La UE prevé aprobar una declaración política de intenciones en la que fijar las grandes líneas de sus políticas migratorias. Varios países africanos ya lo han rechazado «categóricamente».
En la reunión del Consejo Europeo del próximo octubre se aprobará el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, que recibió la luz verde del consejo de ministros el 7 de julio. A los mandos, Sarkozy, y el Gobierno español que hace de padrino y declara, por boca de su ministro de Interior, que «recoge lo esencial del modelo español de política migratoria». Uno de los puntos destacados se refiere a la política que se conoce como «inmigración escogida», que pretende importar los recursos humanos cualificados de los países no comunitarios cerrando las puertas al resto de aspirantes a emigrar. Este planteamiento utilitarista, en función exclusivamente de los intereses propios y de las necesidades del mercado laboral, siempre lleva una explicación en la que se dice lo contrario. Esto es, que se está mirando por el interés de los países de origen. Así, esta importación de los recursos humanos cualificados se hará con carácter temporal ¡para no promover la fuga de cerebros ! Incluso esta migración, en la que sí está interesada la UE, tampoco tiene un horizonte temporal ilimitado.
Y es que la UE sí es consciente de que las políticas migratorias que viene implementando son muy cuestionables desde el punto de vista del respeto a derechos básicos. De ahí que aplique el viejo mecanismo de crear un lenguaje propio en el que quede oculto el sentido real de las medidas adoptadas. Así, el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, J. Barrot, es capaz de destacar la importancia de impulsar estas medidas «en concertación con los países de origen». El ministro senegalés de Asuntos Exteriores, Cheikh Tidiane Gadio, se encargó al día siguiente, recogiendo el sentir de la reunión interministerial africana reunida en Dakar, de poner las cosas en su sitio al afirmar : «Rechazamos categóricamente el pacto europeo, que se asemeja a la inmigración escogida.
El acuerdo adoptado de forma unilateral por la UE es contrario a la dinámica de diálogo y concertación». «Se acabó la época en la que Europa tomaba las decisiones y las imponía a África», añadió.
Otra de las medidas sanciona la expulsión como única salida para los millones de personas que no tienen el permiso de residencia, coordinando para ello vuelos conjuntos y cerrando la posibilidad de recurrir a regularizaciones como las habidas en varios países europeos. Y establece, para 2012, una visa biométrica junto con un registro electrónico de entradas y salidas en la UE que haga más eficaz el control de las fronteras, al tiempo que se refuerza el Frontex (la agencia europea de control de fronteras).
Las expulsiones podrán no realizarse hacia los países de origen sino hacia los países de tránsito. Todo esto se hace «para favorecer la integración del inmigrante». Y a la población inmigrante que sí está en situación regular, se le imposibilita, aún más, reagrupar a sus familiares, en contradicción no sólo con los pactos internacionales firmados para la protección de la vida familiar de las personas migrantes, sino en contradicción flagrante con la defensa de la familia que proclaman muchos de esos cristianísimos gobiernos. La integración de la que hablan se interpreta en clave de asimilación poniendo el acento en «la identidad de los Estados miembros y sus valores fundamentales». La orientación de las medidas adoptadas refuerza la visión de la inmigración como un problema, y las políticas que, con ese planteamiento, se implementan luego a nivel nacional. Italia es el último y más destacado ejemplo.
«RACISMO INSTITUCIONAL»
«Cuando las economías europeas bordean la recesión, es evidente el intento no sólo de hacer pagar el coste de la misma a las personas migrantes sino marcar a éstas como uno de los agentes que operan negativamente en la actual fase de crisis económica, lo que refuerza entre la población europea los prejuicios y abona el terreno para la manifestación de actitudes racistas y xenófobas. Éste es el sentido de la crítica que muchos y muchas dirigimos a la UE por lo que llamamos racismo institucional».