«La vacancia de Castillo no fue un cambio de gobierno normal y acorde con la ley, como quieren presentarlo los golpistas y su prensa»

Dirigente nacional y fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) peruano, en 1965 protagonizó un movimiento guerrillero contra el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que desencadenó cambios políticos y sociales de importancia en el país.

Desde 1966 permaneció en prisión, hasta la amnistía e indulto a los guerrilleros y dirigentes campesinos presos otorgado por el gobierno nacionalista militar de Velasco Alvarado, en diciembre de 1970.

Periodista y comunicador social, ha publicado numerosos testimonios y análisis sobre los procesos políticos en que ha participado. Sus últimos dos libros son Hilda. Una vida por la utopía (2022) y El MIR Histórico. Luis de la Puente y Guillermo Lobatón (1921).

Para hablar acerca de Pedro Castillo y del golpe de Estado en el Perú, así como de la crisis interna por la que atraviesa el país, acudimos a esta figura de la izquierda continental.

¿Puede ofrecernos una breve evolución del conflicto político y social en el Perú actual?

El gravísimo conflicto interno que hoy vivimos se inició el 7 de diciembre último, con el golpe contra el expresidente Pedro Castillo. No fue una sorpresa, en realidad. La extrema derecha enquistada en el Parlamento no reconoció la victoria electoral del maestro rural en las elecciones generales de 2021 con el voto de los peruanos del “interior del interior” del país, quienes se identificaron con sus promesas de cambio y de justicia social. Desde el primer día de su mandato le declararon la guerra en todos los campos, calificándolo de “comunista”, “ignorante” e “incapaz” de gestionar el Estado. Intentaron el derrocamiento de Castillo por todos los medios a su alcance.

Al consumar el golpe, la derecha no previó la magnitud de la protesta popular en las regiones andinas más alejadas. Las movilizaciones en defensa del voto popular y contra el golpe conmocionaron el país. Se puso al descubierto el dramático descontento de millones de compatriotas, víctimas de las políticas de sobreexplotación y privatización impuestas por el modelo económico neoliberal desde los años 90 y de la segregación racista de origen colonial heredada por la República criolla.

Desbordada por la protesta, la dictadura cívico-militar ha respondido con una sangrienta represión militar y policial. El trágico saldo hasta el momento es de 65 muertos y mil 500 heridos de bala. Se ha conformado un amplio movimiento popular de sorprendente fuerza en las regiones del sur andino y que ahora se moviliza en la ciudad de Lima. El Perú se debate en una profunda crisis institucional y política.

¿Cuáles son las raíces de este conflicto?

Tienen que ver con el origen mismo de la República criolla, hace 200 años. Desde la primera Constitución (1823), para ser ciudadano se debía hablar y escribir en castellano, no ser jornalero ni tener un trabajo dependiente. La República de los grandes libertadores se estableció de espaldas a los pueblos aborígenes, a los quechuas, aymaras, chankas y a las poblaciones amazónicas, en esa época ampliamente mayoritarios. Esta República jamás contó con ellos, no reconoció sus derechos ni alentó su participación.

Esa es la razón por la que la extrema derecha peruana se negó a reconocer desde el primer momento la victoria electoral de Castillo, beneficiario del voto de protesta contra el sistema y del voto de las mayorías excluidas. Para la “derecha bruta y achorada” Castillo era un “indio” o un “cholo”, un ignorante por naturaleza e inferior, sin derecho alguno para intentar cambiar el modelo económico o el sistema político.

¿Cómo y por qué el Congreso peruano decidió destituir por vacancia a Pedro Castillo? ¿En qué consiste ese recurso empleado a otros exmandatarios?

Desde el primer momento el plan de la extrema derecha fue la vacancia de Castillo mediante los mecanismos legales de que dispone el Congreso. En dos oportunidades anteriores el Parlamento discutió mociones de vacancia contra él, las que no alcanzaron los 87 votos necesarios (dos tercios del total). El 7 de diciembre todo indicaba que la derecha no reuniría los votos imprescindibles para su aprobación. La sesión del Congreso estaba programada para las tres de la tarde, primero debían intervenir el Presidente y sus abogados defensores; luego, si la moción se aprobaba en la comisión, pasaría al pleno. Todo este proceso tenía una duración de 10 días.

Antes del mediodía, sin embargo, ocurrió un hecho inesperado. Castillo leyó ante las cámaras en directo un texto disponiendo el cierre del Congreso. Este misterioso documento, del cual no tuvo conocimiento su equipo de asesores, fue el pretexto que la extrema derecha usó para convocar un pleno inmediato del Congreso y vacar al Presidente sin pasar por el procedimiento legal, aduciendo flagrancia.

En media hora, el general (r) José Williams, conocido y denunciado por su nefasto papel en la guerra interna de los 80, hoy presidente de la mesa directiva del Congreso, reunió 101 firmas para vacar por “incapacidad moral permanente” a Castillo. Estas firmas provenían no solo de las bancadas de derecha, también votaron a favor la mayoría de congresistas de Perú Libre, el Bloque Magisterial y otras bancadas de izquierda.

Así se produjo el golpe de la extrema derecha enquistada en el Congreso, muy parecido al que sufrió Bolivia en 2019. El Congreso urdió la trama legal de la vacancia, como parte de una alianza golpista con la Fiscalía de la Nación, el oligopolio mediático de la prensa y la tv mercenarias, el poder económico de las grandes corporaciones extractivistas, las Fuerzas Armadas y la Embajada norteamericana.

La vacancia no fue legal ni se aplicó conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución de 1993.

¿Por qué?

Porque, según el Reglamento del Congreso de la República, sobre los procedimientos para los pedidos de vacancia y las causales previstas en el inciso 2) del Art. 113 de la Constitución, cuatro quintas partes del número legal de congresistas pueden acordar un plazo menor a este debate y la votación inmediata. El Congreso solo alcanzó 101 firmas, cuando el mínimo era 104, sobre un total de 130 parlamentarios.

El presidente Castillo no fue informado del último proceso de vacancia, no tuvo derecho al “antejuicio” estipulado por la Constitución ni a la defensa legal; y fue vacado por una resolución sin el mínimo legal de firmas.

Pedro Castillo fue apresado esa misma tarde por efectivos policiales, cuando todavía ejercía legalmente el cargo de Presidente.

Para que el acuerdo del Congreso entrara en vigencia debía publicarse en el diario oficial, El Peruano, mientras tanto Castillo seguía contando con la inmunidad propia de su cargo. En otras palabras, fue apresado por personal policial, atropellando la legalidad vigente. De hecho, la inmunidad recién le fue retirada una semana después, por un acuerdo específico del Congreso, cuando ya se encontraba en prisión.

La vacancia de Castillo no fue un cambio de gobierno normal y acorde con la ley, como quieren presentarlo los golpistas y su prensa. Todo lo contrario, fue un golpe, manifiestamente ilegal, con la complicidad del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas, que convalidaron la operación y que han cumplido un relevante papel político en las ocho semanas transcurridas desde entonces.

A raíz de los últimos años, en que se ha aplicado el mismo recurso, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es poder real del Ejecutivo y cuál el del Legislativo y Judicial en el país? ¿Cómo está configurado el verdadero poder político en Perú?

Curiosamente, aunque la Constitución vigente es presidencialista, en los hechos ha dado lugar a una suerte de “dictadura parlamentaria”. En los últimos años al menos cinco presidentes han sido removidos de sus cargos por el Congreso, institución que cuenta con la facultad de aprobar la “incapacidad moral permanente” del presidente, con una votación mínima de los dos tercios del total de sus miembros.

Es absurdo que no exista una definición precisa de la “incapacidad moral permanente”. En otros países la impugnación presidencial requiere de un proceso judicial que pruebe la comisión de determinados delitos, mientras que en el Perú solo se necesitan 87 votos del Congreso, es decir, de una institución que cuenta con un índice de aprobación de la ciudadanía de 7%.

Por otra parte, como los más altos cargos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional son elegidos en el Congreso, esto se presta a alianzas y condicionamientos políticos en beneficio de los grupos de extrema derecha.

Estos hechos demuestran que el sistema político creado por la Constitución fujimorista es calamitoso. Los partidos no existen. Las elecciones son manipuladas por el poder económico y las mafias. La corrupción campea a sus anchas en el aparato del Estado. Los jueces trabajan para el narcotráfico. El Congreso se convierte en el refugio de los intereses más retardatarios. Y no solo se trata del sistema político y de partidos, también el propio modelo económico neoliberal no ha hecho más que profundizar las abismales diferencias en la sociedad peruana.

Es conveniente recordar que el rol del Perú en el sistema capitalista mundial es de productor neto de materias primas (minerales, petróleo, gas, pesca, productos agropecuarios). Las dos terceras partes de su Producto Interno Bruto (PIB) son generadas por el sector más avanzado de la economía, controlado por poderosas corporaciones extranjeras que gozan de un trato privilegiado por parte del Estado, que se dedican a la exportación de materias primas. El otro tercio del PIB proviene de empresas medianas y pequeñas que producen para el mercado interno. Este sector es de menor productividad y en gran medida informal, algunos autores lo definen como una “economía capitalista de subsistencia”.

¿Cómo evalúa, al comienzo de esta crisis, la decisión del exmandatario de clausurar el Congreso?

Hasta ahora no se conoce el origen del documento ni quienes convencieron a Castillo de darle lectura. Todo indica que la supuesta clausura del Congreso fue parte del plan para vacar al Presidente. Llama mucho la atención que del lunes 5 al miércoles 7 de diciembre fuera ministro de Defensa el general (r) Emilio Bobbio, que llegó al cargo precedido de cierta imagen izquierdista por su vinculación con Antauro Humala. Algunos órganos de prensa derechistas incluso alertaron sobre el riesgo de un posible golpe militar a favor de Castillo. Simultáneamente, asumió la Comandancia General del Ejército el general Walter Córdova.

Lo notable es que en el cortísimo lapso en que ejerció el cargo, el nuevo Ministro de Defensa se reunió, el martes 6, con la entonces embajadora de los Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, bien conocida por su experiencia de oficial de la CIA y su intervención en Medio Oriente. Llama también la atención que Bobbio presentara su renuncia al mediodía del día 7, apenas difundido el texto leído por Castillo. Poco después hizo lo mismo Córdova, aduciendo “razones personales”.

Por tales coincidencias es posible sospechar que la lectura del documento de cierre del Congreso por parte de Castillo pudo ser parte de una operación de inteligencia. Los generales renunciantes constituían el vínculo oficial del Presidente con las Fuerzas Armadas. Si Castillo tuvo la intención de cerrar el Congreso, solo se puede suponer que lo hizo con la promesa de apoyo de ciertos mandos militares.

¿Quién es Dina Boluarte y cómo se comprende que en calidad de Vicepresidenta se haya sumado al derrocamiento de Castillo?

Dina Boluarte ha sido funcionaria de carrera del Estado. Su mayor mérito político antes de las elecciones de 2021 fue su elección como presidenta del Club Departamental Apurímac. Este cargo le valió para que Perú Libre, que carecía de cuadros destacados, la eligiera en la fórmula de Pedro Castillo.

Durante más de medio año la extrema derecha del Congreso intentó liquidarla políticamente, con una denuncia constitucional por no renunciar a tiempo a su cargo en el Club. Pretendían cesarla como Vicepresidenta, a fin de que al vacar a Pedro Castillo la presidencia de la República quedara en manos del titular de la mesa directiva del Congreso, José Williams.

Sorprendentemente, el lunes 5 de diciembre, 48 horas antes del golpe, la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió exculpar a Dina Boluarte, anulando todas las acusaciones en su contra. De esta forma, el golpe de Estado pudo mantener la apariencia de un cambio constitucional.

Todo indica que, por sus propias ambiciones, Boluarte prefirió aliarse al grupo golpista y convertirse en la fachada de la dictadura. Ha asumido el discurso de la extrema derecha. En los hechos es una operadora del golpe.

¿Cuál es la situación legal de Castillo?

El expresidente Castillo permanece preso en el Penal de Barbadillo, distrito de Ate, en Lima. Es un centro carcelario que alberga a solo dos presos. El otro es el exdictador de los 90, Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad.

La Corte Suprema ha dispuesto que Castillo cumpla en el Penal de Barbadillo 18 meses de prisión preventiva por los delitos de rebelión y otros. Las autoridades judiciales han desestimado sistemáticamente todos los alegatos de la defensa de Castillo y las apelaciones presentadas. No hay duda que las autoridades judiciales respaldan plenamente el golpe.

En la Región hemos sido testigos de las numerosas muertes de civiles peruanos en las últimas semanas, así como del allanamiento de la Universidad de San Marcos por parte de efectivos policiales, ¿cómo caracterizaría esta escalada represiva? ¿Qué agentes civiles y sectores políticos específicos estarían vinculados a ella? ¿Cuál es el papel de militares y policías en esta coyuntura?

Varios especialistas, como el general Wilson Barrantes, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, han demostrado que los jefes políticos y militares de la represión confunden la legítima protesta popular, garantizada por la Constitución y los acuerdos internacionales en este campo, con el terrorismo. Solo así se explica que la Policía y el Ejército repriman las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos con balas y apuntando a matar. El análisis forense de las causas de las muertes demuestra que en la mayoría de los casos son disparos a la cabeza y al tórax.

Esto tiene que ver con el desprecio que siente la derecha oligárquica por los “indios” del Perú rural, cuyas vidas valen muy poco para ellos. En la guerra interna de los 80, el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) cifró en cerca de 70 mil las víctimas del conflicto, de las cuales cuatro quintas partes hablaban quechua u otro idioma original y vivían en zonas rurales. Decenas de masacres y de “fosas comunes” permanecen aún sin investigar y hasta la fecha ninguno de sus autores ha sido condenado por tales crímenes.

El 21 de enero la dictadura intervino la Universidad Mayor de San Marcos, la más antigua de América, para demostrar la presencia de “terroristas” entre los manifestantes. Más de medio millar de policías, armados con tanquetas, rompieron las puertas del campus universitario y apresaron a 194 personas, quienes fueron mostradas ante la prensa maltratadas, tendidas en el suelo y esposadas boca arriba. Al día siguiente, el propio Fiscal Penal de Lima puso en libertad a 193 de los detenidos y uno solo pasó a disposición del juez por una denuncia no vinculada al caso. No se encontró arma alguna ni vinculación de las personas detenidas con actividades ilegales.

Creo que la dictadura subestimó la protesta popular por el golpe contra Castillo. Confundió la protesta popular con un fantasmal “terrorismo” e hizo uso de sus manuales de guerra contrasubversiva, echando más leña al fuego en lugar de buscar el diálogo político. Ahora ya es demasiado tarde para el grupo encaramado en el poder. Hoy la mayoría del país exige la renuncia de Dina Boluarte y elecciones inmediatas como condición previa para el diálogo y para encontrar una salida política a la crisis.[1]

¿Cuál ha sido el papel de los organismos regionales e internacionales respecto a lo que ocurre? Por ejemplo, ¿cómo ha actuado la Organización de Estados Americanos (OEA)?

El golpe en el Perú ha concitado la atención internacional, sobre todo por la represión desproporcionada e injustificable contra la población civil que hace uso de su legítimo derecho a la protesta.

Debemos reconocer a los gobiernos latinoamericanos que se han esforzado por hacer llegar su voz de solidaridad y apoyo a la población peruana, en especial a los de México, Colombia, Bolivia, Chile y Honduras. Asimismo, es imprescindible reconocer la solidaridad con el pueblo peruano de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), reunida hace unos días en Buenos Aires.

Ha sido también importante el papel de los organismos de defensa de los Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha enviado una misión a Perú y se ha pronunciado abiertamente en defensa de las víctimas.

La OEA, más cercana a los Estados Unidos, igual se ha manifestado a favor de una salida política de la crisis peruana, evitando toda crítica al golpe que la originó.

¿Se puede calificar al gobierno de Boluarte como “dictadura” y por qué?

Es una dictadura, porque emerge de un golpe ilegal que viola el ordenamiento legal y constitucional del país. De esto no hay duda. Pedro Castillo fue vacado de manera irregular, violando la Constitución y las normas vigentes.

Al nuevo Gobierno, que encabeza Boluarte, no le da legalidad el hecho de que fuera elegida Vicepresidenta en las elecciones de 2021. Ahora carece de partido político, no tiene bancada parlamentaria ni cuenta con apoyo popular alguno, para todos los efectos depende aliados como José Williams, quien pretende convertirse en el presidente interino del país.

La inmensa mayoría del pueblo peruano conoce que Dina Boluarte no es más que una traidora que se ha prestado al juego de la extrema derecha para deshacerse de Pedro Castillo.

¿Cómo calificaría y caracterizaría la resistencia popular? ¿Es a escala nacional o está focalizada regionalmente?

Estamos frente a un gran movimiento popular que se ha puesto de pie en todo el Perú frente al golpe. Inicialmente fueron manifestaciones y concentraciones en pueblos y ciudades de las regiones del interior, muchas provenientes de provincias alejadas, que protestaban en defensa del voto popular. Sienten que Pedro Castillo es uno de ellos, que fue elegido por la mayoría del pueblo y que su voto tiene que ser respetado.

Ante la violenta represión de sus protestas, especialmente en Ayacucho y en Puno, con mayor cantidad de víctimas, el movimiento popular se radicalizó, pasando a organizar las marchas hacia Lima, que culminaron el 19 de enero con la primera toma de Lima. En los días siguientes el movimiento se ha ampliado, hay mayor relación con los trabajadores organizados, el movimiento estudiantil y los movimientos políticos urbanos. Ahora, en Lima, se producen diariamente enormes manifestaciones, que llevan la protesta incluso a los barrios “pitucos” como Miraflores, San Isidro y Surco, y que disputan el centro de la ciudad con los cuerpos represivos. Ya han caído en la capital manifestantes asesinados por la Policía.

¿Cuál es el petitorio mínimo común? ¿Cuáles son las y los sujetos que destacan en esta resistencia?

La plataforma común de este gran movimiento es la exigencia de la renuncia inmediata de Dina Boluarte, la convocatoria de elecciones generales en 2023, el cierre del Congreso y la demanda de una Asamblea Constituyente. En buena cuenta, que se vayan todos y que se avance hacia un nuevo pacto social entre los peruanos, para sentar las bases de un nuevo Perú.

Una de las características de este inédito movimiento popular que se enfrenta a la dictadura y a la extrema derecha golpista es que no está controlado ni dirigido por la izquierda. Las razones hay que encontrarlas en los numerosos errores cometidos por los partidos de izquierda en relación con el gobierno de Pedro Castillo y en el trabajo básicamente urbano que esta realiza.

En este proceso destaca una nueva generación de líderes jóvenes, dirigentes locales, comuneros, ronderos, cooperativistas, sindicalistas, licenciados de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres que asumen la conducción y organización de las complejas movilizaciones que se realizan día a día. También destacan muchos dirigentes políticos de base, alcaldes distritales y provinciales, dirigentes poblacionales e integrantes de gobiernos regionales que respaldan a sus pueblos.

Por supuesto que quedan aún varios puntos por precisar, que tienen que debatirse. Este 2023 se cumple el período de 30 años de las concesiones de territorio nacional mediante los llamados Contratos-Ley, con los que la dictadura fujimorista legalizó la entrega de nuestros recursos naturales a las corporaciones extractivistas. Según unos cuantos analistas la firma de las renovaciones de los Contratos-Ley habría sido una de las principales razones para el golpe contra Castillo.

La forma de impedir la renovación de las concesiones sería dejar sin efecto la Constitución fujimorista de 1993, impuesta por esa dictadura, y remplazarla por la Constitución de 1979, la única legal para todos los efectos. En ese caso el principal obstáculo es el actual Congreso, dominado por una mayoría profujimorista. Caída la dictadura y cerrado el Congreso sería posible este cambio constitucional, hasta la aprobación de la nueva Constitución aun por hacer.

De la misma manera, es necesario determinar la situación en que quedaría Pedro Castillo una vez anulada la vacancia. Ha sido víctima de una siniestra campaña de lawfare, buscando criminalizarlo y apartarlo de su cargo. Él y su familia han sido acusados de corrupción sin pruebas y sin fallo judicial alguno. Tiene el derecho a recuperar el cargo para el que fue elegido por mayoría democrática del pueblo peruano y, una vez culminado este, la obligación de responder ante la justicia por las denuncias que le han hecho

¿Hacia dónde pudiera caminar el conflicto actual? ¿Y hacia dónde desea que aquel camine?

Todo indica que la dictadura está derrotada políticamente. No cuenta con respaldo popular, ni siquiera toda la derecha la respalda abiertamente, aunque sigue contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los Estados Unidos, quienes utilizan al gobierno peruano contra la mayoría progresista de sus pares en la Región.

Dina Boluarte y su premier represor, Alberto Otárola, tienen juicios abiertos en el país y a nivel internacional por los crímenes cometidos; solo se mantienen en el poder por la fuerza. Tan es así que ahora se discute en el Congreso, forzado por las manifestaciones de protesta, el adelanto de las elecciones. No se ponen de acuerdo, porque los grupos de extrema derecha (Fuerza Popular, Renovación Popular y Podemos Perú) en realidad lo que quieren es quedarse hasta 2026.

Es necesario advertir que el más grave peligro para nuestro pueblo es que la dictadura decida imponerse a sangre y fuego, militarizando el país y endureciendo la represión de las protestas, como en los regímenes militares de extrema derecha en el Cono Sur en los años 70. Esta opción profundizaría la violencia interna, con el riesgo de una guerra civil e incluso de un movimiento separatista en el sur andino.

El movimiento popular tiene que mantener sus movilizaciones exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, las elecciones generales en 2023 y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redefinir un nuevo contrato social entre todos los peruanos.

El Perú no puede funcionar más sin la participación protagónica del inmenso movimiento popular que se enfrenta a la dictadura. Esta es la única alternativa válida para abrir el diálogo político y darle una salida constructiva a la actual crisis.

Finalmente, ¿pudiera ofrecernos un balance del gobierno de Castillo?

La victoria electoral en 2021 del maestro rural Pedro Castillo fue una extraordinaria esperanza para las mayorías pobres y explotadas del Perú. Tras ganar la primera vuelta, en la segunda triunfó con el respaldo del conjunto de la izquierda. Emergió como el primer gobierno popular y de izquierda en los 200 años de la República.

Lamentablemente la izquierda peruana no es fuerte, está traspasada de apetitos divisionistas y fue incapaz de lograr una unidad de acción en el seno del Gobierno. Así, durante la gestión de Castillo, Perú Libre se dedicó a combatir a los “caviares”, a los que consideraba más peligrosos que Fuerza Popular, con quien se podía llegar a acuerdos ocasionales.

Por otra parte, el propio Castillo, jaqueado por las amenazas de vacancia y las campañas de lawfare, recurrió a una táctica de sobrevivencia desesperada: la de asegurarse los votos en el Congreso a cambio de prebendas en el manejo del aparato estatal. Con esto se fue alejando del programa inicialmente aprobado por el conjunto de la izquierda; devino en un Gobierno en muchos aspectos parecido al de los políticos tradicionales.

Así, el gobierno de Castillo se fue convirtiendo en una gran oportunidad perdida. En una esperanza histórica frustrada.

Pero creo que no fracasó del todo, al menos no en lo fundamental. Pedro Castillo tuvo la virtud de que el pueblo pobre y explotado lo sintiera como uno de ellos, un “indio”, un “cholo”, un “nadie” que por méritos propios llegó a la Casa de Pizarro para prometer un nuevo Perú. Y supo decirle al pueblo las verdades sobre el país, la economía, los derechos de los peruanos y las peruanas, sobre todo cuando la derecha lo cercaba y amenazaba.

Esto es lo que ha hecho posible la eclosión del movimiento popular que hoy lucha por la refundación del Perú. Los hombres y mujeres del Perú profundo se han puesto de pie, han comprendido que la lucha política es parte de la vida y que la revolución es necesaria. Los “nadies” se han hecho presentes como protagonistas de primera línea en el destino del Perú. Han venido para quedarse.

Debemos reconocer en el balance del gobierno de Pedro Castillo este aporte fundamental en la toma de conciencia ciudadana de los sectores más pobres y olvidados. La historia de la sociedad peruana no será la misma en el futuro.

Nota:

[1] La última Encuesta Nacional Urbano-Rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la más importante y confiable de este tipo en el país, publicada el 29/01/2023 en el diario La República, ofrece datos muy precisos a este respecto: 74% está por la renuncia inmediata de Boluarte y el 24% porque continúe; 76% desaprueba su gestión y el 17% la aprueba; 89% desaprueba la gestión del Congreso y el 7% la aprueba; 74% por el cierre inmediato del Congreso y el 25% en contra; 73% está por elecciones generales en 2023 y el 20% por elecciones en 2024.

Javier Larraín. Profesor de Historia y Geografía.

• Entrevista publicada en la revista Correo del Alba, Nro. 114, febrero de 2023 – https://correodelalba.org

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.