Si el siglo pasado ha sido el de la internacionalización de los Derechos Humanos, la Directiva aprobada ayer por el Parlamento de la Unión Europea ha sido un paso atrás. Siempre hemos pensado que había una única categoría de persona. Con esta Directiva, se establece la subcategoría de ser humano ilegal. Privar de libertad al […]
Si el siglo pasado ha sido el de la internacionalización de los Derechos Humanos, la Directiva aprobada ayer por el Parlamento de la Unión Europea ha sido un paso atrás. Siempre hemos pensado que había una única categoría de persona. Con esta Directiva, se establece la subcategoría de ser humano ilegal.
Privar de libertad al extranjero ilegal hasta un año y medio es desproporcionado. Y lo es más porque se sustenta en criterios poco determinados: la falta de cooperación del receptor o que se estime que el extranjero es un peligro para el orden público.
Se han desconocido igualmente los derechos de las personas vulnerables. No se han tomado suficientes precauciones con relación a los riesgos que corre el extranjero en el país al que se devuelve, incumpliendo así el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura. No se han adoptado medidas específicas de protección a los menores, contradiciendo el «interés superior del menor» que recoge la Convención Internacional sobre derechos del niño.
Y todas las graves restricciones de derechos que comporta la aplicación de la Directiva se van a realizar sin establecer mecanismos de control judicial verdaderamente efectivo. A cambio se crea la figura del mediador europeo en esta materia, cuyas facultades son muy limitadas e inútiles para atajar los abusos, que tan fácilmente pueden producirse.
Todos somos conscientes que debe regularse la emigración ilegal, pero hay una gran diferencia entre considerarla un problema de seguridad pública o gestionarla de manera humana. Rápidamente nos hemos olvidado de los principios rectores en materia de repatriación forzosa que aprobó el Comité de Ministros del Consejo de Europa en el año 2005, que se orientaban en sentido contrario a lo ahora aprobado.
Europa, que ha sido y queremos que siga siendo solidaria y sostén de los Derechos Humanos, no puede privar de más derechos a quienes ya emigraron huyendo de la pobreza y aspirando a que se les reconociera como personas, con toda su dignidad.
*Miguel Ángel Gimeno portavoz de la organización Jueces para la Democracia