Universidades y colegios privados uruguayos también se financian -en parte- a través del gasto público. La subvención estatal a la enseñanza privada es, como mínimo, más del doble de la que reciben los hogares más vulnerables a través de la Tarjeta Uruguay Social. Además, a qué centros privados se destinan algunos fondos públicos se decide, […]
Universidades y colegios privados uruguayos también se financian -en parte- a través del gasto público. La subvención estatal a la enseñanza privada es, como mínimo, más del doble de la que reciben los hogares más vulnerables a través de la Tarjeta Uruguay Social. Además, a qué centros privados se destinan algunos fondos públicos se decide, soberanamente, por las empresas privadas. Cuánto gasta el Estado uruguayo en la educación privada no se sabe con exactitud. No hay estudios ni estimaciones oficiales que calculen el monto total de la renuncia fiscal, esto es, del conjunto de las exoneraciones tributarias que se aplican a los centros educativos (desde una academia de inglés a un costosísimo colegio). Mucho menos se puede discriminar cuánto gasta el Estado, por ejemplo, en el British Schools, la Universidad Católica o en una guardería del Cerro, pues no hay datos desagregados ni estudios sistematizados.
Lo que sí se sabe es que una parte del financiamiento de estos centros educativos proviene de dineros que no ingresaron a las arcas públicas. Las exoneraciones tributarias, de acuerdo a la definición de gasto público que maneja la unesco, deberían incluirse, en tanto renuncia fiscal, como gasto público en educación, pues implican una subvención de la educación privada (véase Brecha, 7-II-14). A su vez estas exoneraciones tienen, según la dgi, un carácter regresivo en la medida en que benefician a los hogares de mayores ingresos. Averiguar cuánto gasta el Estado en la educación privada permitiría, por ejemplo, debatir desde otras coordenadas el presupuesto global de la educación, comparar lo que le cuesta a la sociedad un estudiante promedio de la enseñanza privada frente a uno de la pública, (1) o tomar decisiones sobre cómo, a dónde y por qué se deben direccionar los recursos públicos en materia educativa.
Gasto invisible
Los centros educativos privados están exonerados de iva e irae, según el artículo 69 de la Constitución. Además, no pagan el impuesto al patrimonio, no realizan aportes patronales (el sistema público, en cambio, aporta 19,5 por ciento al bps y 5 por ciento al Fonasa), ni pagan tributos municipales, amén de otros subsidios como el transporte. Calcular todas estas renuncias fiscales, nada despreciables, es sin embargo una tarea pendiente en Uruguay. Si sólo se considera lo que el Estado dejó de recaudar por exoneración de impuestos a la educación privada (iva e irae) se llega, según la dgi, a 3.221 millones de pesos en 2012 (0,32 por ciento del pib). Esto equivale casi al gasto total de las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (0,37 por ciento, según el mides). Y más del doble que el gasto en la Tarjeta Uruguay Social (0,12 por ciento). Estas cifras interpelan el discurso -de clase- que se ensaña en cuestionar el asistencialismo a los sectores más vulnerables, pero rara vez dirige sus críticas a las subvenciones que benefician a los hogares más ricos. Porque, además, habría que sumar las exoneraciones de aportes patronales (los datos del bps no están disponibles al público) y las exoneraciones tributarias a las donaciones de las empresas privadas. Desde la reforma tributaria (ley 18.083, de 2007) las empresas que realizan donaciones a instituciones públicas o privadas están exoneradas del 75 por ciento del pago del impuesto a la renta (irae). Así, de cada 100 pesos que una empresa dona, por ejemplo, a la Universidad de Montevideo (um), 75 pesos los pone el Estado.
Donaciones dirigidas
Según este régimen las donaciones privadas terminan direccionando los fondos públicos. Las empresas definen dónde se gasta parte del presupuesto estatal. En 2012 las empresas resolvieron donar -según consta en la rendición de cuentas- casi siete veces más a los liceos privados gratuitos (Impulso y Jubilar) que a la anep, y más del doble a las universidades privadas que a la Universidad de la República (Udelar). Esto a pesar de que el 84,8 por ciento de los estudiantes uruguayos asistió, en 2011, a centros públicos (preescolar a universitarios), y un 15,2 por ciento a privados. El empresariado, asimismo, decide a qué instituciones privadas destinar los recursos.
A la Universidad Católica (ucudal), por ejemplo, el Estado le inyectó 18 veces más dinero, guiado por las decisiones de las empresas, que a la Universidad de la Empresa (ude). Las donaciones, además, se dispararon: pasaron de 1,8 millones de dólares en 2011 a más del triple, unos 6,3 millones, en 2012 (dólar a 20 pesos). Del porcentaje que le tocó gastar al Estado en 2012 por decisión del empresariado, 974 mil dólares fueron a parar a cuatro universidades privadas (ort, um, ude, ucudal) y 427 mil dólares, menos de la mitad, a la Udelar. Incluso si se sumaran las donaciones destinadas a las fundaciones que apoyan a la Udelar (422 mil dólares para las fundaciones Ricaldoni, Manuel Pérez y Manuel Quintela), las privadas igualmente recibieron más dinero. En 2011 el 95,3 por ciento de las donaciones fue a parar a la enseñanza privada. No hubo donaciones a la Udelar. De modo que el Estado gastó 893 mil dólares en las universidades privadas (47,3 por ciento del total), 904 mil en los liceos privados (47,9 por ciento) y 90 mil en otras instituciones (Pasteur, Caldeyro Barcia, Etchepare e Instituto Psicopedagógico). En 2012, sólo a través de este régimen, el Estado destinó 411 mil dólares en la ucudal, 313 mil en la ort, 227 mil en la um y 23 mil en la ude. Aportó, guiado por las empresas, 179 mil dólares adicionales en la educación pública, frente a los 895 mil que inyectó, sólo en un año, en el Impulso. Es que la anep recibió 239 mil dólares en donaciones, mientras el Impulso 1,1 millones (el doble que la Udelar, ocho veces más que Aldeas Infantiles y 120 veces más que el inau; incluso más que la Teletón, la favorita de los donantes). No obstante, gracias a este régimen el Plan Juntos, por ejemplo, recibió 121 mil dólares de las empresas en 2012, cifra no despreciable si se considera la emergencia habitacional (aun cuando 91 mil dólares fueron a cuenta de las arcas públicas).
De no mediar este régimen, podría argumentarse, ese dinero no hubiera sido inyectado ni por las empresas ni por el Estado. Sin embargo, argumentaron diversos economistas a Brecha, es el Estado quien debe resolver cuánto, cómo, por qué y a dónde orientar sus recursos. Una decisión que, en parte, hoy está en manos de las empresas privadas, aun cuando utilicen para ello la mano invisible, un poco atrofiada, del Estado.
Nota
1) En la nota «La tentación del voucher» (Brecha, 14-II-14) se sugirió que la renuncia fiscal en educación privada era del orden del 1,2 por ciento del pbi, cuando esa cifra correspondería a lo que gastan las familias y no el Estado. Por tanto, el gasto público promedio por alumno en la enseñanza privada no sería, como se afirmó, de 3.800 dólares anuales.