Introducción
Uruguay, un país pequeño en América Latina, goza de una posición particular en la política exterior regional. A menudo sus posturas trascienden su tamaño geográfico y demográfico para proyectar un peso moral y diplomático en sintonía con sus sólidas tradiciones democráticas. Desde su reconocimiento del Estado de Palestina en marzo de 2011 —meses después de que lo hicieran Brasil y Argentina—, Uruguay adoptó un enfoque basado en el respeto al derecho internacional y al principio de autodeterminación de los pueblos. Al mismo tiempo, ha mantenido relaciones de larga data con Israel en los ámbitos del comercio, la seguridad y la investigación científica, lo que ha otorgado a su política exterior un carácter dual: apertura hacia Palestina, pero también cooperación sostenida con Israel.
No obstante, la guerra israelí contra Gaza (2023–2025) marcó un punto de inflexión en ese equilibrio. Ante el agravamiento de la catástrofe humanitaria y el aumento de víctimas civiles, el gobierno del presidente Yamandú Orsi (Frente Amplio – izquierda moderada) elevó el tono de su discurso contra Israel y pasó de las declaraciones diplomáticas a medidas concretas. La más destacada fue la decisión de cerrar la Oficina de Innovación Científica de Uruguay en la Universidad Hebrea de Jerusalén y suspender el acuerdo de cooperación con dicha institución.
Del reconocimiento a la solidaridad
Uruguay no fue el primer país latinoamericano en reconocer a Palestina, pero sí estuvo entre los pocos que dotaron a ese reconocimiento de un carácter plenamente jurídico y diplomático. Ese paso en 2011 cristalizó su compromiso con el principio de autodeterminación y la ubicó en la ola de solidaridad latinoamericana encabezada entonces por gobiernos de izquierda como Brasil, Argentina y Venezuela.
Con el estallido de la guerra en Gaza, la Cancillería uruguaya emitió entre 2024 y 2025 una serie de comunicados en los que calificó la situación en el enclave de “masacre” y reafirmó su solidaridad con el pueblo palestino. Asimismo, exigió un alto el fuego inmediato, la entrada de ayuda humanitaria a través de Naciones Unidas y rechazó cualquier intento de imponer cambios demográficos o geográficos en los territorios ocupados. Paralelamente, Uruguay dio la bienvenida a iniciativas de mediación internacional como la tregua de Doha (enero de 2025), considerándola un paso en la dirección correcta, mientras reiteraba que la solución de fondo pasa por poner fin a la ocupación y aplicar la solución de dos Estados sobre la base de las fronteras de 1967.
El cierre de la Oficina de Innovación Científica: la decisión y sus significados
El 15 de agosto de 2025, el gobierno de Orsi decidió cerrar la Oficina de Innovación Científica de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Esta medida tuvo un fuerte contenido simbólico, pues dicha universidad no es una institución académica completamente neutral: históricamente ha estado vinculada al Estado israelí y a programas de investigación que en ocasiones apoyan a la industria militar y tecnológica relacionada con la ocupación.
Suspender la cooperación con esta institución expresa el paso de Uruguay de simples condenas diplomáticas a una política de sanción simbólica dirigida a la infraestructura académico–científica que sostiene, en parte, la hegemonía israelí. Así, Uruguay envía una señal clara: no concibe la cooperación científica como un pretexto para ignorar violaciones humanitarias, sino como un ámbito susceptible de revisión cuando Israel actúa como una potencia destructiva contra la población civil de Gaza.
Conviene subrayar que las relaciones económicas y comerciales entre Uruguay e Israel no se han roto por completo. Ambos países mantienen un marco organizado desde la firma en 2007 del Tratado de Libre Comercio entre Israel y el MERCOSUR. En virtud de este acuerdo, las exportaciones uruguayas a Israel ascendieron a unos 61 millones de dólares en 2023, compuestas mayoritariamente por carne y productos agrícolas. Por su parte, Uruguay importó de Israel cerca de 28 millones de dólares en 2024, consistentes en fertilizantes, productos químicos, equipos médicos y ciertas tecnologías electrónicas.
En el ámbito militar y de seguridad, las relaciones han tenido episodios intermitentes pero significativos. Durante los años noventa, Uruguay adquirió tanques T-55 modernizados en Israel, mientras que en las décadas de 1970 y 1980 había importado cascos de combate OR-201 usados por el ejército israelí. Estos antecedentes muestran una dependencia parcial de la industria militar israelí, aunque en una escala limitada.
Además, surgió una cooperación en materia de seguridad civil, con la instalación en Uruguay de un centro de seguridad que emplea tecnología israelí avanzada. Esto revela que la relación no se circunscribió al armamento tradicional, sino que se extendió al terreno tecnológico y preventivo. Sin embargo, el volumen del vínculo militar y de seguridad sigue siendo reducido en comparación con el que Israel mantiene con países más grandes de la región, como Colombia o Brasil. En consecuencia, este aspecto funciona como un complemento de las relaciones bilaterales, pero no como un eje central.
El papel de Brasil y la dimensión regional
El posicionamiento de Uruguay debe entenderse dentro de un marco latinoamericano más amplio. Brasil, bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, ha desempeñado un papel clave en la defensa de Palestina en foros internacionales, impulsando un discurso regional crítico hacia Israel. En este contexto, Uruguay —por su cercanía política y cultural con Brasil y su integración en el MERCOSUR— se ve influido y alentado a asumir posturas más audaces en respaldo a los derechos palestinos.
Conclusiones y recomendaciones
El cierre de la Oficina de Innovación Científica en Jerusalén constituye un punto de inflexión en la política uruguaya hacia Palestina e Israel. Aunque se trate de una medida simbólica, refleja la capacidad de un país pequeño como Uruguay para recurrir a herramientas diplomáticas y académicas con el fin de expresar su rechazo a las violaciones del derecho internacional, aun a costa de parte de sus vínculos tradicionales con Israel. Con ello, la política exterior uruguaya se desplaza hacia una posición más claramente alineada con los valores de justicia y derechos humanos, lejos del equilibrio meramente formal que caracterizó posturas anteriores.
No obstante, esta decisión no debe quedar aislada de su entorno regional e internacional. Su relevancia se amplifica si se articula en coordinación con Brasil y los países del MERCOSUR, generando un frente latinoamericano que presione por el cese de la ofensiva israelí y el levantamiento del bloqueo a Gaza. Paralelamente, Uruguay dispone de margen para desempeñar un papel activo en Naciones Unidas y otros foros globales, impulsando medidas más estrictas como la imposición de sanciones a Israel por violaciones reiteradas de los derechos humanos y crímenes de guerra.
Este viraje también abre la posibilidad de construir alternativas positivas en el ámbito académico y científico mediante el fortalecimiento de la cooperación con universidades palestinas y árabes, en lugar de sostener vínculos cuestionables con instituciones israelíes asociadas a la ocupación y la colonización. Adoptar este camino permitiría a Uruguay mantener presencia en la esfera científica internacional, pero articulada con valores de solidaridad y justicia en lugar de una complicidad indirecta con sistemas de opresión.
En definitiva, el alcance del gesto uruguayo trasciende el acto mismo y sienta las bases para elaborar un discurso latinoamericano común que interprete la causa palestina como una lucha de liberación nacional y no como un mero conflicto geopolítico. Solo así Uruguay podrá transformarse de un actor menor en la política internacional en una voz moral significativa, portadora de la conciencia humanitaria frente a una de las injusticias históricas más apremiantes de nuestro tiempo.
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