Hace poco más de un año los irlandeses, los únicos ciudadanos europeos llamados a votar el Tratado de Lisboa, rechazaron ese texto. Ahora Dublín anuncia una nueva consulta sobre el mismo documento para el próximo 2 de octubre y para celebrarla el Gobierno ha conseguido un protocolo en el que simplemente se afirma que el contenido del Tratado no interfiere con la legalidad irlandesa, pero no se ofrece ninguna garantía de que eso no vaya a ocurrir.
La historia se vuelve a repetir. Lo mismo que sucedió con el Tratado de Niza -rechazado en primera instancia por el electorado irlandés y aprobado a la segunda intentona- ocurrirá ahora con el de Lisboa. El primer ministro irlandés, Brian Cowen, anunció ante los parlamentarios irlandeses que la nueva sobre el mismo texto se realizará el próximo 2 de octubre.
Cowen aseguró que las garantías legales otorgadas a los irlandeses en la cumbre del Consejo de Europa del pasado mes de junio son suficientes para acallar las preocupaciones que llevaron a los votantes a rechazar el Tratado de Lismo en el referéndum que tuvo lugar el 12 de junio del 2008. «Sobre esas bases, recomiendo al Gobierno que volvamos a convocar al electorado para buscar su aprobación de cara a la ratificación del Tratado», señaló el premier irlandés.
Sin embargo, grupos de presión y partidos políticos contrarios al Tratado no aceptan los argumentos gubernamentales para este segundo referendo. Roger Cole, que representa al grupo Alianza por al Paz y la Neutralidad, acusa al Ejecutivo de sacrificar los intereses y decisiones de los irlandeses ante la burocracia europea, ya que el protocolo negociado en Bruselas el mes pasado «no cambia absolutamente nada». Según Cole, la decisión de convocar una nueva consulta atenta contra la Constitución irlandesa que, en su artículo 6, establece que «todos los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, derivan del pueblo, que ostenta el derecho de designar a los gobernantes del estado y, en última instancia, decidir sobre todas las cuestiones de política nacional», porque el Gobierno ha decidido «obligar a la gente a votar de nuevo en exactamente el mismo Tratado sobre el que ya habían ofrecido una decisión final».
«Profundamente triste»
La vicepresidenta de Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ya denunció el 19 de junio, el día en que concluyó la negociación del Gobierno con el Consejo Europeo el hecho de que no se había producido ninguna alteración en el texto del Tratado de Lisboa en respuesta a las preocupaciones de los irlandeses. «Parece que a los irlandeses se les va a pedir que voten por el mismo Tratado que rechazaron el año pasado», afirmó la líder republicana, que criticó la postura del Rjecutivo irlandés, al que acusó de «no buscar o asegurar cambios en el texto del Tratado».
«Es profundamente triste que el Gobierno no haya conseguido responder a las preocupaciones reales del pueblo irlandés en relación a los derechos de los trabajadores y los servicios públicos. Incluso aquellos que apo- yan el Tratado de Lisboa han descrito la declaración como un intento fallido de `tratar adecuadamente las necesidades de los trabajadores en Irlanda y Europa'», agregó McDonald.
El líder del partido mayoritario en la oposición, Enda Kenny, del conservador Fine Gael, que junto con los partidos de la coalición de Gobierno apoya el Tratado de Lisboa, auguró una campaña difícil, ya que, según él, no se puede desestimar «la fuerza del sentimiento de confusión que existe en la opinión pública», al tiempo que se negó a confiar en las encuestas de opinión que, como ya hicieron el año pasado, en estos momentos vaticinan que los irlandeses apoyarán la ratificación del Tratado.
Y para garantizar un voto positivo, el Gobierno, junto con la Confederación de Empresarios Irlandeses (IBEC), ha desempolvado algunas estrategias de la campaña del 2008, como la presentación por parte del ministro de Asuntos Exteriores de una guía sobre el Tratado -mientras el Ejecutivo sigue sin publicar el documento en sí- o la idea de que el Tratado puede resolver la profunda crisis de la economía irlandesa, sobre la que los empresarios irlandeses rechazan tener cualquier responsabilidad a pesar de los numerosos escándalos de corrupción y financieros que se han descubierto en la industria irlandesa y, particularmente, en el sector de la construcción.
«El último año nos ha enseñado que nuestro futuro está intrínsecamente ligado a las ambiciones e intereses de nuestros asociados en Europa y al papel de Europa en el mundo», argumentó Brendan Butler, director de IBEC en cuestiones europeas, para quien «el Tratado de Lisboa facilita la toma de decisiones, otorga a Europa una voz más fuerte a nivel mundial y les da a los ciudadanos europeos mayor poder de decisión. Es un buen trato para Irlanda y un buen trato para Europa», añadió.
La repetición del referéndum ya les ha costado a los irlandeses 50.000 euros por la publicación de la nueva guía, a lo que habrá que añadir los más de cuatro millones de euros que costará llevar a cabo la consulta.