Sufre la persecución y criminalización por parte del gobierno de Guatemala y la multinacional estadounidense Kappes Kassiday & Associates (KCA). Aún alberga dentro de su cuerpo, muy cerca de la columna, una bala que le dispararon en junio de 2012 dos individuos sobre una moto (un atentado que las autoridades de Guatemala nunca investigaron). La […]
Sufre la persecución y criminalización por parte del gobierno de Guatemala y la multinacional estadounidense Kappes Kassiday & Associates (KCA). Aún alberga dentro de su cuerpo, muy cerca de la columna, una bala que le dispararon en junio de 2012 dos individuos sobre una moto (un atentado que las autoridades de Guatemala nunca investigaron). La activista por la defensa del territorio, Yolanda Oquelí, es líder del Frente del Norte del Área Metropolitana (FRENAM) y de la Resistencia pacífica de La Puya, que se enfrenta al proyecto extractivo de KCA en el entorno de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc (a unos 20 kilómetros de Ciudad de Guatemala). La resistencia de la Puya es un referente en Guatemala de lucha no violenta y con participación de las mujeres frente a las transnacionales de la minería. Yolanda Oquelí, que acumula 7 demandas por oponerse al proyecto de extracción de oro y plata, ha participado en Valencia en un acto organizado por el Comité de Solidaridad CEDSALA.
-¿Cómo defines la iniciativa de la multinacional RAF y cómo afectaría al territorio y a las comunidades campesinas?
Es un proyecto impuesto, que nunca se comunicó a las comunidades campesinas. E ilegal, porque no hubo una consulta previa a la población afectada, como resulta preceptivo. Únicamente, la empresa informó a la alcaldía cuando realizó el estudio de impacto ambiental. Es por ello por lo que se produce la reacción de las comunidades y se inicia el conflicto. En el área del proyecto de extracción minera comienza el «corredor seco», una zona con escasez de agua, en proceso de desertificación y que además es una de las más secas del país. El proyecto, que se localiza a unos 350 metros de la primera comunidad, no respeta la vida de las poblaciones campesinas. Se trata de una iniciativa de extracción de oro y plata tanto a cielo abierto como subterránea, con todos los impactos que ello genera.
-¿Qué impacto ambiental tendría el proyecto minero sobre el territorio?
En el Estudio de Impacto Ambiental que la empresa presentó al Ministerio de Energía y Minas se reconoce que el nivel de arsénico en el agua es 8 veces más alto de lo normal. Cuando el proyecto se ponga en marcha, la contaminación será exagerada. Además, la compañía ha emprendido iniciativas de deforestación. Entre los impactos principales destacan los químicos, la contaminación de acuíferos y el uso abusivo de recursos hídricos. Hay que tener en cuenta que en la zona habitan poblaciones campesinas, que cultivan maíz, frijoles, tomates o frutales, y que debido al proyecto minero dejarían de producir. Porque perderían sus tierras (debido a las expropiaciones) o por los efectos de la contaminación.
-En muchas ocasiones habéis denunciado las conexiones entre KCA (y la empresa subsidiaria guatemalteca, Exmingua) y tanto el poder político como militar. ¿Puedes explicar estos nexos?
La multinacional estadounidense ha contratado con una empresa guatemalteca, en este caso Exmingua (Explotaciones Mineras de Guatemala). En esta empresa figuran exmilitares, por ejemplo, tenientes y coroneles retirados. Ellos también constituyen y dirigen las empresas de seguridad para esta multinacional. En cuanto al mundo de la política, Selvin Morales, director general de Minería cuando se adjudicó la licencia de explotación, ha llegado a gerente general de Exmingua.
-El episodio de represión más importante contra la Resistencia de la Puya se produjo en mayo de 2014. ¿Qué ocurrió?
El gobierno de Guatemala ha actuado descaradamente en defensa de los intereses privados. Ha protegido a la empresa frente al pueblo. En los hechos del 23 de mayo de este año, los «antimotines» intentaron desalojarnos, pero todavía permanecemos allí. No fue una manifestación violenta, al contrario, se trataba de una acción de resistencia pacífica en la que participaron familias completas. Sin embargo, hubo compañeras que por la actuación de los «antimotines» terminaron con el cráneo roto, o quemadas por el efecto de las bombas lacrimógenas que les arrojaron en el cuerpo (en algunos casos, a compañeras que estaban orando). Además, se dio el caso de numerosas personas intoxicadas y pateadas por la policía. Éste fue, sin duda, uno de los ejemplos en los que la represión más se hizo notar. Pero ha habido otros intentos.
-¿Cuándo se inició la resistencia y qué métodos de lucha habéis utilizado?
Empezó en 2010, cuando se dio a conocer entre las comunidades los impactos que generaba el proyecto. En el año 2012 iniciamos el Plantón de La Puya, que consiste en ir a la entrada de la mina y montar un campamento de resistencia. Esto lo hacemos sin obstruir la libre locomoción de las personas, ya que se trata de un camino que comunica a los diferentes municipios. Hasta el 23 de mayo de 2014 cortábamos el paso a los camiones de la empresa, pero ya no es posible, porque hay en la zona un campamento de la policía nacional civil (con una cantidad exagerada de agentes) protegiendo a la empresa.
-¿Qué sectores de la población integran el Plantón de La Puya?
Fundamentalmente campesinos, población indígena, y mucha gente de la capital que se siente afectada por el proyecto. Participan en la lucha familias completas de los diferentes pueblos y aldeas, que permanecen en los campamentos por turnos de 24 horas. Además de la población indígena (maya Kaqchikel), en la lucha participa asimismo la población mestiza. La conclusión es clara: se trata de un proyecto que afecta a la mayoría de la población.
-La Resistencia de La Puya se ha convertido en un punto de referencia por la importancia de las mujeres y como ejemplo de desobediencia civil no violenta. ¿Ves alguna relación entre estos dos aspectos?
El rol de las mujeres es decisivo, por la forma de lucha y por la capacidad que hemos demostrado, por ejemplo, para resistir sin caer en las provocaciones. Somos además las que estamos en primera línea: frente a la policía en los momentos de represión, pero también en la denuncia y las mesas de diálogo con el presidente y los ministros. Creo, en cuanto a tu pregunta, que la lucha no violenta está relacionada con la presencia de mujeres. Tenemos una mayor capacidad de controlarnos ante la provocación.
-En los medios informativos gubernamentales y empresariales se te ignora, o te califican de «conflictiva», «revoltosa», «intransigente» e «incitadora a la violencia». ¿Qué opinas?
No hablan de nosotros ni de nuestra lucha, salvo cuando llega el momento de la represión. Somos los «inconformes», los que rechazamos el proyecto. Esto es así en los medios de comunicación más vistos en el país. Por el contrario, en los medios de comunicación independientes se da una buena cobertura. Afirman que nuestra lucha es un «ejemplo» o la califican de «histórica», o que es un «orgullo». Éste es el tratamiento que hacen «Prensa Comunitaria» o el «Centro de Medios Independientes».
-Por último, ¿en qué punto se halla actualmente el conflicto?
Seguimos pidiendo que se nos escuche, pero continúa la represión por parte del gobierno. Contra nosotros, y a nivel nacional, contra todas las luchas. Además, seguimos criminalizados y con procesos abiertos. Hay tres compañeros de La Puya condenados a nueve años de prisión (actualmente en proceso de apelación) y otros cuatro, incursos en un proceso judicial. Nos enfrentamos habitualmente a acusaciones falsas, fianzas muy elevadas y multas muy exageradas (sobre todo, para la población campesina o personas mayores). A todo ello hay que añadir que el sistema de justicia, al igual que el gobierno, también responde a los intereses empresariales.
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