Tiene tres metros de alto, es de chapa metálica infranqueable, fijado al suelo con argollas de acero, reforzado con barreras de contención y sólo se puede cruzar a través de un punto de control vigilado 24 horas al día por agentes de la policía. Hablamos del muro divisorio que las autoridades locales acaban de levantar […]
Tiene tres metros de alto, es de chapa metálica infranqueable, fijado al suelo con argollas de acero, reforzado con barreras de contención y sólo se puede cruzar a través de un punto de control vigilado 24 horas al día por agentes de la policía. Hablamos del muro divisorio que las autoridades locales acaban de levantar para aislar una de las zonas más conflictivas de ¿Beirut? ¿Guantánamo? ¿Jerusalén? No, todo esto sucede en Padua, una de las más prósperas localidades del industrializado norte italiano.
Pero empecemos por el principio. En Padua, como en la inmensa mayoría de las grandes ciudades europeas, hay lugares por los que la droga campa a sus anchas. Sobre todo en la Serenissima, una barriada que los yonquis y los camellos hicieron suya hace ya años y por la que deambulan en legiones a cualquier hora del día. Sin embargo, lo que es absolutamente novedoso es el ingenioso plan con el que el Ayuntamiento de esta ciudad (para más señas, de centro izquierda) ha salido al paso a la espera de resolver este incómodo problema: han levantado un muro de casi 100 metros de longitud para incomunicar una zona del barrio y evitar el paso de traficantes y de droga.
El muro en cuestión deja encerrados en una especie de gueto a un puñado de edificios sucios y destartalados situados en la calle Anelli (también conocida como el Bronx de Padua) y en los que viven cerca de 700 inmigrantes, la mayoría clandestinos y procedentes casi todos ellos del Magreb y de Nigeria. El Ayuntamiento de Padua considera que en esos inmuebles verdes de cuatro plantas se encuentra el epicentro del tráfico de drogas y la explotación de la prostitución que desde hace tiempo hace temblar los cimientos del barrio de la Serenissima.
Los cinco edificios habitados por los inmigrantes (y por los que éstos pagan alquileres desorbitados que oscilan entre los 500 y los 1.000 euros al mes por pisos de 30 metros cuadrados muchos de los cuales carecen de calefacción) tan sólo se comunican ahora con el exterior mediante un único punto de control, vigilado por miembros de las fuerzas de seguridad. Los responsables municipales esperan evitar así el paso de papelinas de heroína, de cocaína, de hachís y de traficantes de droga de la degradada zona habitada por los extracomunitarios al área residencial de la Serenissima donde la población local anhela vivir en paz.
«Era la única salida posible a corto plazo», cantan a coro desde el Ayuntamiento. «No es la mejor solución, pero quizás es la única posible en este momento dada la situación de emergencia que se vive en la zona», asegura Paolo Ferrero, ministro de Solidaridad del Gobierno (también de centro-izquierdas) de Romano Prodi dando su bendición al muro.
Pero, por supuesto, no todos piensan así. «Es un ultraje a la dignidad de las personas», sentencian desde la organización de izquierdas Global Project. «Se trata de un modelo peligroso que puede animar a otras ciudades a adoptar y sólo puede reforzar el racismo ya existente en la zona», añaden. «Es una auténtica vergüenza», asegura por su parte la asociación Racismo Stop, al tiempo que amenaza con echar abajo el muro por la fuerza. «Los problemas no se resuelven con la militarización de un territorio», concluye Claudia Vatteroni, portavoz de Racismo Stop.
Y, por una vez, la opinión de la derecha italiana coincide con los grupos de apoyo a los inmigrantes. «Ese muro hace de Padua la Beirut de Occidente», se lamenta Remo Sernagiotto, portavoz parlamentario de Forza Italia, el partido que lidera Silvio Berlusconi. «La izquierda se permite la osadía de dividir con un muro el bien del mal», se queja Giancarlo Galan, gobernador de la región del Veneto.
Los residentes en el barrio de la Serenissima también protestan, pero por motivos bien distintos. «El muro se está demostrando demasiado bajo: los camellos y los toxicodependientes lo saltan con relativa facilidad», clama Paolo Manfrin, presidente de una asociación de vecinos que reúne a medio millar de residentes en la zona. «Proponemos la intervención del Ejército, con presencia en el barrio de un piquete armado similar a los que operaban en Sicilia hace 15 años».
La creación de este controvertido muro no es la primera medida polémica que adopta el Ayuntamiento de Padua. Recientemente, y para acabar con el botellón en el centro de la ciudad, el alcalde de esta localidad decidió dictar una ley seca por la que se prohíbe vender alcohol para llevar y se obliga a una veintena de bares a cerrar a medianoche.