La inmigración clandestina será delito. El pleno del Senado aprobó el artículo 19 del diseño de ley sobre seguridad, que considera delito la entrada y permanencia ilegales en Italia. Según dicho artículo, los extranjeros que entren y residan sin permiso de residencia en nuestro país ya no irán a la cárcel como se había previsto […]
La inmigración clandestina será delito. El pleno del Senado aprobó el artículo 19 del diseño de ley sobre seguridad, que considera delito la entrada y permanencia ilegales en Italia. Según dicho artículo, los extranjeros que entren y residan sin permiso de residencia en nuestro país ya no irán a la cárcel como se había previsto en principio, sino que deberán afrontar una sanción administrativa que irá de 5 a los 10.000 €.
Tras el voto la Liga Norte se mostraba exultante: «Revolución cultural». Hubo duros ataques desde el centroizquierda a un texto que calificaron como una «norma inútil y perjudicial para el país». El senador del partido Italia de los Valores, Luigi Gotti, explicó que «el coste de los procesos que se deberá hacer a estos clandestinos, ascenderá, según datos a disposición del Ministerio, más de 400 millones €». En teoría, nada más desembarcar de las pateras en Lampedusa, debería comenzar la andadura legal hasta llegar al cobro de la multa.
El delito de clandestinidad, introducido por el gobierno Berlusconi el pasado mayo en el paquete de normas para la seguridad, suscitó críticas de la Unión Europea, Vaticano, Asociación Nacional de Magistrados y oposición. En la redacción inicial preveía «la reclusión de seis meses a cuatro años». Se planteó el peligro de hacinamiento en las cárceles, además de un aluvión de procesos. El ministro del Interior, Roberto Maroni, defendió con uñas y dientes la norma («No cederemos a las presiones UE», dijo), mientras que Berlusconi intervino con una de sus ambigüedades: primero frenó la norma, luego negó que se hubiera echado atrás.