La clasificación de los cárteles de la droga como «organizaciones terroristas» sería la coartada para profundizar las agendas de intromisión y coerción de Estados Unidos en América Latina.
El 7 de agosto, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, acusó sin pruebas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser el jefe de tres estructuras criminales disímiles, rivales entre sí y, en algunos casos, enfrentadas con el propio Estado venezolano: el Tren de Aragua y los cárteles de Sinaloa y de los Soles, y anunció que la Casa Blanca elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto.
Al día siguiente, The New York Times reveló que Donald Trump instruyó en secreto al Pentágono para empezar a usar la fuerza militar contra los ocho cárteles de la droga de México, Venezuela, Haití y El Salvador que su gobierno clasificó, en febrero, como «organizaciones terroristas», y apuntó que la orden ejecutiva ofrecía la base oficial para desplegar operaciones castrenses directas en aguas y territorios extranjeros contra esos grupos delincuenciales. Dado el historial de intentonas de Washington para derrocar al gobierno de Maduro, sumado a las reiteradas actitudes injerencistas del magnate en la república mexicana desde su regreso a la Oficina Oval, ambos hechos fueron rechazados como formas de un intervencionismo ominoso en Caracas y Ciudad de México.
Declarar las estructuras del crimen organizado transnacional como «organizaciones terroristas» y amagar con un ataque militar encierra varios objetivos tácticos y estratégicos. En cuanto a lo táctico, implica: a) situar el problema del trasiego de drogas a Estados Unidos en un ámbito geopolítico y de política bilateral que legitime cualquier acción injerencista de Washington; b) en el marco de una guerra híbrida y dada la asimetría de poder, intentar arrebatar la iniciativa política a México y Venezuela, y forzar un alineamiento táctico y estratégico con la concepción de guerra a las drogas de Estados Unidos, que es esencialmente represiva y punitiva, a diferencia de la de los dos países petroleros involucrados en la trama, y c) sabedores de que esa problemática común no se resuelve en el campo militar, se traslada al terreno geopolítico e ideológico, donde el Estado nación más poderoso del mundo busca imponer sus concepciones por la vía de la injerencia política.
En cuanto a lo estratégico, al atribuir responsabilidades externas a México y Venezuela para atacar y hostigar permanentemente sus soberanías, sus aparatos de seguridad y justicia, debilitando la estructura y el funcionamiento institucional de ambos Estados nacionales, la administración Trump busca: a) generar una actitud punitiva, es decir, persecutoria con cobertura penal, dentro de las sociedades, las instituciones, los símbolos y los valores políticos de dichas naciones, lo que configura una acción que echa a andar una fuerza disruptiva y desestabilizadora en los ámbitos mencionados de un país soberano; b) poner en funcionamiento la dimensión extraterritorial de una ley específica del sistema jurídico de Estados Unidos (tiene varias), que ofrece ventajas geopolíticas importantes al someter la soberanía –en su acepción más amplia– a su propio mandato constitucional, es una forma invasiva de confrontar una problemática que atañe a dos Estados nación, y uno de ellos afecta la independencia del otro, y c) se convierte en un instrumento de política exterior que violenta las normas jurídicas internacionales del orden político global actual, convirtiendo la acción punitiva en un juego de suma cero: lo que es perjudicial para el país objeto de la acción militar o policial punitiva es favorable estratégicamente para Washington, porque le representa una sobredeterminación política sobre el otro Estado.
Sin embargo, no parece haber logrado sus objetivos.
LA INSTRUCCIÓN SECRETA AL PENTÁGONO Y MÉXICO
Tras el reporte del New York Times, otros medios señalaron que el Pentágono preparaba opciones militares, incluidos el uso de fuerzas especiales, el apoyo de inteligencia y el establecimiento de blancos precisos en los cárteles. En su primer mandato, Trump propuso bombardear unilateralmente objetivos en México e invadir Venezuela, pero esas propuestas fueron descartadas por sus asesores militares. No se ha revelado si la nueva orden incluye algo parecido.
De hecho, las primeras versiones reportadas sobre esta orden al Pentágono carecen de detalle sobre si la acción militar sería unilateral o en cooperación con los gobiernos de los países donde están ubicados dichos cárteles, como sugirió el Wall Street Journal. El diario señaló que en abril Trump «presionó a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permitiera un mayor involucramiento de los militares estadounidenses en la lucha contra los cárteles […] y ha amenazado con realizar acción militar unilateral contra los cárteles si México no toma acciones más drásticas para desmantelarlos».
Según dijo al diario mexicano La Jornada el analista militar Dan DePetris, de la organización investigadora Defense Priorities, la CIA ha incrementado sus vuelos secretos cerca de «áreas infestadas por cárteles», deliberando sobre el posible uso de ataques con drones contra laboratorios de fentanilo. DePetris afirmó que la «defensa de la patria» es ahora la principal prioridad de la estrategia de seguridad nacional de su país. Sin embargo, agregó que, en los primeros ocho meses de Trump en la Casa Blanca, la cooperación antinarcóticos entre Estados Unidos y México ha sido mucho mejor con el gobierno de Sheinbaum que durante los seis años de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
A su vez, en un análisis estratégico difundido el mismo día que el New York Times reveló la existencia de la directiva secreta, Caroline Hammer, experta en seguridad global de la consultora Stratfor, señaló que en términos operativos el Pentágono y el Comando Norte –responsable de las acciones militares con México– habrían completado los escenarios de intervención de precisión contra objetivos de alto valor, trazado los mapas de rutas logísticas y bases temporales en territorio fronterizo estadounidense; tendrían al menos dos objetivos, con regimientos esperando luz verde para actuar.
En una entrevista con Catholic Television Network, el secretario de Estado, Marco Rubio, aludió a la variación del vocabulario: lo que cambia (al clasificarlos como organizaciones terroristas) es que da a su gobierno «la autoridad legal para apuntar a estos [los cárteles] de una manera que no se podría hacer si fueran solamente un montón de delincuentes. Ya no es un asunto de la Policía. Se convierte en un asunto de seguridad nacional».
Ante la nueva orden ejecutiva del presidente Trump, la jefa del Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum, aseguró el 8 de agosto que pese a esa decisión «no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio». «Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado, porque, además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas [con Trump], de que no está permitido, no es parte de ningún acuerdo. Cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero eso no», enfatizó la presidenta. Ante la insistencia de los periodistas, dijo que Washington informó previamente a su gobierno acerca de esa disposición y recibió garantías de que no tiene nada que ver con el territorio mexicano. Y sobre el presunto vínculo de Maduro con el cártel de Sinaloa, señaló: «Es la primera vez que oímos ese tema. De parte de México, no hay ninguna investigación que tenga que ver con eso. Nada».
El coronel retirado Craig Deare, exagregado militar de la embajada de Estados Unidos en México en los años noventa, ha sugerido mayor cautela sobre acciones militares de este tipo. Según explicó, la cooperación militar actual entre Estados Unidos y México es bastante buena, a pesar de la retórica de algunos líderes estadounidenses. El ahora profesor de la Escuela Nacional de Guerra de Estados Unidos advirtió que cualquier acción militar unilateral de su país tendría un «impacto negativo devastador» sobre el actual nivel de cooperación. No obstante, precisó que la clasificación como organizaciones terroristas no es solo para los cárteles en México y agregó que el señalamiento de la procuradora general Bondi de calificar a Maduro como «uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza a nuestra seguridad nacional» podría estar preparando el escenario para una acción militar.
LA RESPUESTA DE CARACAS
Tras conocerse el aumento de 20 millones a 50 millones de dólares por la captura de Maduro, el jefe de la diplomacia venezolana, Yván Gil, escribió en su canal de Telegram que «la patética “recompensa” de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto. Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela». El canciller hacía referencia a un proyectado atentado terrorista denunciado la víspera, cuyo blanco era el ministro del Interior, Diosdado Cabello. «No nos sorprende, viniendo de quien viene», adujo el funcionario, quien aludió a la promesa incumplida de Bondi de divulgar la «lista secreta» de Jeffrey Epstein (véase «Gualicho de ultratumba», Brecha, 25-VII-25). Y remató: «Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política».
En el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Venezuela figura solo como un país de tránsito de cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia. Tampoco hay evidencia que respalde la existencia de grandes cárteles del narcotráfico operando en territorio venezolano y, antes bien, en ese país se reportan periódicamente incautaciones procedentes de Colombia. Además, no hay reportes de la presencia de fentanilo.
La puesta en escena de Bondi fue respaldada por Rubio, quien lanzó una ofensiva mediática acusando a Maduro de ser el líder del mítico cártel de los Soles –un relato fabricado por los servicios de inteligencia estadounidenses en el que la propaganda sustituye la prueba y la acusación reemplaza la investigación–, del Tren de Aragua, una organización delictiva destruida en Venezuela, pero que Washington utiliza como excusa para perseguir y criminalizar a los migrantes venezolanos, y como coartada para imponer sanciones económicas y financieras como herramienta de guerra por medios no militares y, lo más inverosímil, de una fracción del cártel de Sinaloa. Un fantasmal triunvirato de poder mafioso utilizado como táctica de distracción, pero que ha sido retomado desde su autoproclamada «clandestinidad» por la dirigente ultraderechista María Corina Machado, quien redefinió al vuelo la «naturaleza del régimen» venezolano, caracterizándolo como «un sistema que ya no califica como una dictadura convencional, sino como una estructura criminal transnacional».
Todo ello convive con una contradicción evidente: mientras se multiplican las acusaciones sin pruebas, Washington mantiene canales de negociación con Caracas para asegurar petróleo y estabilidad energética.
DOS DIPLOMÁTICOS DE CUIDADO
En virtud de todo lo anterior, no parece fortuito el perfil de los embajadores de Estados Unidos en Colombia y México, John McNamara y Ronald Johnson, respectivamente. Ambos forman parte de una generación de diplomáticos con entrenamiento militar, que el Departamento de Estado reserva para escenarios complejos o híbridos, donde la política exterior se fusiona con operaciones de defensa e inteligencia. Esa dualidad civil-militar se traduce en una diplomacia de contención, en la que la interlocución tradicional se combina con objetivos de seguridad estratégica, desarrollo de capacidades locales y, en ciertas ocasiones, operaciones de inteligencia encubierta. Sus experiencias en Oriente Medio y América Latina y el Caribe exhiben un perfil operativo dentro del enfoque diplomático de seguridad que abarca las operaciones encubiertas, maniobras que han caracterizado la política exterior washingtoniana en zonas de conflicto o países a desestabilizar. Los dos actúan como ejecutores de una estrategia geopolítica basada en el pragmatismo, la presión multicanal y la injerencia regional.
Desde Colombia, McNamara jugó un rol de interlocutor activo con el gobierno venezolano durante el proceso de canje de venezolanos secuestrados en El Salvador; junto con el enviado especial de Trump, Richard Grenell, fue uno de los tres operadores estadounidenses que mantuvieron comunicación directa con representantes del gobierno venezolano.
Como McNamara, Johnson responde a una lógica de despliegue táctico, silenciosa, prolongada y sistemática, que se activa en las agendas de intromisión y coerción de Washington. Al defender la decisión de catalogar como terroristas a seis organizaciones criminales con base en México –lo cual constituye un disparate semántico y jurídico en tanto el terrorismo usa la violencia para empujar una agenda política e ideológica, mientras que los cárteles son entidades movidas por el afán de lucro–, el embajador Johnson retorció el lenguaje hasta extremos orwellianos al afirmar que México y Estados Unidos trabajan «de forma colaborativa, como dos aliados soberanos», pues el uso unilateral de la fuerza armada por parte de su gobierno supone la negación de la soberanía mexicana. Tras sus declaraciones, la cancillería mexicana señaló que México no acepta ni aceptará la participación de fuerzas militares de Estados Unidos en su territorio y que toda cooperación bilateral ha de basarse en los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación.
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