bastó que pendiera nuevamente la amenaza de un veto presidencial para que, otra vez, se esfumara la posibilidad de que la sociedad abordara la discusión que se debe sobre el tema de la despenalización del aborto. Bastó que «cayera» la orden de rebobinar, para que la ley interpretativa de la ley de caducidad fuera a parar a un cajón. Ahora no, se arguye desde esferas oficiales.

«Vázquez amenazó con disolver las cámaras si legalizan el aborto», tituló el diario El Observador en su página cinco el martes 7. En el cuerpo de la nota se informaba que el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa trasmitió, a los cabeza de lista de la coalición primero y luego a todos los senadores de la izquierda, que ante la presentación de un proyecto que propusiera la despenalización del aborto el presidente de la república era partidario de «recorrer todos los caminos constitucionales» para impedir su puesta en marcha. Lo que incluía «vetar la ley» y en caso de que el Parlamento levantara el veto «disolver las cámaras».

Hubo, entonces, un momento de incredulidad, un tiempo de espera para el desmentido, que recién llegó 24 horas después en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer. «¿Usted me escuchó decirlo de mi propia boca?», le preguntó el presidente a un periodista que respondió negativamente. «Entonces, partimos de la base de que yo no lo dije. ¿De acuerdo? ¿Alguien lo escuchó? -insistió Vázquez-. Y no lo haría porque es un disparate plantear este tema, porque está absolutamente contemplado en la Constitución que el inicio de un camino de este tipo solamente se da cuando hay una censura a un ministro; y no existe otra figura constitucional que lo ampare.»

Sin embargo el desmentido de Vázquez volvió a chocar con las afirmaciones de Nin, quien confirmó a radio El Espectador que había trasmitido a los legisladores las palabras del presidente. Y varias fuentes que participaron de la reunión de senadores confirmaron a BRECHA que Nin aseguró haber comunicado con «palabras casi textuales» lo manifestado en su momento por Vázquez.

 

Todos para uno

Tanto en esta ocasión, como en 2005 (cuando tras un almuerzo con el arzobispo de Montevideo Vázquez confirmó que vetaría cualquier ley que propusiera la despenalización del aborto), primó en muchos legisladores frenteamplistas una doble reacción: por un lado, desazón y enojo ante la amenaza presidencial cada vez que el tema intenta llegar a la superficie, y por otro, una dificultad para asumir públicamente sus discrepancias con los procedimientos de Vázquez. «Ya sabíamos desde antes de que asumiera cuál era su posición respecto al aborto», «es su opinión y tiene derecho», «el veto es una potestad del presidente», afirmaron resignados algunos legisladores.

También en estas idas y venidas hubo cambios en la voluntad de voto de algunos legisladores. Tal vez la posición de Alberto Cid (au-FA) en este tema sea emblemática: médico al igual que Vázquez, por razones científicas y sanitarias alzó su mano en 2004 para apoyar la ley de salud reproductiva. El año pasado, cuando el presidente anunció su intensión de vetar la ley, el senador explicó (véase BRECHA, 22-IV-05) que, si bien seguía pensando lo mismo no estaba dispuesto a generar enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y la bancada: «Entiendo que no debemos establecer una dificultad al pe, que ya tiene suficientes dificultades».

Estos días Lilián Kechichián (AP-FA) planteó en diputados la eliminación de los artículos que hacen referencia al aborto, para habilitar la aprobación del resto de la ley. La propuesta no fue aceptada, ya que los legisladores encuentristas dicen apostar al diálogo con el presidente. Por ello el proyecto, que se pensaba presentar en estos días, se postergó por unas semanas, explicó a BRECHA Mónica Xavier (ps-FA) y se solicitó una entrevista con Vázquez para destrabar el conflicto.

 

Qué linda la democracia

Desde la sociedad civil las reacciones no se hicieron esperar. En el acto de lanzamiento del Primer Plan Nacional de Igualdad de Derechos y Oportunidades, realizado en el Edificio Libertad, la Comisión Nacional de Seguimiento (1) (CNS) esperó al presidente en el salón de actos con pancartas en forma de mano en las que se leía «voto a favor de la salud reproductiva». El presidente respondió de inmediato: «esto abre un camino de análisis, de discusión, de un tema en el que podemos tener distintas opiniones, creo que todas respetables, y donde seguramente con argumentos de distintos tipos, de distinta naturaleza, los uruguayos -como lo hemos hecho históricamente- procesaremos entre todos cuál es la posición que este país tiene sobre los distintos temas. No debemos temer a la discusión, a la presentación de ideas, por opuestas que sean. Sí debemos temer al oscurantismo, o a tratar de imponer por la fuerza a otros lo que nosotros creemos que es correcto».

Alejandra López, de Mujer y Salud en Uruguay (mysu), piensa que más allá del discurso la participación popular en este tema no se operativiza nunca en los hechos. La vocación dialogante del presidente también fue puesta en duda por la CNS. En diciembre de 2004 la comisión y la red temática de género de la Universidad de la República solicitaron una entrevista al entonces electo presidente, que fue delegada a Nin Novoa y que, aún hoy, no se concretó. El 1 de marzo de 2006, al cumplirse un año de la asunción, la CNS solicitó una nueva entrevista a Vázquez y los ministros. Una vez más -por razones de agenda- la reunión fue delegada al vicepresidente, algo que las organizaciones declinaron aceptar.

Fuentes del legislativo dijeron a BRECHA que a comienzos de este año Xavier (una de las legisladoras más comprometida con la aprobación del proyecto), mantuvo reuniones reservadas con Vázquez en las que solicitó al presidente que no vetara la ley, para abrir así un gran debate que se cerraría con una consulta ciudadana. Pero no tuvo éxito. Para Lilián Abracinskas, una de las coordinadoras de la CNS, por más que el veto sea constitucional deben existir razones que trasciendan las convicciones personales para aplicarlo. «De lo contrario deberíamos poner en consideración si esto es constitucional. Es lo mismo que decir: ‘Es mi posición personal, tengo derecho a imponerla y que el resto se embrome. ¿Cómo transita el Parlamento? ¿Cómo se revuelve la ciudadanía? Y ¿cómo se resuelve el problema?, no es asunto mío. Transiten otra solución porque ésta no la habilito’. Para mí todo esto pone en discusión el ejercicio democrático del poder en la Presidencia. Si hay una ciudadanía mayoritariamente posicionada (2), un Parlamento que en su origen votaba a favor, por más que debatamos, y lleguemos a un acuerdo a nivel parlamentario, el veto al final VA a frenar todo ese proceso», concluyó.

 

Uno para todos

Desde el Parlamento se reconoce el poder político que tiene el presidente «más allá de lo formal» y así se justifica la necesidad de negociar con el Ejecutivo antes de discutir la ley en el ámbito legislativo. ¿Los avisos constantes de veto soslayan la independencia de los legisladores de izquierda? ¿Puede la opinión de Vázquez convertirse en argumento presidencial para dejar sin efecto una decisión legislativa que parece concitar la aprobación de buena parte de la población? La izquierda elude el debate, más allá de algunas expresiones puntuales que, en su mayoría, terminan dándose de bruces contra la inamovilidad de Vázquez.

Para Edgardo Ortuño (VA-FA) «La Constitución le da facultad para expresarse en el proceso de elaboración de la ley. Es verdad que son atribuciones fuertes, pero la Constitución se las da al presidente y no a Tabaré. En lo político creo que debe habilitarse la convocatoria a los ciudadanos».

Para Xavier, el presidente Vázquez tiene una postura personal respetable pero al momento de gobernar «se debe trascender las decisiones personales». Margarita Percovich (VA-FA), otra de las impulsoras de este proyecto, considera que en su rol de legisladora debe «controlar al pe en la ejecución de las políticas públicas y los servicios públicos que le tienen que llegar a la ciudadanía. Entendemos que hay un problema sanitario: los abortos son realizados en condiciones clandestinas e inseguras, y eso tiene que ver con una política sanitaria. Podrá haber quien está de acuerdo y quien no, ahí está la votación». En tanto, el coordinador de la bancada del Senado, Carlos Baraibar (au-FA), sorprendentemente, no lo considera «su tema»: «No tengo vocación sobre el tema, no quiero decir ninguna palabra sobre el tema. Sufro cada vez que me lo piden».

 

Notas

(1) La CNS coordina organizaciones de mujeres y grupos feministas. (2) El 63 por ciento de la población se pronunció a favor del proyecto sobre defensa de la salud reproductiva, según una encuesta realizada por Equipos Mori en 2004. En enero de 2005 entre los 15 y 59 años la cifra era de 68 por ciento según la Encuesta Nacional de Reproducción Biológica y Social de la Población Uruguaya realizada por el msp, ine, ur, mysu, unfpa.Hay cosas peores. Interrogado sobre el aborto el presidente no perdió oportunidad para recordar que hay cosas peores: «Y por último, quiero decir a todos quienes me escuchan, con mucho respeto, que el hábito de fumar mata mucho más que los abortos a mujeres y mata a pequeños niños que nacen con malformaciones congénitas cardiovasculares cuando la madre fuma durante el embarazo. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias, buenos días».