La industrialización en América Latina no fue un objetivo generalizado durante el siglo XIX. Se admiraba el progreso de los Estados Unidos y Europa, fruto de la primera Revolución Industrial y la expansión del capitalismo, pero en la región predominaban las haciendas, estancias y plantaciones pre-capitalistas, los mercados reducidos por las relaciones de servidumbre en el campo y el escaso desarrollo del trabajo asalariado. La mayoría de países tenían economías primario exportadoras basadas en la minería y, sobre todo, en una serie de productos que incluso resultaban comunes: cacao, café, azúcar, maderas, cueros, carnes, trigo. Los primeros países en los cuales se impulsó cierta industrialización fueron Argentina, Brasil, Chile y México, desde mediados de siglo. El resto continuó su línea de atraso y subdesarrollo, aunque con instituciones copiadas de la democracia representativa, que no funcionaron como los ideales ilustrados del siglo XVIII suponían, ni como ocurría en un país considerado ejemplar, como era la democracia en los EE.UU.
La industrialización solo adquirió lentos ritmos en el conjunto latinoamericano a partir del siglo XX, cuando la expansión del imperialismo y las máquinas movidas por electricidad y petróleo (segunda Revolución Industrial) ofrecieron mejores posibilidades de renovación de los medios de producción. Gigantes empresas provenientes de los EE.UU. incursionaron para explotar otros recursos y, sobre todo, petróleo, el “oro negro” de la época. También llegaron las primeras empresas inversionistas en manufacturas y servicios; se fundaron empresas nacionales para producir textiles y productos alimenticios, inaugurando las primeras fábricas; la urbanización se aceleró y apareció así la nueva y reducida clase social de los trabajadores asalariados comparables con los proletarios europeos. Pero también crecieron los asalariados del comercio y de los bancos privados, además de la burocracia, por la ampliación de distintas funciones y capacidades de los Estados. El ascenso de estos modernos sectores explica la generalización de luchas sociales diferentes a las que caracterizaron a las rebeliones de campesinos o indígenas de las tradicionales haciendas. La mejor expresión latinoamericana de estos procesos fue la Revolución Mexicana, donde al mismo tiempo que se proclamó la reforma agraria para superar las formas de trabajo precarias y repartir tierras entre los campesinos, se potenció el movimiento de los trabajadores asalariados, cuyos derechos fueron acogidos por la Constitución de 1917, pionera en reconocerlos y proclamarlos.
Una de las características que asumió la industrialización latinoamericana del siglo XX fue la sustitución de importaciones (“modelo ISI”) que se había iniciado hacia la década de 1920 en países como Colombia, Perú y Uruguay, aunque se generalizó a partir de la crisis mundial de los años treinta y tomó definitivo rumbo a través del proteccionismo del Estado, en Argentina, Brasil y México, por intermedio de los gobiernos “populistas” de Juan Domingo Perón (1945-1955), Getulio Vargas (1945-1954) y Lázaro Cárdenas (1934-1940), respectivamente.
En parte el modelo ISI fue recogido por el desarrollismo de las décadas de 1960 y 1970, cuando el Estado pasó a ser un fomentador central de la industrialización a través de la planificación, la construcción de infraestructuras, la electrificación nacional, la movilización de recursos financieros para las empresas e incluso la creación de empresas estatales. En promedio la industria creció a un 6% anual. Incluso cumplió un papel renovador el programa norteamericano Alianza para el Progreso, preocupado por el “desarrollo” (incluida la industria) para hacer frente a cualquier intento de reproducción del “comunismo” siguiendo el camino dado por la Revolución Cubana en el continente.
Estos procesos modernizadores se interrumpieron, terminaron o se revirtieron durante las dos décadas finales del siglo XX, cuando en los países latinoamericanos se impusieron los condicionamientos del FMI/BM sobre las deudas externas de la región. Por su intermedio ingresaron los “principios” del neoliberalismo centrados en mercados libres, empresas privadas y sin restricciones, fomento abierto al comercio exportador e importador, libre flujo de capitales, acuerdos comerciales y de inversiones, junto al retiro permanente del Estado de la vida económica, que significó achicar o acabar con sus inversiones en bienes, infraestructuras y servicios, así como restar recursos para atender al desarrollo nacional y adicionalmente privatizar todo lo público.
Los diversos estudios que se han realizado sobre la región, entre los que vale destacar los de la CEPAL, permiten demostrar que la industrialización dejó de avanzar como ocurría en el pasado e incluso ha sido golpeada por la competencia de productos extranjeros. Es un fenómeno que afectó a países grandes como Argentina, Brasil o México, a los medianos como Colombia, Chile, Perú o Venezuela y, sin duda a los pequeños como Ecuador, país en el cual, de acuerdo con el Banco Mundial, el valor agregado de la industria como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ha variado a lo largo del tiempo: en 1961, representaba aproximadamente el 21.67% del PIB, alcanzando un máximo de 38.92% en 2008; pero en 2023, ese porcentaje se situó en 26.86% (https://t.ly/54qZX). La industria ha disminuido su participación en el PIB desde un pico del 30% a menos del 15%, pues es la manufactura la que aporta un 12.5 %.
La industrialización ha dejado de ser un objetivo esencial en los proyectos y programas políticos de las derechas latinoamericanas, además de que los gobiernos “neoliberales” ni la mencionan ni se ocupan de ella. El capitalismo latinoamericano se ha vuelto un régimen más rentista, acumulador de riqueza, especulativo con el dinero y los flujos de capital, con inversiones en paraísos fiscales o fuga de capitales a otros países sin invertirlos en las economías nacionales, con primacía del sector exportador primario. Un capitalismo que no logra desarrollar fuerzas productivas, y que presiona por forzar la explotación laboral, lo cual explica los permanentes esfuerzos de las élites empresariales para flexibilizar las leyes laborales a fin de que la “baratura de la mano de obra” permita la mejor acumulación de ganancias y el enriquecimiento. Un capitalismo en el que reviven las dominaciones sociales de círculos oligárquicos y desplazan a burguesías que no lograron ser “schumpeterianas”.
A ese capitalismo rentista hay que sumar ahora la extensión regional del fenómeno de la violencia, el crimen organizado y la narco-delincuencia que han llevado a que un país como Ecuador pase a ser del segundo país más seguro en la región a uno de los que ocupa los primeros lugares de inseguridad y violencia en el mundo.
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