Comienza la campaña y de nuevo asistimos a «feroces» y «despiadados» debates y mutuas agresiones entre PP y PSOE. Viendo y oyendo las cosas que dicen el señorito Cañete y la señora Valenciano parecerían que estamos ante dos opciones políticas radicalmente opuestas que expresan proyectos de país y de Europa antagónicos. Quizás entran algunas dudas […]
Comienza la campaña y de nuevo asistimos a «feroces» y «despiadados» debates y mutuas agresiones entre PP y PSOE. Viendo y oyendo las cosas que dicen el señorito Cañete y la señora Valenciano parecerían que estamos ante dos opciones políticas radicalmente opuestas que expresan proyectos de país y de Europa antagónicos. Quizás entran algunas dudas cuando ambos reclaman que no se vote a los partidos pequeños y que se siga apostando por el bipartidismo. Si al final, como parece previsible, hay un debate televisivo a dos tendremos el escenario adecuado para que están elecciones sean cosas de dos, o que al menos, lo aparenten.
A estas alturas, sabemos con bastante precisión lo que ha significado para este país el bipartidismo: modo de organizar el poder para que sigan mandando los que no se presentan a las elecciones, es decir, los poderes económicos, auténticos y cada vez más determinantes «señores» de esta limitada y oligárquica democracia. El bipartidismo limita el pluralismo y cercena las posibilidades para construir una real y unitaria alternativa a neoliberalismo. El mecanismo funciona siempre de la misma forma: la derecha económica siempre gobierna, unas veces con la derecha política y otras veces con una izquierda que no lo es y que impide que se hagan políticas realmente de izquierdas. Hay alternancia, no hay alternativa. Es más, parecería que muchas veces la derecha económica prefiere al PSOE: se divide a la izquierda social y política y se impide que avance una propuesta alternativa a las políticas dominantes. Todo ganancias.
Las cuestiones europeas son las más adecuadas para ocultar las identidades de fondo, los consensos básicos existentes entre los partidos dinásticos mayoritarios, apoyados, esto nunca se debe olvidar, por las derechas nacionalistas catalanas y vascas. El por qué de esto es, hoy, insisto, hoy, fácil de entender. Por su propia naturaleza, las cuestiones relacionadas con la Unión Europeas son cosas de especialista, expertos, lobistas de diversos y complicados pelajes. Conforme avanza el proceso de deconstrucción de los Estados sociales nacionales y de la progresiva concentración de poder en las instituciones de la Unión, más se practica el secretismo y los acuerdos «bajo mesa» a varias bandas: entre los grupos industriales-financieros, los funcionarios y las fuerzas políticas mayoritarias, con la activa participación, paradojas del proyecto, de las instituciones económicas internacionales, como el FMI, firmemente controladas por «el amigo» norteamericano.
Esta crisis ha puesto de manifiesto algo fundamental y que los pueblos del Sur de la Unión conocen con bastante precisión: el poder político no reside en la soberanía popular sino en unas instituciones opacas a la democracia, estrechamente dependientes de los poderes económicos y al servicio de un proyecto contrario a los intereses mayoritarios de las poblaciones. Se podría afirmar que estas políticas reaccionarias son posibles porque las ordenan y mandan las instituciones de la Europa del euro; en cada uno de los Estados individualmente considerados serian imposibles o significarían la caída de los gobiernos que las aplicaran. El ‘chantaje’ europeo funciona, y para que esto ocurra tiene que haber un acuerdo de hierro entre las fuerzas políticas mayoritarias, es decir, las varias derechas y una socialdemocracia contraria a las políticas socialdemócratas.
Todo el entramado jurídico-institucional que legitima el poder omnímodo de eso que se llama la Troika se ha fundamentado hasta sus más mínimos detalles en un acuerdo estratégico de fondo, entre los grupos de poder económicos y la clase política bipartidista, es decir, entre la derecha y la llamada socialdemocracia. Insisto, todas y cada una de las directivas, resoluciones y tratados que concentraron el poder de decisión en la Troika y que acordaron un conjunto sistemático de contra-reformas profundamente contrarias a los intereses mayoritarios de las poblaciones (en lo que podemos denominar una descomunal desposesión de patrimonio público, derechos y libertades de las sociedades y las personas), fueron decididas y ejecutadas por la derecha y los socialistas.
No hay que irse demasiado lejos en el tiempo. Bastará partir del vigente Tratado de Lisboa de diciembre del 2007, y sobre todo, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) y el Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), ambos del 2012 y que significaron, en la practica y en la teoría, la radicalización neoliberal de los anteriores tratados y, lo que es mucho más grave, la legalización de un Estado de Excepción que deviene en permanente.
Los datos básicos de estos tratados no deberían olvidarse, señalan un punto de no retorno de una socialdemocracia que deja definitivamente de serlo y se convierte en aliado estratégico de la derecha económica para liquidar derechos sociales, sindicales y laborales y poner fin al Estado Social. Estos tratados, en síntesis imponen a cada uno de los estados, y a la soberanía popular, un conjunto de reglas «permanentes» y «obligatorias», entre ellas las siguientes:
- Los presupuestos deberán estar equilibrados, o con superávit. Esta regla, se considerará respetada si el déficit estructural no supera el 0,5% del PIB.
- Todos los Estados deben de introducir en su constitución esta regla de oro, y establecer mecanismos de corrección automáticos.
- Cuando los Estados no cumplen los criterios antes anunciados se someten a un Procedimiento de Déficit Excesivo, teniendo que presentar un conjunto de programa de reformas estructurales a la Comisión y al Consejo, que lo aprobaran en su caso y harán seguimiento riguroso de su puesta en marcha.
- Se establecen un conjunto de sanciones casi automáticas para todos los países que incumplan las reglas establecidas.
- En quinto lugar, la comisión europea y el tribunal de justicia de la UE refuerzan considerablemente su papel como garantes de que las reglas neoliberales se cumplen a rajatabla.
Resulta cuando menos indecente que el PSOE y sus representantes vengan a estas alturas a hablar de la Europa social o de la lucha contra el «austericidio», cuando ellos están por delante y por detrás tanto en el Parlamento Europeo como en el Parlamento español de los Tratados que consagran o constitucionalizan las políticas neoliberales. O mejor dicho el llamado ordoliberalismo alemán. El PSOE en estas cuestiones ha sido un adelantado y no un sufridor paciente. Hay que recordar, la memoria es clave en época electoral, que la única reforma sustancial de nuestra inmaculada Constitución del 78 se realizó precisamente para asegurar la máxima jerarquía jurídica estas reglas neoliberales y que las propuso un gobierno del PSOE.
El asunto llega ya al ridículo cuando la propuesta de los socialistas europeos para presidir la Comisión es nada mas y nada menos que Martin Schulz, destacado dirigente del partido socialdemócrata alemán, principal aliado gubernamental de la señora Merkel. El ridículo se convierte en tragedia cuando estos destacados «socialdemócratas» terminan gobernando (después de «durísimas» campañas electorales contra la derecha y las «suicidas» políticas ordoliberales ), como François Hollande, para finalmente hacer lo que la derecha de Sarkozy no fue capaz de llevar a cabo. ¿Alguien puede extrañarse de que en un contexto así definido la extrema derecha y los populismos de derechas crezcan y se desarrollen?
(*) Manolo Monereo es politólogo y miembro del Consejo Político Federal de IU.