“Hermana Bertha cómo hago para hablar con el rio, simplemente sígueme rio arriba” (Juan López)
Con el Ajuste Estructural Agrícola en 1990 se profundizaron los negocios y actividades extractivas en Honduras, al permitirse la privatización del recurso forestal y agro negocios tóxicos como la palma africana y explotación camaronera sin control que destruye el bosque de mangle. A ello se suman la ganadería extensiva y contaminación del agua, por el uso de contaminantes en cultivos como el café.
Después del huracán y tormenta tropical Mitch (1998), en el gobierno de Carlos Flores Facusse (1998-2001), se aprobó la Ley General de Minería, mediante Decreto N. 292-98 del 6 de febrero de 1999, que otorga concesiones mineras y permite la explotación de cielo abierto y uso de cianuro. El gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-junio 2009), prohibió este tipo de minería, declarándose inconstitucional la legislación después de protestas de pobladores afectados por dichas concesiones. Su Plan de Gobierno enfatizaba en la aprobación de una nueva Ley de Minería benigna con el ambiente y salud de la población, además de la elaboración del mapa mineralógico nacional que no se concluyó.
Aunque se aprobó también una nueva Ley Forestal, donde se eleva a la categoría de sector al subsector forestal, se cuestionó la aprobaciónde la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables (Decreto N. 70-2007 de octubre de 2007), que permite el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica con recursos naturales, otorgándose incentivos a la inversión nacional y extranjera, caso de la exoneración del pago de impuestos, como aquellos cobrados a la importación de equipos y maquinarias, tasas, aranceles, derechos de importación, impuesto sobre la renta y activo neto, entre otros.[1]
El golpe de Estado a Manuel Zelaya trajo consigo, entre otras “reivindicaciones” al capital, una Nueva Ley de Minería que, curiosamente, deja el espacio libre para la explotación a cielo abierto y uso del cianuro, aunque en teoría se fortalece la institucionalidad en la materia. Esta Ley fue aprobada en el gobierno de “Pepe” Lobo (2010-2013), acusado de tener vínculos con el narcotráfico, el 2 de abril de 2013, mediante decreto 238-2012. El argumento de fondo, además de los esfuerzos por consensuar el anteproyecto de Ley con varios actores desde el Congreso de la Republica, fue la adhesión de Honduras a la Iniciativa para las Trasparencia de las Industrias Extractivas (IEITI, por sus siglas en ingles), lo que supone una garantía de trasparencia, rendición de cuentas y responsabilidad aplicable a las actividades extractivas.
Para el movimiento ambientalista, las violaciones a esta legislación han sido evidentes: El ARTÍCULO 19 reza que la “Autoridad Minera, en ningún caso otorgará la Concesión de Explotación o de beneficio, en tanto el concesionario no acredite la correspondiente licencia ambiental, la que será emitida por la autoridad correspondiente en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles. Y el ARTÍCULO 20 dice que en “la construcción de las obras y en la ejecución de los trabajos de Explotación, deben adoptarse y mantenerse las medidas sobre Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, Comunitaria y disponer del personal y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas a la empresa y de terceros, de conformidad con las normas vigentes. El Estado adoptará estrictas medidas de supervisión, para garantizar la conservación y manejo adecuado de los recursos”.[2]
A ello se suma la evidencia que parte de las explotaciones mineras penetran las áreas protegidas declaradas como Patrimonio Público Forestal, zonas productoras de agua y aquellas donde se reclaman derechos ancestrales sobre las tierras y bienes comunales por las comunidades étnicas y pueblos originarios. Estas concesiones se otorgan por decreto, sin consulta a las comunidades o en cabildos abiertos controlados por los alcaldes municipales, muchos de ellos acusados de corruptos y estar ligados al Narcotráfico.
Un ejemplo es la reforma al Decreto Legislativo 127-2012 que reduce el área núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras[3], mediante la aprobación de un nuevo decreto N. 252-2013, con el propósito que la empresa Inversiones Los Pinares amplié sus operaciones con mayores áreas de extracción minera, siendo la reducción mayor a 217 has. de tierra.
El conflicto se agravó por la judicialización de la defensa de derechos sobre la tierra y demás recursos naturales, penalizando las acciones reivindicativas de los pobladores como delitos comunes, lo cual abarca a miembros de la Comunidad de Guapinol en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
“Varios habitantes de Guapinol dicen que, en lugar de ayudar, el Gobierno los ha afectado al aprobar concesiones mineras que han puesto en peligro sus fuentes naturales como el agua y la tierra. Es el caso del proyecto en construcción de Inversiones los Pinares, de los empresarios Lenir Pérez y Ana Facussé, ubicado en el Parque Nacional Carlos Escaleras —al que también llaman Montaña Botaderos—. Es por eso que, desde que inició este proyecto, la comunidad de Guapinol y otras aldeas vecinas se mantienen en una resistencia que les ha costado la vida y el encarcelamiento de varios compañeros”. [4]
En octubre de 2021, la Organización de las Naciones Unidas exigió la liberalización de ocho (8) defensores del ambiente pertenecientes al Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), de la comunidad de Guapinol, los que fueron liberados hasta febrero de 2022, con el gobierno de Xiomara Castro, y después de ser privados de su libertad desde 2019. Con el asesinato de Juan López, hay evidencia que el expediente por delitos ambientales sigue abierto al presentarse requerimientos fiscales en contra dedefensores ambientales e implicados “supuestamente” en delitos contra el ambiente de la montaña “Botaderos”.
Las protestas por el asesinato de Juan López no se han hecho esperar, desde organizaciones de sociedad civil que trabajan en la protección de los recursos naturales y fuentes de agua, iglesia, derechos humanos y agencias de cooperación internacional, que exigen la captura de los responsables, sean ejecutores directos o miembros de grupos de poder en contra de las acciones que ejecutan organizaciones ambientales. Bajo el liderazgo del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se han generalizado las protestas y exigencias para que el gobierno capture a los responsables de su asesinato.
Recién el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra Lenir Pérez y demás socios y participantes, acusándolos de explotación ilegal de recursos naturales, daños ambientales y violaciones a la normativa ambiental vigente. Las organizaciones y grupos ambientalistas esperan que se paren las actividades de las empresas que conforman el complejo empresarial creado, ya que, además de los daños al ambiente, los costos futuros para las comunidades, pobladores y país resultarán prohibitivos.
Una crítica de los defensores de derechos humanos al gobierno, es que no se garantizó la protección debida al ambientalista y su familia, tal como lo demandada la Corte Internacional de Derechos Humanos, por lo que Honduras puede enfrentar una demanda internacional que implique altos costos para las finanzas públicas y el país e institucionalidad, en tanto han habido varios asesinatos de dirigentes ambientales, como es el caso de Bertha Cáceres.
En temas ambientales y agrarios, el tiempo se acabó. Las acciones a ejecutarse incluyen:a) La revisión y/o derogación de Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA); b) Revisión de toda la legislación ambiental y forestal vigente, por falta de aplicación y violaciones a su normativa y reglamentos técnicos; c) Cierre total de la carretera denominada el “corredor” narco en la Mosquita y Patuca Hondureño; d) Programa de descentralización de competencias, recursos y poder del Estado a favor de gobiernos locales y comunidades; e) Consulta Previa, Libre e Informada a los pobladores para ejecutar proyectos como práctica en todos los municipios de Honduras, f) Derogación de Ley de Minería ( hay que aprender de Costa Rica), g) Política Nacional de Derechos Humanos; h) Protección efectiva de los defensores ambientales y sus familias; i) Integración de los dirigentes ambientalistas a las instancias de decisión y coordinación del gobierno como los consejos ambientales, coordinación forestal y agroalimentarios; j) Deforestación “Cero” y hoja de “Coca” Cero, tal como lo han propuesto las FFAA y la presidenta Xiomara Castro.
Notas:
[1]Un problema de fondo lo fue la falta de regulación de las concesiones otorgadas y la ejecución de los proyectos sin consenso con los pobladores, muchos de ellos en tierras de reserva forestales y áreas pertenecientes a las comunidades. Fue evidente también la prestación de nombres para desarrollar los proyectos, pero que eran promovidos y propiedad de empresarios no muy visibles.
[2] Ver Ley General de Minería, Decreto 238-2012.
[3]Carlos Escaleras Mejía, dirigente ambientalista y de derechos humanos, del municipio de Tocoa, Departamento de Colón, asesinado la noche del 18 de octubre de 1997 por oponerse a la instalación de una planta extractora de aceite de palma en el margen del rio Tocoa, por lo cual el gobierno de Honduras fue condenado internacionalmente.
[4]Ver Contracorriente (medio digital), “Entre el conflicto y el abandono estatal, Guapinol resiste con alternativas económicas y sociales”.
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