Por su firmeza, congruencia, imaginación, abnegación y capacidad organizativa, el movimiento popular contra el fraude y la imposición de un presidente espurio y en favor de los derechos democráticos ciudadanos rebasó a todos los actores políticos del país, incluyendo a los partidos de la izquierda institucionalizada y a la otra campaña. A más de un […]
Por su firmeza, congruencia, imaginación, abnegación y capacidad organizativa, el movimiento popular contra el fraude y la imposición de un presidente espurio y en favor de los derechos democráticos ciudadanos rebasó a todos los actores políticos del país, incluyendo a los partidos de la izquierda institucionalizada y a la otra campaña. A más de un mes de las elecciones y con la certeza de un fraude electoral -orquestado y consumado desde las estructuras mismas del Instituto Federal Electoral (IFE), con la intervención especializada de las huestes de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo y sus avispados discípulos en Acción Nacional-, este movimiento no tiene visos de desgaste o mengua y, por el contrario, enfrenta con éxito, incluso entusiasmo, las estrategias gubernamentales, la satanización mediática, empresarial y eclesiástica, la intelectualidad sistémica, las agresiones, infiltraciones y provocaciones, los naturales desacuerdos internos e, incluso, las deslealtades y omisiones de uno que otro funcionario y representante popular electos de la coalición Por el Bien de Todos, para quienes la resistencia cívica es un estorbo en el futuro desempeño de sus importantes funciones públicas o tareas legislativas.
Con la sabiduría que otorgan la experiencia traumática de más de 70 años de régimen priísta, una transición democrática y reforma del Estado frustradas, una democracia tutelada por los grandes intereses corporativos y grupos delincuenciales, el movimiento popular no tiene la menor confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su resolución inicial, el recuento de 9.07 por ciento de las casillas de votación, expresa la rutinaria, burocrática y limitada interpretación de las leyes y la Constitución, en un país en donde magistrados y jueces adecuan el derecho y la administración de justicia a las necesidades y exigencias de los poderosos. Resultó grotesco escuchar al presidente magistrado del tribunal en su alocución final referirse al concepto jurídico de certeza, cuando las profusas pruebas de la defraudación, dolo, irregularidades, errores aritméticos y programas electrónicos arreglados a modo de los delincuentes electorales son de dominio público. La primera sesión del tribunal fue una lamentable demostración de la necesidad imperiosa de transformar a fondo todo el andamiaje jurídico de la República y la composición del Poder Judicial, con base en un cambio de rumbo con orientación popular en el sistema de hegemonía de la nación mexicana.
También, en los campamentos de la resistencia existe una justificada desconfianza en el conteo iniciado el miércoles pasado, dada la eventual manipulación previa de los paquetes por los funcionarios del IFE y la no descartada intervención de mapaches profesionales que cuadran cifras y sustituyen actas y documentos. La coalición, por su parte, aceptó participar bajo protesta en el nuevo conteo, en el entendido de que ahora sí no descuidarán ninguna de las casillas ni confiarán en las supuestas vocaciones democráticas e imparcialidad de los magistrados y jueces federales que dirigen y supervisan todo el proceso, ¡la iglesia en manos de Lutero!
Los medios de comunicación masiva, particularmente los televisivos, radiales y algunos de la prensa escrita han perdido toda legitimidad frente a millones de mexicanos. Como resultado, estos medios no sirven de mucho al poder establecido para las tareas de manipulación y deformación de la opinión pública. La histeria, simplificación y el maniqueísmo de locutores, conductores, editorialistas y, en suma, sicarios de la información, han producido un efecto inverso a sus pretensiones de ganar adeptos a la causa del orden, el estado de derecho y la lucha contra los violentos y renegados.
En el campo de la derecha las cosas no van bien. Su candidato no convence ni a sus propios seguidores y dirigentes partidarios, que en lugar de respaldarlo, prefieren irse de vacaciones, eso sí, de naturaleza muy recatada y religiosa. El bajo perfil político, intelectual y moral de quienes rodean a Calderón y sus conexiones directas con El Yunque y otros agrupamientos confesionales, así como los apoyos solícitos de las mafias sindicales, dan una idea de lo que sería el gobierno en caso de que se imponga el golpe de Estado técnico que pretenden consumar con el fraude y la presidencia espuria. Por ello, los grandes electores no descartan la posibilidad de la presidencia interina, cuyo titular sería nombrado por la mayoría cómplice de lo que queda del PRI y el PAN. Con el interinato consideran que se podría desactivar el movimiento popular, reagruparse, realizar las ansiadas reformas estructurales que Vicente Fox no pudo efectuar del todo y enfrentar una nueva elección de Estado en mejores condiciones de consenso y «gobernabilidad».
Muchos se preguntan acerca de lo que piensan los miembros de las fuerzas armadas en torno a la coyuntura política, que en un país como el nuestro son tema tabú y fuera del control y escrutinio de la sociedad y el Congreso de la Unión. Los transportes militares con civiles de indumentarias y apariencias de «estudiantes», «campesinos» y «tercera edad» son una demostración de que la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional recaba datos claves sobre el movimiento democrático popular, sin cuidar las formas de discreción que suponen sus labores de inteligencia. Ojalá que esta información no sea para otro baño de sangre como el que llevaron a cabo contra los movimientos populares del pasado, con su secuela de asesinados, desaparecidos, presos y torturados. Fortalecer el movimiento popular es clave para triunfar en esta lucha por el rescate de la nación y la dignidad ciudadana.