La decisión tomada es “trabajar con el Gobierno para facilitar y solucionar los problemas que enfrentan las empresas y los gremios y lo hemos hecho y eso es gracias al acercamiento que ha tenido el Gobierno con nosotros”. [Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes (CCIC)]
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ha presentado los resultados del Barómetro Electoral correspondiente al mes de julio de 2025, con el propósito de conocer las preferencias de los empresarios acerca de los candidatos con mayor aceptación y posibilidades de triunfo en las elecciones de noviembre próximo, identificándose además algunos de los principales problemas que enfrentan y las debilidades del actual Gobierno en la solución de los mismos.
Es importante tener muy en cuenta los antecedentes de la relación entre el COHEP y el Gobierno, distinta a la observada en los gobiernos anteriores (2010-2022). En primer lugar el Gobierno actual derogó leyes y medidas de política de los llamados proyectos extractivos de los fondos públicos donde el sector privado tenia alta presencia y los beneficiaba ( por ejemplo Ley de de Empleo por Hora, Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES) y Fideicomisos), o, al menos, la mayoría de ellos, ya que la Tasa de Seguridad, conocida como el TASON sigue vigente (hay investigaciones en Washington que involucran a diputados y empresarios en el lavado de activos), igual la Minería de Cielo Abierto y Agronegocios Tóxicos depredadores del ambiente y salud humana, lo cual constituye una de la fallas institucionales en la aplicación del modelo de Socialismo Democrático como sustento teórico, político e ideológico del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
En segundo lugar, el Gobierno asumió de nuevo el control de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en sala de espera para privatizarse totalmente si el Partido Nacional ganaba las elecciones en 2021 con Nasry Asfura, el candidato oficialista, pero con Juan Orlando Hernández (JOH) de nuevo a la cabeza, al involucrarse el “virtual” presidente Asfura en actos de corrupción. Los costos de esta decisión para la economía y finanzas del Estado, dada la situación financiera de la empresa, son muy altos, pero parece ser que el balance de los cuatro años (4) del Gobierno de Xiomara Castro no será tan negativo, si se reconoce una reducción de pérdidas técnicas y no técnicas ( no lo esperado), la construcción de mayor infraestructura y vigencia de subsidios a la energía para la población de menos recursos.
En tercer lugar, la elaboración de una Ley de Justicia Tributaria y envío al Congreso de la República para su aprobación, donde se trata de hacer más equitativo y menos regresivo el pago de impuestos, regulando el otorgamiento de exoneraciones fiscales a empresas de mayor tamaño, muchas de las cuales recibiéndolas desde hace más de 40 años, que ha implicado un gasto fiscal de cerca de 70.000 millones de lempiras al año. Esta Ley no se ha aprobado aún, pero el presidente del Congreso de la República, Luis Redondo, manifiesta que solo faltan 3 votos para ello. Los diputados del Partido Nacional se oponen totalmente, pero los del Partido Liberal han elaborado otro anteproyecto “supuestamente” consensuado con la cúpula empresarial.
A ello se suma la propuesta del COHEP de un Pacto por el Empleo, que el Gobierno no ha querido suscribir, al estar condicionado al retiro de la Ley de Justicia Tributaria del Congreso. Según los empresarios, el desempleo ha aumentado como nunca en Honduras, contradiciendo las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que muestran una reducción de la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) de 10.9% en 2020 a 5.2% en 2024 (INE, 2025). En esto, es evidente la falta de diálogo, ya que, en ambos bandos, aunque es un poco difícil distinguirlo entre “bastidores”, hay negociaciones, especialmente con ciertos directivos de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes.
Los resultados del Barómetro Electoral Empresarial (BEE) del mes de julio, se basan en una encuesta a 639 empresarios del país, de los cuales un 35.2% provienen del sector servicios, 27.2% del comercio y menos del 10% de la agroindustria. Más del 60% son micro y pequeños empresarios concentrados mayormente en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Para autoridades del Gobierno, la muestra no es una representación real del sector privado, tanto en número, tipo de empresas, cobertura sectorial y espacio departamental o municipal. Sin embargo, el Gobierno debe aceptar que al ser los encuestados tipificados-mayormente- como micro y medianos empresarios “formales”, son manifestaciones validas en tanto es uno de los sectores prioritarios en las promesas de campaña y propuestas de políticas públicas, por la cantidad de empleos que generan y las condiciones socio-económicas de sus trabajadores (as).
Uno de los resultados con “ruido” refiere a que, cerca del 95% de los encuestados, consideran como necesario el cambio de Gobierno, donde el argumento de fondo es que las políticas económicas y laborales ejecutadas no han sido benignas con el crecimiento económico y el desarrollo, por lo que en vez de andar promoviendo un Ley de Justicia Tributaria, lo que debe hacer el Gobierno es bajar los impuestos.
En el caso del proyecto de Justicia Tributaria, “el 92.9 % de los empresarios comunicaron que no hubo diálogo de los representantes del Gobierno con el sector privado. (…) El 71 % de los empresarios creen que la aprobación de este proyecto en el Congreso Nacional generará pérdida de empleos. (…)El 77.3 % de los empresarios cree que el impacto de este proyecto será negativo para sus empresas. (…). Un 66.7 % reconocieron que están familiarizados con la iniciativa que propone el Gobierno”.[1]
Debe profundizarse más en el análisis de los costos y beneficios para la economía y sociedad hondureña con la aprobación de esta Ley, no solo argumentarse que se ahuyenta la inversión, los empleos y hay pérdida de competitividad en caso de aprobación, cuando la mayoría de las micro (s) y pequeñas empresas no han sido beneficiadas con los regímenes de exoneraciones y exenciones fiscales. Hay evidencia que miembros de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional sostuvieron varias reuniones con diversos actores sobre la propuesta de Ley y, además, realizaron ajustes a la misma, por lo que conviene destacarlo a futuro.
El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), en promedio para 2022-2024, fue de 3.76%, igual se mantuvo baja la inflación en 6.29% promedio anual, aunque se pensaba que no podría reducirse a un digito en 2022 y mantenerse una Tasa de Política Monetaria (TPM) más baja que la de los demás países de la región. Se puede argumentar que estas cifras no son las ideales por el crecimiento del gasto público (incluyendo gasto de inversión), déficit fiscal y el control de la divisa por el Banco Central, pero son satisfactorias inclusive para los organismos financieros internacionales (OFIS).
Una crítica recurrente del COHEP refiere a los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) si se compara con la de otros países de la región, especialmente Costa Rica y República Dominicana, con montos superiores a los 4.200 millones de dólares anuales. Hubo un aumento en estos flujos, a pasar de 920.3 millones de dólares en 2022 a 993.9 millones en 2024 (BCH: 2024), pero insuficientes para una economía que depende mucho de recursos externos (préstamos y remesas), por las restricciones de acceso a recursos internos (exoneraciones que mantienen alto el gasto fiscal e inestabilidad tributaria por la dependencia de ingresos por impuestos indirectos).
En economías como la hondureña es manifiesta una estrechez de mercado interno, necesitando mayores flujos de IED para combatirla, pero también para aumentar los niveles de empleo e ingresos de familias en situación de pobreza, más allá del modelo conceptual e ideológico que da soporte a las acciones de gobierno. La experiencia latinoamericana de países como Bolivia y Uruguay con modelos parecidos han muestran que han necesitado y siguen necesitando IED, para lo cual establecen de entrada reglas e incentivos claros.
Ligado a lo anterior, se manifiesta también un problema estructural en el comercio, no solo en el déficit comercial de más de 8,500 millones de dólares para 2024, sino también en las rigideces para la diversificación productiva y sustitución de productos importados, especialmente alimentos. Las remesas familiares de 9,743 millones de dólares en 2024 (26.3% del PIB), sigue siendo la principal fuente de recursos para enfrentar el desequilibrio y la demanda de importaciones, pero las medidas tomadas por el Gobierno de Donald Trump (un impuesto a las remesas de 1%, aranceles de 10% a las importaciones desde Honduras y más de 72,000 hondureños puestos en situación irregular y en vías de deportación por la eliminación del TPS), visualizan un impacto negativo en los ingresos por divisas del país.
Si los precios en el mercado internacional de productos como el café mejoran, hay un respiro; si caen, la situación se complica y la opción es mayor deuda, en tanto existe resistencia de los empresarios para regular las exoneraciones fiscales y permitirle al Estado captar mayor cantidad de recursos. El seguir con esta política conducirá a un estrangulamiento de las finanzas públicas, y la presión por políticas neoliberales de nuevo cuño. La recomendación de ciertos empresarios, tipo Javier Milei, es la reducción acelerada del gasto mediante el cierre de instituciones públicas, lo cual, en el área social, desprotege a mayor población con problemas de empleo o salarios espurios.
Los presidenciables Salvador Nasralla y Nasry Asfura, según la encuesta, tienen mayor aceptación con los empresarios, pero es de destacar un trabajo sistemático de la candidata del partido LIBRE, abogada Rixi Moncada, con los micros y pequeños empresarios, no solo formales, sino también informales. Ello sugiere la apertura de una encuesta donde se entreviste también a este tipo de empresarios, que no tienen más que su fuerza de trabajo, un pedazo de tierra y la innovación para no desaparecer y morir.
La preocupación de los empresarios, un 32% del total de entrevistados, por la corrupción debe considerarse como válida. Ello también se justifica en aquellos casos de rezago, o sea donde se involucran a empresarios en actos de corrupción en gobiernos del Partido Nacional, especialmente en el manejo de la Tasa de Seguridad (unos 30.000 millones de lempiras), Fideicomisos y ejecución de proyectos de desarrollo social. La pregunta de fondo requerida es si consideran a la corrupción como un problema estructural de la economía y sociedad hondureña, y a la Comisión Internacional de Combate de la Corrupción e Impunidad de Honduras (CICIH), como solución; igual, las acciones que deben exigirse-de entrada-para que se instale en el país en 2025.
En el tema político-electorero, la mayoría de los entrevistados le apuesta a las elecciones de noviembre para el futuro de los negocios, pero cerca del 85% no confían plenamente. Todo apunta a que las elecciones serán las más observadas y la única opción para ganar es captar el voto independiente de la población, donde actores privados como parte de la sociedad hondureña, desde ya participan como veedores.
Honduras perdió hace tiempo la práctica de los debates presidenciales. Se argumenta que los candidatos tienen miedo de comprometerse en público o salir “trasquilados”, resultando más fácil plasmar las promesas de campaña en un documento denominado Plan de Gobierno, que resulta de difícil cumplimiento, no solo por la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional, sino también la disponibilidad de recursos financieros y magnitud de los problemas a enfrentar. Es válido la necesidad de la representación de actores, o sea la vigencia de una Instancia tipo Consejo Nacional de Planificación Económica y Social liderado por la Presidenta, donde esté representado el sector privado.
Los empresarios esperan que los aspirantes a la Presidencia que competirán en las elecciones de noviembre próximo, demuestren honestidad y transparencia, tengan propuestas claras para los sectores productivos y un liderazgo firme. Curiosamente, estas demandan son exigidas también por otros actores como los gremios, iglesias y academia, por lo que será una exigencia de las propuesta de plan de gobierno y ejecutoria de las políticas públicas, programas y proyectos de desarrollo. Implica la demanda de un compromiso previo y agenda de trabajo conjunta para cumplir con el mismo.
Nota:
[1] Ver para ampliación “Resultados del Barómetro Electoral (Primer corte al 27 de julio de 2025), COHEP, Tegucigalpa, DC, 2025.