Por primera vez, las fuerzas armadas de Perú reconocieron que está prevista la construcción de una base militar en Ayacucho, en el valle del río Apurímac, donde en mayo ingresaron 150 soldados del Comando Sur de Estados Unidos como parte del operativo Nuevos Horizontes 2008. El presidente Alan García venía negando esa posibilidad, pero el […]
Desde hace algunos meses se especula acerca del lugar que elegirá el Comando Sur para sustituir el papel que viene jugando la base de Manta (Ecuador), en funcionamiento desde 1999, cuyo contrato vence el año próximo y, según anunció el presidente Rafael Correa, no será renovado. Días atrás Hugo Chávez mencionó la Guajira, frontera entre Colombia y Venezuela, como lugar estratégico para construir la nueva base. Otras fuentes estiman que el lugar elegido podría ser Iquitos, sobre el río Amazonas, donde las fuerzas armadas estadunidenses ya tienen elementos operando. Pero existen indicios firmes de que puede ser Ayacucho.
El analista militar peruano Ricardo Soberón estima que «la selección de Ayacucho tiene que ver con el interés de Estados Unidos de estar en el corazón de la zona más problemática en términos de seguridad que hay en el país y porque está equidistante del conflicto armado en Colombia y de los conflictos políticos en Bolivia» (Página 12, 17/6/08).
En suma, se trataría de una base situada a 600 kilómetros al sur de Lima, capaz de cubrir una amplia franja de la región andina, a la que el Comando Sur concede la máxima importancia. Basta observar el mapa para concluir que la base representa una clara amenza al control que Brasil pretende ejercer sobre la Amazonia, y que con ella se estrecha el anillo de bases que conforma un cerco al único país de la región que puede contrarrestar el dominio estadunidense.
La zona elegida presenta algunas particularidades: fue importante base de operaciones de Sendero Luminoso y aún existen pequeños grupos de esa organización, es una región con cultivos de coca, y es uno de los territorios campesinos más pobres del país. La forma de operar del Comando Sur recuerda lo sucedido en Paraguay en los últimos años. Hace pocos meses el parlamento peruano aprobó el ingreso, de forma rotativa, de un destacamento de militares estadunidenses durante cinco meses al departamento de Ayacucho, para participar en el Ejercicio Combinado Conjunto de Acción Cívica Humanitaria Nuevos Horizontes 2008.
La labor de los uniformados, como confirmó en Paraguay en 2006 una misión de la Cada (Campaña por la Desmilitarización de las Américas), consiste no sólo en ayuda «humanitaria», sino sobre todo en estudiar el terreno física y socialmente, habituar a la población a la presencia de militares extranjeros y recoger datos para establecer un sólido control social de los campesinos. La denominada «acción integral» que aplica el Plan Colombia II, destinado a la «recuperación social del territorio», se inscribe en la misma estrategia.
En Perú, como quedó demostrado en las pasadas semanas, la acción del Comando Sur choca con la presencia de una sociedad organizada. El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho convocó una movilización y paro regional para el 8 de julio, para exigir el retiro de las tropas estadunidenses. La congresista departamental Elizabeth León apoyó el paro y señaló que la población es la última en enterarse de estas decisiones. Perú aún está intentando cicatrizar las heridas de la terrible experiencia de la guerra sucia entre el ejército y Sendero, que en la década de 1990 se cobró por lo menos 70 mil víctimas, dos terceras partes campesinos quechuas.
Pero la construcción de una nueva base militar debe situarse en los objetivos de largo plazo del Comando Sur, que se ha convertido en la pieza maestra de la estrategia de Estados Unidos en América del Sur. En efecto, el informe 2007 del Southern Command establece para los próximos 10 años «el plan estratégico más ambicioso que haya concebido en años una agencia oficial estadunidense respecto a la región», según afirma Juan Gabriel Tokatlian (Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur, junio 2008). Dicha estrategia supone tres cambios de larga duración: de la contención se pasa a la primacía, que no tolera competidores; de la disuasión a la guerra preventiva, y se sustituye la red de alianzas estables por coaliciones puntuales para cumplir objetivos trazados unilateralmente por el Pentágono.
En los primeros seis meses de este año sucedieron varios hechos que permiten confirmar que la región se está convirtiendo en escenario de un conflicto por la hegemonía y el control de los bienes comunes. El ataque al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano y la reactivación de la cuarta flota de Estados Unidos, dirigida al Caribe, América Central y del Sur, son los datos más evidentes. El descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo en el litoral marítmo de Brasil termina de convertir a este país en una potencia del siglo XXI. Por último, la creación de la Unasur (Unidad de Naciones Sudamericanas) y, sobre todo, la propuesta de Lula de crear un Consejo de Defensa Sudamericano, ponen en negro sobre blanco lo que se está jugando en la región.
Si recordamos que el Plan Colombia consiguió modificar el equilibrio militar de la región, emparejando al ejército de tierra de ese país con el de Brasil, las cosas empiezan a cerrar. En algunos existe clara conciencia de la necesidad de defenderse, de ahí los acuerdos firmados en febrero de 2008, entre Brasil y Argentina, para la cooperación nuclear y de defensa. Pero la embestida imperial es muy fuerte, cuenta con aliados importantes en la región andina, como Perú y Colombia, y, por encima de todo, hay varios gobiernos, como el de Uruguay, que tienen más dudas que opciones por la región.