El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemora cada 9 de agosto, una fecha no solo para celebrar nuestra diversidad cultural, sino también para revisar la conflictiva relación entre el Estado, la sociedad y los pueblos indígenas, y en concreto realizar un breve balance sobre las políticas públicas interculturales en el actual gobierno.
Empecemos mencionando que existen 55 pueblos indígenas en Perú, pero paradójicamente no se les reconoce plenamente el estatus jurídico de “pueblo”, la Constitución de 1993, artículo 89, señala el reconocimiento como comunidades, lo que ha llevado a que se organicen en aproximadamente cerca de diez mil comunidades campesinas y nativas, decimos “cerca”, porque aún no se tiene una cifra exacta y actualizada sobre cuántas comunidades son, dónde están y peor aún no se ha concluido con delimitar, titular y georreferenciar sus territorios, de tal forma que garantice su derecho a defender su propiedad colectiva.
Se estima que existen más de 15 pueblos indígenas en aislamiento voluntario, sin embargo, actualmente la autoridad máxima del gobierno regional de Loreto cuestiona y niega todas las evidencias estatales sobre la existencia de aislados para la creación de la Reserva Indígena Napo Tigre[1]. Por otro lado, no existe cifras sobre rondas campesinas y comunidades afrodescendientes, lo que genera estigmatización e invisibilización ante la falta de registro estatal que empiece a identificarlas. En suma, la ausencia y deficiencia de información, denota una falta de políticas de reconocimiento básicas para construir una república de ciudadanos con iguales derechos, e indispensable para iniciar políticas públicas claras y definidas.
A menudo se enaltece una retórica de la diversidad cultural, mencionando que contamos con 48 idiomas reconocidos, pero no se sabe que 21 lenguas están en peligro de extinción, mientras por otro lado se recorta presupuesto para la educación intercultural bilingüe[2]. Se menciona que San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor número de quechuahablantes, pero ninguna institución pública tiene funcionarios que atiendan en quechua en dicho distrito, incluso en territorios alejados mayoritariamente indígenas, no se habla en las instituciones un idioma que no sea el castellano.
No en vano se permitió el voto a analfabetos sino hasta 1980, por eso aún hay peruanos sin documento de identidad. Y si no votan, peor aún puede ser elegidos, en ninguna reforma política se ha mencionado poner en discusión la falta de participación y representación política de los pueblos indígenas en todos los niveles de decisión de gobierno, al contrario, varios representantes del Congreso, deslegitiman dicha participación, negando incluso derechos de pueblos indígenas.
Lo cierto es que el censo 2017 nos dicen que el 25,6 % de peruanos y peruanas se autoidentifican como parte de un pueblo indígena u originario; y que aproximadamente más del 30% de territorio nacional está en manos de las comunidades campesinas y nativas con títulos formales[3], sin embargo, no existen políticas públicas interculturales, suficientes para atender tanta riqueza y diversidad cultural. Al contrario, estos dos últimos años se han asesinado a 18 líderes indígenas en la Amazonía[4], diariamente sus territorios son invadidos por traficantes de tierras, mineros, taladores ilegales o narcotraficantes, e históricamente sus territorios están siendo sobreexplotados, contaminados sus ríos y suelos al amparo de la ley.
Como si esto no fuera suficiente, el actual gobierno de Pedro Castillo en su discurso inaugural planteo la promesa de “interculturalizar el Estado”, un año después, podemos señalar que no existió ni voluntad política, ni capacidad técnica para empezar a interculturalizar ni siquiera el mismo sector. En el último discurso a la nación, el gobierno de Castillo dedico dos líneas para rendir cuentas sobre la situación de pueblos indígenas, señalando como avances la vacunación contra el Covid-19 y la aprobación de la política nacional del pueblo afroperuano, cuestiones que ya se venían trabajando desde la gestión anterior.
Pesé a que nos encontramos en momento de alta virulencia racista contra el actual mandatario, a nadie del gobierno se le ha ocurrido escudriñar las causas históricas de esa virulencia y responder a esos ataques con políticas de estado, campañas antirracistas y de reconociendo y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas u originarios, datos y evidencia sobran, si el horizonte fuera interculturalizar no solo el Estado, sino nuestra democracia, en lugar de ello, este primer año nos deja solo promesas incumplidas.
Notas:
[1] Actualidad Ambiental: https://www.actualidadambiental.pe/gobernador-regional-de-loreto-niega-la-existencia-de-pueblos-indigenas-en-aislamiento-pese-a-evidencias/
[2] Defensoría del Pueblo: https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/noticias/571161-defensoria-del-pueblo-minedu-debe-asignar-presupuesto-suficiente-para-educacion-intercultural-bilingue-en-el-ano-escolar-2022
[3] Instituto del Bien Común: https://ibcperu.org/el-49-del-territorio-peruano-esta-en-manos-de-las-comunidades-rurales/
[4] Informe asesinatos en la Pan Amazonía 2020-2022.
Luis Hallazi es abogado, politólogo, investigador en derechos humanos y docente universitario.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.