El partido de ultraderecha Cabildo Abierto pretende a toda costa amnistiar a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura uruguaya, con distintas herramientas pero con un mismo objetivo: consolidar un relato justificador de la dictadura y de impunidad.
Cabildo Abierto irrumpió en la arena política este 2019. Para algunos fue un huracán, para otros que siguen las dinastías políticas de este país de cerca, observaron como el topo de la historia asomaba su cabeza nuevamente sobre la superficie.
La vigencia de la impunidad.
Los dirigentes de Cabildo Abierto han intentado despegarse del mote de “partido militar”, pero los hechos opacan esta intención. Sus listas la integran torturadores, defensores de la dictadura e incluso imputados por el caso del químico chileno Eugenio Berríos.
Nazis confesos y promotores de escuadrones de la muerte son simpatizantes o votantes de Cabildo Abierto. El presidente del Centro Militar, organización que se compone de retirados militares, Coronel(r) Carlos Silva, manifestó en una nota que le realizaran en el 2010: “estamos pensando en algo así como armar una federación, y avanzamos firmemente en la creación de un movimiento nacionalista y artiguista(…) Hay que volver al Artigas católico y protector de la verdadera libertad».
Por si se precisa más pruebas de que esun partido controlado por una cúpula militar, el pasado 4 de agosto Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley al Senado para reinstalar la Ley de Caducidad o Ley de Impunidad. Como detalle no menor, este proyecto de ley fue firmado por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en carácter de general del Ejército y luego senador. Lo mismo realizó el senador Raúl Lozano que firmó primero como coronel.
La ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue dictada en 1986, apenas un año después de que Uruguay retomara su rumbo democrático, con todos los bemoles de esa época.
La ley expresa la caducidad del «ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto». Lisa y llanamente el Estado se autoamputa la posibilidad de juzgar delitos cometidos por los militares y policías de la dictadura.
El gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) del Partido Colorado, envió al parlamento un proyecto de amnistía para los delitos cometidos durante la dictadura, que fue rechazado rápidamente por la mayoría formada por el Partido Nacional y el Frente Amplio. En 1989 se celebró un referéndum para revocar esta ley y la respuesta popular fue de mantenerla en vigencia debido a amenazas de levantamientos en los cuarteles y un posible retorno de la dictadura.
«Es que si no se votaba la Ley de Caducidad, yo sabía que no podíamos quedarnos en la mitad del camino. Que si (el golpe) no lo daba yo, si no asumía yo la responsabilidad, iba a asumirla el que estaba atrás y si no era ese era el otro. Porque ese era el pensamiento de las Fuerzas Armadas.», lo que habría desencadenado «mediaciones» o «un baño de sangre», expresaba Hugo Medina, Ministro de Defensa de Sanguinetti.
Medina también tuvo participación en la dictadura habiendo sido ascendido a general y miembro de la Logia de los Tenientes de Artigas. Una logia dentro de las Fuerzas Armadas que encabezó el golpe de Estado de 1973.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en su informe anual de 1992-1993 concluyó que la Ley de Caducidad es «incompatible con el artículo XVIII (Derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
A su vez, recomendó al Estado uruguayo que adoptara las «medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período de facto».
En 2007 se redactó una enmienda para anular parcialmente la ley con efectos retroactivos, a la par que se realizaba una campaña de recolección de firmas para alcanzar un plebiscito. En el año 2009 junto con las elecciones nacionales se realizó el mencionado plebiscito y nuevamente el pueblo optó por la impunidad. En 2010 el Frente Amplio presentó un proyecto de ley interpretativo de la Constitución que, en los hechos, anulaba los artículos 1º, 3º y 4º de la ley Nº 15.848.
Ahora, el proyecto presentado por Manini Ríos se da en el medio de una pandemia y una crisis económica que se agrava cada día más, pero también en el año donde más procesamientos a militares hubo según el portal Sitiosdememoria.uy
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a Uruguay a abstenerse de aprobar la reinstalación de la ley de caducidad. Manini Ríos se expresó en contra de lo declarado por la CIDH comparando su exhortación con la Enmienda Platt de Estados Unidos-Cuba y calificó a la dictadura como “una fractura y un desencuentro entre los orientales”. ¡Vaya eufemismos!
Este proyecto se suma a uno que la misma formación política presentó a cargo del ex candidato a vicepresidente Guillermo Domenech, para amnistiar a los militares sobre delitos cometidos en la dictadura.
Brotes verdes…oliva
Un partido político militar es la carta que la oligarquía nacional ha jugado para llevar adelante su empresa, pero no es la única. Las derechas son un campo donde convergen distintas expresiones del Uruguay que intenta mantener su status quo: las hay liberales, conservadoras, nacionalistas, aperturistas, globalistas, ruralistas, militaristas y más.
Cabildo Abierto es la intersección de una tradición de larga data de una derecha, conservadora, católica, nacionalista y ruralista; y un movimiento a nivel mundial de Alt Right, de extrema derecha, con un discurso virulento hacia las minorías que no tienen capital (trans, inmigrantes, LGBT+, etc.)
Esta derecha se intenta despegar de las clásicas élites con impronta populista y una falsa tercera posición, en la que los votantes huérfanos se sienten cobijados por un líder que inspira orden, rectitud, sin un pasado político asociado a la corrupción, que denuncia ataques foráneos y tiene una concepción nacionalista de derecha. Su líder proviene de una de las familias patricias de este país, los Manini Ríos, dueños de diarios, empresas, integrada por políticos y militares.
El proyecto de Cabildo Abierto no es sólo una carrera sin pausa hasta la Presidencia de y las elecciones de 2024. Es un proyecto restaurador conservador, revisionista de la dictadura, con ideólogos del ámbito militar, que reivindican la Patria, la familia y Dios, autodenominados artiguistas.
Perro, amor, explota.
En el mes de julio una noticia conmocionó a la sociedad uruguaya: una persona que vivía en la calle fue prendida fuego mientras dormía en las inmediaciones de la Ciudad Vieja en Montevideo. Esa misma semana en la ciudad de Fray Bentos, en el litoral oeste del país, otro indigente fue apaleado por unos transeúntes. En los últimos tres meses han muerto dos personas en situación de calle por hipotermia. Una violencia silenciosa, con el mismo desenlace: la muerte de pobres. El mismo orígen: la aporofobia.
La semana pasada el diario oficialista El País publicó en una de sus notas que “jóvenes en autos nuevos” armados con armas de 9 milímetros y bates de béisbol, golpeaban adictos a la pasta base de cocaína. No es la primera vez que suceden estos hechos. Hace un par de años, luego de una marcha animalista, un grupo de skinheads que se encontraba en un bar salió a golpear personas.
En nuestra historia tenemos antecedentes de grupos de jóvenes de ultraderecha que realizaban estas prácticas. En 1962 hubo varios atentados por parte de organizaciones filonazis hacia instituciones y militantes de izquierdas. Una de ellas fue Soledad Barrett a la que le marcaron en los muslos dos esvásticas.
Algunas de estas organizaciones criminales son Euroamenikaners, Frente Nacional Revolucionario del Uruguay, Orgullo Skinhead, Partido Nacional Socialista del Uruguay y Partido Uruguayo.
La más recordada de estas organizaciones fue la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), fundada en 1970 por Hugo Manini Ríos, hermano del actual senador y líder de Cabildo Abierto. Con una sola frase se puede sintetizar a esta organización: «Cuando se da el primer paso golpista (la JUP) aplaude a las Fuerzas Armadas».
Las violencias:
Toda la violencia que se está expresando en la sociedad como escape de válvula, obviamente no es culpa ni patrimonio de Cabildo Abierto. Este partido es parte del fenómeno por el que estamos transitando: la crisis de legitimidad de los partidos políticos como solucionadores de los conflictos, la crisis a nivel global donde a simple vista se ven los estragos que este sistema le produce al planeta y una brecha de desigualdad que cada día se ensancha más y más, mientras el 1% más rico acapara más poder y riqueza.
Es el surgimiento de una derecha que se despega de las viejas élites y del nuevo establishment, pero al final del día responde a los intereses de clase de las élites. A lo sumo ,un cambio de nombres dentro de la burguesía.
Los discursos de odio, la violencia simbólica construyen realidad. Esa palabra proferida con saña, ese chiste discriminador, ese rechazo algún día terminará en puño o bala contra algún marginal, contra alguno que no cumpla los estándares que estos mercaderes del odio pretenden imponer.
Mientras buscamos puntos de conexión con el pasado y nos devanamos los sesos tratando de encasillar y nomenclar estos fenómenos, la ultraderecha avanza con botas de siete leguas con la anuencia y la complicidad de la derecha neoliberal hoy liderada por el presidente Luis Lacalle Pou.
En esta pequeña comarca de 176 mil kilómetros cuadrados y poco más de tres millones de habitantes suceden cosas. No somos ajenos a Latinoamérica ni estamos aislados del mundo. Aunque estamos de espalda entre pueblos y con los puertos mirando hacia las Europas.
Generalmente todo proceso demora en llegar a nuestras tierras, los brotes fascistas también, aunque más que haber llegado, parece que estaban en reposo. Será cuestión de las organizaciones sociales de transformar esa demora en virtud o agonía.
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)