“La OIT apoya a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores para que reconozcan y promuevan el papel de la economía social y solidaria a la hora de abordar los déficits de trabajo decente en la economía informal” (Organización Internacional del Trabajo).
“Yo considero a Carlos Suazo, Director del INFOP, un héroe nacional y felicito a la presidenta Xiomara Castro por la alianza con la Fundación INTUR” (Ana María Villeda de Kafati, empresaria y presidenta de la Fundación INTU)
Los tres candidatos a la presidencia de la República (Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Nasry Asfura) con posibilidades de triunfo en las elecciones generales de noviembre próximo, están recorriendo el país para construir propuestas de desarrollo que involucran a sectores, organizaciones o grupos marginados de los beneficios del poder, o, al menos, han recibido poco apoyo. Uno es el de las mipymes, que representan el 70% de las empresas que operan en el país. En ello no cabe la denominación si estas son formales o no lo son, lo importante es que generan producción y empleos en condiciones adversas y demandan un respaldo total, no demagógico con leyes y programas “truncos” y burocráticos.
En Honduras, al igual que en otros países latinoamericanos donde la gran empresa transnacional ha instaurado sucursales y “capturado” parte de la elite empresarial nacional, caso de muchas empresas maquiladoras y extractivas, se ha vendido la idea que, a la par, florecen microempresas de capital nacional que venden alimentos, prestan servicios y comercian parte de los productos de estas empresas en el mercado local. Por tal motivo, no hay que poner trabas al capital, y más bien hay que crear todos los incentivos tributarios y no tributarios “ posibles” para que no se vayan, generen empleos y alimenten el tejido social empresarial al sumarse empresas micro y pequeñas, formales o no, a la dinámica del desarrollo del municipio, departamento o región.
La evidencia demuestra un aumento sostenido de la informalidad, donde la mayor parte de las micro y pequeñas empresas creadas son de tipo familiar, que visualizan sus actividades como alternativa al creciente desempleo, donde cada año más 41,000 hondureños ingresan al mercado laboral sin opciones para conseguir un empleo estable o recursos para desarrollar emprendimientos comerciales y productivossostenibles.
“La fuerza laboral de Honduras creció moderadamente entre 2023 y 2024, pasando de 3.889.760 a 3.930.944 personas, lo que equivale a un aumento del 1.06%. Este incremento está relacionado con el crecimiento de la población en edad de trabajar, en línea con las tendencias demográficas del país. Sin embargo, una parte considerable de los trabajadores enfrenta dificultades para integrarse plenamente al mercado formal. “El número de personas ocupadas en Honduras registró un aumento entre 2023 y 2024, pasando de 3.639.092 a 3.724.971, lo que equivale a un crecimiento del 2.36%. No obstante, una proporción significativa de estos trabajadores se desempeña en el sector informal, caracterizado por la falta de estabilidad, protección social y salarios justos, lo que constituye uno de los mayores desafíos del mercado laboral hondureño.”[2]
Las crisis económicas y políticas, atomización, burocracia y corrupción institucional, sumada la creciente vulnerabilidad ambiental y violencia, hacen más visible la informalidad, un problema explicado-básicamente- por factores ligados a las rigideces estructurales de la economía y sociedad hondureña, donde sigue en la mente del hondureño promedio la alta concentración del ingreso y existencia de una clase empresarial (burguesía) nacional con rezagos frente a la “Chapina” y “Tica”.
Las posibilidades para acceder a empleos de buena calidad se han venido restringiendo por la poca formación educativa y capacidad técnica de la población en edad de trabajar, mucha de la cual enfrenta limitantes con la opción del trabajo por hora de menor calidad; o, la migración creciente. Hay evidencia además, siguiendo esta lógica de derrame, que los ritmos de crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IED), menos de 1,000 millones de dólares en 2024, contribuyen a que los espacios de crecimiento de la mipymes, sobre todo del sector formal, sean menores[3], aunque ha habido un repunte en el primer trimestre de 2025.
Los gobiernos han creado una legislación especial para las mipymes, pero los problemas de falta de empleos sostenibles y de buena calidad persisten.[4] Estos se manifiestan en la visibilidad de la Informalidad donde solo un 53.8% de las mipymes estás formalizadas, y gran parte de ellas consideran que la formalidad, en países como Honduras, trae más perjuicios que beneficios (ejemplo: pagar impuestos para que se los roben políticos de turno y enfrentar la tramitología engorrosa y créditos caros).
El argumento a favor de la formalidad de las mipymes “refiere a la constitución y documentación legal de la gestión de la empresa, lo cual incluye la disponibilidad de registros contables formales, los registros sanitarios para sus productos y entre otros, a la inclusión de sus empleados en el seguro social, especialmente en microempresas y empresas informales. Esto les permite abrir posibilidades de acceso a diferentes beneficios dirigidos al sector. Como resultado de la aplicación del modelo neoliberal, no se ha podido resolver las necesidades ni de las empresas mercantiles, mucho menos de las del Sector Social de la Economía.”[5]
A ello se suma el hecho que, tanto para las micro y pequeñas empresas formales, pero sobre todo informales, el gobierno todavía no ha estructurado planes de estudio que destacan los aspectos de gestión empresarial, habilidad para potenciar e integración de negocios, competitividad y manejo de recursos humanos, lo cual limita sus potencialidades de crecimiento y desarrollo. Pero, es más evidente, la falta de acceso a recursos financieras sostenibles en condiciones blandan que permitan a las mipymes avanzar, donde el principal argumento de rechazo ha sido la falta de formalidad, sobre todo, el uso de registros contables visibles. Ello es extensivo a sectores sociales de la economía, caso de las cooperativas de ahorro y crédito, donde la informalidad es el principal impedimento para otorgar financiamiento de apoyo a las actividades productivas y comerciales.
Los candidatos a la presidencia de la República hablan del apoyo a las mipymes. La candidata del partido LIBRE, Rixi Moncada, propone la democratización de la economía, privilegiando intervenciones a favor de las mipymes en contraposición al sesgo tradicional a favor de las grandes empresas con exoneraciones fiscales. En el caso de Salvador Nasralla del Partido Liberal, su preocupación es la ejecución de grandes proyectos con capital extranjero en sectores estratégicos como el agrícola, energético e industrial, generando un derrame en el resto de la economía; y Nasry Asfura del Partido Nacional, busca potenciar el llamado sector social de la economía con las cooperativas, pero sin dejar de apoyar a la gran empresa con sus exoneraciones fiscales.
Todavía no han estructurado una estrategia de largo alcance para el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las mipymes en cada uno de los municipios del país, no solo en los principales centros urbanos, especialmente las cabeceras departamentales. El contenido de los ejes centrales, políticas y programas de esta estrategia, aprendiendo de la experiencia habida y problemas acumulados, deben incluir.
Un punto de partida. Refiere a una caracterización y tipología de las mipymes, ya que, en la actualidad, resulta insuficiente el uso de la variable número de empleos como criterio único de caracterización oficial. Las microempresas son aquellas que tienen entre 1 y 10 trabajadores, y las pequeñas entre 11 y 50 trabajadores; siendo difícil valorar otros criterios como la calidad de empleos, grado de informalidad, la acumulación de excedentes, mejoras en la organización y mayor control de las operaciones. Esta nueva caracterización y tipología abarcaría también al sector informal, y unidades de producción campesina familiar (el nuevo censo agropecuario del INE ayudará mucho a ello).
Políticas públicas diferenciadas. Implica la construcción de una (s) política (s) públicas diferenciadas a partir de la (s) problemática (s) que enfrentan las micro y pequeñas empresas según sea la tipología a la que pertenecen. Ello ha sido una exigencia de las asociaciones y organizaciones gremiales que trabajan con este tipo de empresas, ya que las demandas de cada una por actividad económica y rubros es distinta.
Institucionalidad de mayor escala. Las Organizaciones de las mipymes ha luchado por tener mayor visibilidad dentro de la institucionalidad publica, logrando que se aprobara la creación de un viceministerio dentro de la Secretaria de Economía, que fue descontinuado. Hoy se exige la creación de un ministerio para atender a las mipymes, que integre todos los programas y proyectos sueltos, especialmente aquellos que buscan apoyar el desarrollo de iniciativas de innovación, negocios y emprendedurismos, como ejemplo el Programa Nacional de Servicios de Emprendurismo y Pequeños Negocios ( SENPRENDE), autodenominada, en el Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), como la “institución responsable de brindar servicios de formalización, asistencia técnica, asistencia financiera y oportunidades de mercado para los emprendedores a nivel nacional”.
Esta institución llegó a manejar más de 1.000 millones de lempiras en el gobierno anterior, lo cual es suficiente para crear una nueva institución de escala mayor a favor de las mipymes, eliminando el sesgo político-partidista y burocrático. Se sumarían también los pocos programas y proyectos que han quedado de apoyo a las unidades de producción familiar campesina, particularmente donde la mujer lidera.[6]
Banco campesino, Banco del pequeño emprendedor. Para el agro hondureño, existe el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANDESA), tipificado como banco campesino, pero que ha beneficiado y sigue beneficiado no solo a pequeñas unidades de producción campesina, sino también grupos y cooperativas agrarias, medianos y grandes productores (léase: terratenientes). Asimismo, es evidente la vigencia de un enfoque de crédito denominado “piñacha”, donde se asume que un cliente puede caer en mora sin causa justificada y el gobierno seguir financiándole, sin importar la acumulación de una mora que tiene infectado el 70% de los créditos otorgados.
El sector comercial y de servicios no cuenta con una institución de este tipo, aunque bancos privados como Banrural y el Banco Cuscatlán están focalizado parte de su cartera para beneficio de las mipymes formales, igual sucede con la Fundación “Covelo” que ha venido trabajando con mipymes formales con condiciones mejores que la banca tradicional; los Centros de Desarrollo Empresarial CDE-mipymes sirven de canal con la banca tradicional para facilitar servicios financieros a las mipymes, pero cuentan con pocos recursos.
Programa de financiamiento alternativo solidario. La mayoría de las mipymes en Honduras trabajan con recursos de préstamos donde la constante observada es la “usura”. Ello es más evidente en el sector comercio, pero también se observa en el sector agrícola al adelantarse recursos a las pequeñas unidades familiares campesinas para que siembren a cambio de la venta de la producción a precios más bajos que del mercado. Hay que darle un mayor sustento legal para operar a las cooperativas agro-forestales, ahorro y crédito y de consumo, cajas rurales y los bancos comunales. Y, tal como ha sido la demanda de la mipymes, la creación de un Fondo de apoyo a proyectos de negocios y emprendurismo, acompañado de asistencia técnica, capacitación y asesoría de mercados.
Programa de desarrollo económico local mancomunitario (DEL-M) a favor de las Mi pymes. Hemos pensado en legislaciones, programas y proyectos nacionales de apoyo a este tipo de empresas, sin visualizar los espacios locales y/o municipales mancomunitarios. En Honduras se ha venido conformado un gobierno intermedio o meso a través del funcionamiento de mancomunidades que integra lo local o municipal en una escala mayor. Igual debe pensarse al organizar e integrar redes de mipymes de producción, agroindustriales y de servicios.
Nuevo Espacio Fiscal para Potenciar las mipymes. Es necesario crear nuevos espacios fiscales para favorecer este tipo de empresas. Con la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria el gobierno espera que se liberen recursos (gasto fiscal) a favor de sectores menos favorecidos; resultando una cruzada difícil de terminar, ya que hay mucha resistencia en el Congreso de la República, grupos empresariales e incluso candidatos a la Presidencia de la República. Un espacio fiscal nuevo, sin renunciar al anterior, deben ser los gravámenes al capital y actividades dañinas como la minería de cielo abierto y los agro negocios tóxicos, sumado al impuesto único a tierrasociosas y mal utilizadas. Curiosamente, los Organismos Financieros Internacionales (OFIs), mirarían, contrario al pasado, con buenos ojos estas medidas de política.
A ello se suma la vigencia de una estrategia más agresiva para captar mayor ayuda de cooperación multilateral y bilateral, y el apoyo y asesoría técnica a los migrantes y familias para que elaboren y ejecuten planes de negocios y puedan invertir los recursos monetarios de su vida.
Hay quejas de los micros y pequeños empresarios al gobierno por la falta de regulación de las ventas de productos importados instalados por ciudadanos chinos al amparo del posible acuerdo comercial entre ambos países, igual contra maquiladores que comercian sus productos localmente sin que se paguen impuestos ya que gozan de exoneraciones. Y qué decir de la importación masiva de granos (maíz y arroz) y carne, al amparo del RD-CAFTA, y el contrabando de países como Nicaragua.
Estas iniciativas tienen como referencia un modelo de desarrollo de economía solidaria alternativo, sustentado en sus principios básicos: “equidad, trabajo digno, sostenibilidad ecológica, cooperación, reparto justo de la riqueza y compromiso con el entorno”, que posibiliten la generación de iniciativas, espacios y redes económica y socialmente transformadoras[7].Los candidatos a la presidencia de la República deben validar sus propuestas con las asociaciones de micro y pequeños empresarios, unidades de producción campesina, cooperativas de ahorro y crédito, entre otras, e identificar los medios para concretar sus propuestas de campaña, o sea convertir un plan de propuestas políticas en un plan de mediano plazo(2026-2030) de medidas de políticas públicas y decisiones concertadas.
Notas:
[2] IIES-UNAH “Situación del Mercado de Trabajo en Honduras 2024”. Tegucigalpa, Honduras, pág. 1.
[3] Estudio sobre Encuesta Nacional MIPYME 2021/SENPRENDE, Tegucigalpa, Honduras, 2022.
[4]Una legislación especial, es la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Decreto N. 135-2008 de octubre de 2028), siendo presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales. Igual, el Gobierno actual, mediante decreto 48-2022 de mayo de 2022, aprobó la Ley para la Recuperación y Reactivación Económica de la Micro y Pequeña Empresa, cuyos beneficios, en su mayoría tributarios, no abarca a las mipymes informales.
[5] Estudio sobre Encuesta Nacional MIPYME, op.cit
[6] El Gobierno actual ha continuado con la ejecución de SENPRENDE, apoyando la participación de emprendedores en ferias nacionales e internacionales, la construcción de mercados campesinos, entrega de capital semilla a mujeres campesinas, programa de crédito alternativo, apoyo a empresas digitales, registro en línea de mipymes para formalizarse, otros, pero las quejas siguen siendo la falta de impactos visibles en el sector informal de mipymes.
[7] Ver Carta de Principios de la Economía Solidaria. REAS, red de redes de economía alternativa y solidaria, España, 2024.
Este artículo se basa en encuentros con micro y pequeños empresarios de la zona norte del país, 9 y 10 de agosto de 2015.
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