Por primera vez desde la restauración democrática de 1985 en Uruguay, seis agentes de la dictadura acusados de violaciones de los derechos humanos fueron arrestados entre el viernes y este sábado. Están requeridos en extradición por la justicia argentina. La jueza uruguaya Aída Vera Barreto ordenó en la víspera el arresto de seis de los […]
Por primera vez desde la restauración democrática de 1985 en Uruguay, seis agentes de la dictadura acusados de violaciones de los derechos humanos fueron arrestados entre el viernes y este sábado. Están requeridos en extradición por la justicia argentina.
La jueza uruguaya Aída Vera Barreto ordenó en la víspera el arresto de seis de los siete acusados de la desaparición en 1976 de la ciudadana argentina María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman, en respuesta al pedido de prisión preventiva librado esta semana por la justicia del país vecino.
El subsecretario del Interior de Uruguay, Juan Faroppa, dijo a IPS que el ex militar Ricardo Arab estaba detenido en dependencias policiales desde el viernes, mientras que permanecían arrestados desde este sábado en unidades castrenses los oficiales retirados José Gavazzo, Jorge Silveira y Ernesto Rama.
En tanto, el ex policía Ricardo Medina, que se encontraba prófugo, fue detenido y enviado también a dependencias policiales. Otro de los acusados, el militar retirado Gilberto Vázquez, se entregó por la tarde al comando del Ejército.
Todos los detenidos comparecían este sábado ante la jueza Vera Barreto, que ratificó los arrestos. Los acusados pueden permanecer hasta 30 días detenidos en espera de que se inicie el trámite para determinar si se dará curso a su extradición.
El próximo lunes, el embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, entregará a la cancillería de este país los exhortos de las extradiciones, cuya tramitación por el Poder Judicial puede demorar un año.
El pedido de la justicia argentina comprende también al ex comandante en jefe del ejército, Julio César Vadora, ya fallecido.
La justicia argentina investiga la responsabilidad de los uniformados uruguayos en la desaparición y presunta muerte de García, secuestrada en agosto de 1976 en Argentina por agentes de la dictadura de ese país (1976-1983), junto con su esposo Marcelo Gelman, cuyo cadáver apareció poco después.
García, de 19 años y con un embarazo de ocho meses y medio, fue trasladada a Uruguay por personal militar uruguayo en octubre de ese año e internada en un centro de detención ilegal.
Luego de dar a luz, fue asesinada a comienzos de 1977 por un oficial de policía, presuntamente Medina, según las investigaciones en Argentina.
La hija de García, Macarena Gelman, fue identificada y ubicada en Uruguay, donde había sido criada por la familia de un policía desde que le fue sustraída a su madre. Esta historia se pudo conocer gracias a años de investigaciones llevadas a cabo por su abuelo, Juan Gelman.
El gobierno uruguayo del socialista Tabaré Vázquez, iniciado en marzo de 2005, puso en marcha una campaña para hallar los restos de unos 26 desaparecidos en este país presuntamente enterrados en cuarteles y otros predios militares, de un total de unos 200 con igual destino trágico, la mayoría de los cuales fueron secuestrados en Argentina.
Hasta ahora sólo se han podido identificar los restos de Ubagesner Chávez Sosa y de Fernando Miranda, sepultados en distintos lugares cercanos a Montevideo y en jurisdicción militar tras ser asesinados en sesiones de tortura.
Un informe del Ejército entregado al gobierno a mediados del año pasado, con lo que parecía la indicación precisa de los restos de García, no condujo a nada, tras meses de excavaciones.
Simultáneamente, un proceso judicial en Uruguay contra los sospechosos del crimen de la joven argentina fue archivado en agosto de 2005, cuando el fiscal consideró que el caso estaba comprendido en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, pese a la opinión contraria del Poder Ejecutivo.
Esa norma fue aprobada en 1986 y ratificada por referéndum en 1989 con el propósito de alejar de los tribunales civiles a militares y policías acusados de secuestro, tortura, asesinato y otras violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Los secuestros de Gelman y de García fueron perpetrados en el marco de las operaciones represivas conjuntas de las dictaduras sudamericanas, en los años 70 y 80, conocidas como Plan Cóndor. (FIN/2006)