Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 las comunidades campesinas que conforman las cooperativas agropecuarias El Chile, Tranvío y Camarones, situadas en Quebradas de Arena, municipio de Tocoa, departamento de Colón, fueron objeto de amenazas y ataques de la banda criminal “Los Cachos” provocando el desplazamiento forzado de 478 familias campesinas del Bajo Aguán. En esta región de la costa caribe hondureña, en los años 70 del SXX, comenzó una reforma agraria adjudicando tierras al campesinado. Durante la fase neoliberal de los años 90, una contrarreforma hizo que los terratenientes se apropiasen irregularmente de gran parte de esas mismas tierras. Desde inicios del SXXI, una nueva etapa de luchas campesinas reactivó la violencia por la resistencia de los terratenientes a los procesos de recuperación de tierras.
Honduras sufre altos niveles de desigualdad, conflictividad social y violencia. La violencia criminal asociada a la delincuencia común, narcotŕafico, violencia machista y crímenes de odio contra la población LGTBI es la que más impacta en la sociedad. Aunque desde 2011, en que el país alcanzó la tasa más alta de homicidios a nivel internacional, las cifras han descendido, la directora del Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz, y Seguridad (ONV-IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) señaló el pasado mes julio que en Honduras la trágica cotidianidad arroja una media de 6 homicidios diarios. Pero hay otra violencia vinculada a conflictos territoriales, relacionada con disputas y acceso a la tierra, que además generá desplazamiento interno.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) documentó que 247.000 personas han sido desplazadas internamente en Honduras como resultado de la violencia generalizada entre 2004 y 2018. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), dependiente del Estado, estima que, durante cinco años (2019-2023), unas 15.174 personas estuvieron en riesgo o fueron víctimas de desplazamiento forzado.
El desplazamiento interno como fenómeno en que las personas han sido forzadas a abandonar sus hogares por conflictos, violencia y persecuciones permaneciendo dentro de las fronteras de su propio país puede ser contemplado como mecanismo de supervivencia o de despojo. Precisamente, esta es la situación en la que se encuentran 478 familias de tres cooperativas de la zona Quebradas de Arena que el 24 de diciembre de 2024 vieron como integrantes de los Cachos ocupaban a la fuerza sus tierras. Los intentos de recuperar las fincas a finales de ese año y las protestas organizadas para denunciar la situación generó una oleada de violencia por parte de este grupo criminal del que fueron víctimas no solo los a campesinos sino las mismas fuerzas policiales que acudieron al lugar de los hechos.
Desde entonces las cooperativas han presentado tres denuncias y en la actualidad 15 miembros de la banda se encuentran procesados. En uno de los procedimientos se encuentra imputado Juan Carlos Lizama Escalante acusado de ser el líder del grupo criminal y el otro se dirige contra Filimon Escobar Irias y Michael Isaac Chinchilla, ante los Juzgados de San Pedro Sula, por los delitos de desplazamiento forzado, privación ilegal de la libertad, lesiones agravadas y asociación ilícita.
El pasado día 1 de septiembre, en el complejo judicial de San Pedro Sula, 135 campesinos y campesinas procedentes de Tocoa, a más de 10 horas de viaje, integrados en la Plataforma Agraria y desplazados por estas acciones de violencia se concentraron durante todo el día para exigir justicia en el caso seguido contra Escobar y Chinchilla. Bajo un implacable sol que les obligaba a buscar la sombra de los árboles del entorno, Johnny Rivas, histórico dirigente de la Plataforma Agraria en la que se integran estas cooperativas agropecuarias, atendió a los diferentes medios de comunicación que acudieron a una rueda de prensa celebrada para denunciar la situación en la que se encuentran estas comunidades desde hace 8 meses en un episodio más de un conflicto que durante más de 30 años asola esta región ante la aparente indiferencia del resto del país.
El testimonio de Johnny Rivas, quien lleva desde 2005 participando en las luchas agrarias por la recuperación de las tierras, reconstruye la historia de la frustrada reforma agraria en esta región del país.
En los años setenta el estado de Honduras asignó en esta zona alrededor de 40.000 hectáreas de tierra para la reforma agraria que fueron adjudicadas a unas 84 cooperativas; en los años 80, al reducirse el presupuesto público para impulsar el proceso, este entró en una fase decadente; continuó en los años 90 con una fuerte campaña del gobierno del nacionalista Rafael Leonardo Callejas, presidente implicado en diferentes casos de corrupción [y condenado en EEUU por el escándalo conocido como FIFA Gate], durante su Gobierno se dieron las condiciones para el despojo de la tierra de la reforma agraria, al margen de la Ley, violentando los artículos que establecen que ninguna persona puede realizar compraventas de tierras sin antes obtener autorización del Instituto Nacional Agrario. La Plataforma tiene documentación del INA que prueba que no existió ningún tipo de autorización para la venta de estas tierras, unas tierras que solo pueden destinarse a personas que cumplen los requisitos de ser hondureño, con escasos recursos y que se dedique a trabajar la tierra; los empresarios no cumplen estas condiciones, al no dedicarse a trabajar la tierra. Según la Ley de Reforma Agraria, ninguna persona natural o jurídica puede ocupar más de 300 hectáreas y la familia Facusse tiene miles de hectáreas, violentando la Constitución y el mandato de la reforma agraria que prohíbe el latifundio. La familia Facusse entró en la región en 1992, justo después de la aprobación del Decreto 31-92 del 5 de marzo de 1992, aprovechando la campaña del gobierno que afirmaba que los campesinos ya no eran capaces de poder desarrollar la tierra y que era el tiempo de la modernización.
Desde 1997, las organizaciones campesinas comenzaron a investigar actos ilegales y a partir del año siguiente las primeras cooperativas interpusieron demandas judiciales. En febrero de 2006, días después del inicio del Gobierno de Mel Zelaya los campesinos tomaron pacíficamente la carretera en Tocoa, [conocida como la “Toma de los Cinco Mil Machetes”], 36 horas después llegó una comisión del Estado con la que firmaron un acuerdo que no se cumplió. El 19 de junio de 2009, tras nuevas movilizaciones, el presidente Zelaya firmó con representantes del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA) un acuerdo que buscaba una solución al conflicto agrario mediante la restitución y compra de tierras. Sin embargo, este acuerdo fue interrumpido debido al golpe de estado del 28 de junio de 2009. Poco antes del golpe, el 23 de junio, el vocero del MUCA Fabio Evelio Ochoa recuerda sufrió un atentado, el vehículo en el que viajaba recibió cuarenta impactos de bala y 7 impactos en el cuerpo, aunque logró sobrevivir le dejó graves secuelas afectandole el cerebro. Este atentado fue un preludio de lo que estaba por llegar con el golpe de Estado, aunque los primeros actos de violencia en la zona databan de 1992, y al tener por objetivo un líder reconocido generó terror y buscaba la desmovilización dentro del contexto previo al golpe de estado. Nueve días después del atentado se dio el golpe de estado y el campesinado se movilizó exigiendo el restablecimiento del orden constitucional. En medio de la represión posterior al golpe, el 9 de diciembre, lejos de paralizar las reivindicaciones reanudaron el proceso de recuperación, ante el incumplimiento del convenio firmado antes del golpe de estado, ocupando algunas áreas de tierra de la cooperativa La Confianza y San Estebán, fortaleciendo la organización, en marzo de 2010 20.000 hectáreas estaban ocupadas por unas 5.000 familias. El gobierno militarizó el Aguan, el 7 de abril entraron alrededor de unos 11.000 policías y militares a la zona; el 13 de abril del 2.010, como secretario del MUCA en la región Aguan, fue llamado a la Casa Presidencia para la firma de unos acuerdos. De nuevo los compromisos alcanzados fueron incumplidos y los terratenientes empezaron a contratar expertos paramilitares colombianos, infiltrándose en el territorio y generando lo que ahora tenemos. Desde hace unos trece años que se crearon estos grupos criminales decenas de compañeros fueron asesinados, incluido el presidente del MUCA del Aguan, en octubre de 2016, a pesar de que era beneficiarios de medidas cautelares para su protección. Rivas explica como la época de la narco-dictadura fue muy complica y tuvo que desplazarse durante cuatro años del Aguán. La Comisión Interamericana emitió un informe de fondo en 2021 con recomendaciones para el estado de Honduras, incluyendo fortalecer la unidad de investigación de muertes violentas y el mecanismo de protección, sin olvidar garantizar la posesión, uso y goce de las tierras de reforma agraria a los verdaderos dueños, los campesinos y campesinas que tienen los títulos definitivos de propiedad. Con esa confianza han seguido con las ocupaciones y la respuesta de Miguel de la Solada Facuse y de las estructuras agroindustriales fue el reclutamiento desmedido de criminales para llevar a cabo desalojos extrasjudiciales, al no tener argumentos para defender su derecho de forma legal ante los tribunales recurren a estructuras criminales que generan terror y miedo y acometen desalojos extrajudiciales que dan lugar a desplazamiento forzado. Desde el 27 de enero de 2010 hasta la actualidad, la violencia ejercida por estas estructuras criminales ha ocasionado más de 200 muertes de compañeros que estaban organizados en la lucha por la defensa de la tierra.
Las organizaciones agrarias denuncian que detrás de toda esta violencia se encuentra la familia Facussé. Miguel Facussé Barjum, fallecido en 2015, fue el principal productor de palma aceitera en Honduras, con miles de hectáreas sembradas destinadas a la producción de aceite o biocombustible, mediante la Corporación Dinant. Durante los años 90 fue beneficiario de la contrarreforma agraria que su sobrino, el presidente liberal Carlos Flores Facussé, apoyó mediante la Ley de Modernización Agrícola. En diferentes ocasiones fue vinculado con el narcotráfico, tanto en declaraciones judiciales ante autoridades estadounidenses como en cables diplomáticos filtrados por wikileaks. En ese sentido, el narco Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa habría recibido un cargamento de 1050 kilos de cocaína en Tocoa y la avioneta empleada utilizó una pista de aterrizaje privada de la familia Facussé en el sector de Farallón. En enero de 2023, la propia Plataforma Agraria interpuso ante el Ministerio Público una denuncia contra Miguel Mauricio de la Soledad Facussé Saenz, hijo y heredero del magnate de la DINANT. En un comunicado conjunto Plataforma Agraria y COPA señalaban que el jefe de seguridad de Dinant ofrecía pagos por quitarle la vida a los dirigentes de las cooperativas que reclama sus legítimos derechos a la tierra de la reforma agraria y que empleados y guardias de seguridad al servicio de la DINANT habrían disparado a integrantes de la cooperativa el Chile. Detrás del incremento de la violencia y el empleo de estas redes criminales estaría la firma del convenio entre La Plataforma Agraria, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y el Gobierno hondureño orientado al abordaje de las causas estructurales del conflicto en el Bajo Aguán y retomar la reforma agraria pendiente.
Durante la audiencia para continuar el juicio contra los imputados, el fiscal del caso presentó una batería de pruebas y evidencias contra estos y detalló la situación de violencia generalizada que se vive en la zona por el conflicto armado y cómo la presencia y nivel de violencia empleada por parte del grupo los Cachos impidió durante el pasado mes de febrero que el Estado cumpliera con sus obligaciones para que pudieran regresar los desplazados, afectando incluso a las fuerzas policiales que tuvieron que retirarse del lugar y sufrieron daños incluso en un vehículo táctico blindado Black Mamba, como resultado de todo ello se frustró que las comunidades campesinas pudieran regresar al lugar del que fueron desplazadas. El abogado de la acusación precisó que los hechos investigados constituyen graves violaciones de derechos humanos y que no es un conflicto entre comunidades, sino una situación de violencia de un grupo criminal que, mediante el sicariato, desplaza familias campesinas.
El siguiente martes 2 de septiembre, el Juez dictó auto formal de procesamiento por delito de desplazamiento forzado para ambos imputados, para Michael Isaac Chinchilla con el añadido de privación ilegal de libertad y lesiones; sin embargo, el Juez sobreseyó provisionalmente el cargo de asociación ilícita.
En el Bajo Aguán el conflicto armado continua, no lo paró el decreto que impedía portar armas de fuego, impuesto en 2013 por Porfirio Lobo y derogado a finales de 2024 -mientras estuvo vigente se contabilizaron más de 2.000 muertes violentas, en su mayoría, por armas de fuego-, tampoco los estados de excepción del Gobierno de Xiomara Castro, ni la militarización de la región posterior al golpe en 2009. En un país dominado por la impunidad la decisión del Juez, contra la que cabe recurso, le da una de cal y otra de arena a las víctimas, avanza el juicio pero no por asociación ilícita. Unas familias que, como Johny Rivas recuerda, permanecen desplazadas en situaciones precarias, sin acceso a sus medios de producción. Mientras tanto, el grupo criminal Los Cachos sigue controlando el territorio y ocupando tierras de los campesinos ilegalmente porque la Secretaría de Seguridad en la zona afirma que no dispone efectivos suficientes para enfrentarse a la banda y realizar unos desalojos que ya han sido suspendidos en dos ocasiones por esta razón.
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