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Entrevista a Guarionex Padilla Marty, historiador y educador puertorriqueño

«Ha avanzado un proceso de desplazamiento y de (re)asentamiento colonial producto de las políticas fiscales de la Ley 60 del 2019»

Fuentes: Rebelión

Guarionex Padilla Marty (Cabo Rojo, Puerto Rico, 1993) es historiador y educador. Realizó estudios de bachillerato en Historia (2017) en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Recientemente, completó su maestría en Historia (2024) en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Mantiene junto a Esteban Gómez un destacado podcast intitulado Plan de Contingencia. Padilla Marty ha contestado todas nuestras preguntas. Todas sus respuestas son para ser compartidas con todos vosotros.

– Wilkins Román Samot (WRS, en adelante) – ¿Es hora de exigir el fin del colonialismo y comenzar una conversación sobre reparaciones económicas en Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Por qué?

– Guarionex Padilla Marty (GPM, en adelante) – No solo es hora, sino que es un imperativo histórico. El colonialismo estadounidense ha saqueado a Puerto Rico durante más de un siglo, imponiendo un modelo de capitalista colonial de dependencia que ha generado una metacrisis caracterizada por pobreza, altos niveles de endeudamiento, migración masiva y desplazamiento, deterioro de la infraestructura y calidad de vida.  En ese sentido, las reparaciones económicas no son solo una cuestión de justicia histórica, sino una necesidad estructural para remediar el subdesarrollo impuesto por el colonialismo durante más de un siglo. Entonces la conversación debe girar en torno a la independencia y le proceso de transición, la devolución de tierras y recursos, y la compensación económica por décadas de explotación a nuestro pueblo.

– WRS – ¿Qué relación si alguna ves entre la migración de los puertorriqueños a los Estados Unidos y las innumerables oportunidades desarrolladas por el Congreso de los Estados Unidos para que las corporaciones estadounidenses exploten a Puerto Rico?

– GPM – Claro que hay una relación entre la migración y las políticas fiscales que han dominado todos los planes de desarrollo económico de los gobiernos coloniales. Para empezar, la migración masiva de puertorriqueños ha sido una estrategia bien documentada desde la década de 1940, cuando se promovió la salida de trabajadores como una válvula de escape para aliviar presiones sociales y económicas en el archipiélago. Este proceso se enmarcó principalmente dentro de la Operación Manos a la Obra, un programa que, mientras facilitaba incentivos fiscales para que corporaciones estadounidenses se radicaran en Puerto Rico, fomentaba la migración de miles de puertorriqueños hacia trabajos Estados Unidos. Estas políticas migratorias lograron maquillar artificialmente las tasas de pobreza y otros indicadores socioeconómicos, pero a costa de la expulsión forzada de una parte significativa de la población.

En fin, estas políticas migratorias funcionaron para que las corporaciones estadounidenses explotaran a la cabalidad la mano de obra barata en Puerto Rico de ese entonces, pero la cantidad de empleos que proveyeron nunca fueron suficientes y siempre dependieron de mayores privilegios fiscales a cuenta del erario. Con el establecimiento de la sección 936, sucedió algo similar. En la actualidad, más allá de las corporaciones, ha avanzado un proceso de desplazamiento y de (re)asentamiento colonial que ha sido producto de las políticas fiscales contenidas dentro de la Ley 60 del 2019. Esta ley ha impulsado una burbuja inmobiliaria, encareciendo la vivienda y dificultando el acceso a propiedades para los/as puertorriqueños/as; pero también ha generado una nueva élite de extranjeros que con privilegios fiscales que no están disponibles para las mayorías sociales de este país. Esta ley, como las viejas leyes que dieron paso a Manos a la Obra, fomentan un modelo de desarrollo dependiente basado en privilegios fiscales para unos pocos, que descansa sobre el desplazamiento y la expulsión de nuestros nacionales hacia los Estados Unidos. Todas estas políticas de privilegios fiscales solo han profundizado la lucha de clases en Puerto Rico, tanto con los sectores intermediarios del capital como con extranjeros multimillonarios que han llegado a nuestras cosas con el propósito de asentarse.

– WRS – ¿Cuál debería ser el rol de la academia y la sociedad civil puertorriqueña dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico en la descolonización de Puerto Rico, si alguno? ¿Qué deberían hacer?

– GPM – La academia y la sociedad civil deben jugar un papel central en este proceso de descolonización. En primer lugar, academia tiene la responsabilidad de desmantelar la narrativa colonial que justifica la subordinación política de Puerto Rico. Debe generar investigación crítica, fomentar la conciencia histórica y el compromiso político e intelectual. Y, en segundo lugar, la sociedad civil debe organizarse en frentes de lucha que exijan el fin del colonialismo. Sin embargo, ni la academia ni la sociedad civil están ajenos a las consecuencias de la metacrisis colonial. El vacío político que atraviesa el país también se refleja en la academia, pero sobre todo en la llamada sociedad civil. ¿Qué hacer entonces?

Es crucial construir espacios de convergencia que unifiquen las diversas luchas ocurriendo en Puerto Rico. Un ejemplo claro es el tema ambiental, que ha demostrado ser un punto de encuentro entre diversos sectores de la sociedad. Las luchas ambientales –como la que dio en Peñuelas contra el depósito de cenizas de carbón– nos han enseñado la importancia de la organización a nivel comunitario, pero ahora es necesario conectar todos los frentes en uno solo. Este frente debe centrarse en la defensa del territorio y en la lucha por permanecer, una lucha que es de carácter existencia y que trasciende la escena local y se vincula con la supervivencia misma de nuestro pueblo. Esa lucha es la lucha por nuestra soberanía.

Asimismo, urge que tanto la academia como la sociedad civil retomen la agenda internacional, que se puedan construir alianzas con otros pueblos del Sur Global en lucha contra el imperialismo y utilizar todos esos espacios políticos internacionales para la denuncia de la situación colonial de la isla. Y es que solo a través de una articulación local e internacional, y de una lucha unificada, podremos avanzar hacia la descolonización y la construcción de un futuro soberano para Puerto Rico.

– WRS – ¿Cómo el Comisionado Residente de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos y los congresistas de origen puertorriqueño podrían ayudar a resolver los problemas económico-sociales creados por la explotación de los Estados Unidos en Puerto Rico?

– GPM – Mientras Puerto Rico siga bajo dominio colonial, la figura del Comisionado Residente seguirá siendo una de intermediario. Sin embargo, los/as congresistas de origen puertorriqueño/a sí tienen la capacidad de influir en la política estadounidense y podrían desempeñar un papel importante en la resolución de la cuestión nacional de Puerto Rico, pero no lo han hecho. Para ello, deberían comprometerse a impulsar medidas concretas que aborden las raíces de la metacrisis y abran camino hacia un proceso ordenado de independencia.

No obstante, históricamente, gran parte de esta representación congresional ha sido defensora del status quo e incluso promotora de la infame Ley PROMESA. Estas medidas, con el aval de esa representación, ha priorizado los intereses de Washington y la banca estadounidense sobre las necesidades de las mayorías sociales de Puerto Rico. Si realmente se comprometiera con la justicia para con nuestro pueblo, esta representación congresional presionarían para un proceso de descolonización que incluya reparaciones económicas por el daño realizado a nuestro pueblo durante más de un siglo.

– WRS – ¿Por qué los movimientos de estadidad no han sido capaces de confrontar al imperialismo estadounidense en Puerto Rico y los Estados Unidos? ¿Qué deberían hacer?

– GPM – Porque desde sus orígenes, el movimiento estadista ha sido funcional al colonialismo estadounidense. El PNP nunca ha cuestionado la relación de subordinación y de dependencia con Estados Unidos, la ha favorido. En ese sentido, el movimiento estadista es contrario a la emancipación y la lucha anticolonial, porque favorece la total integración y asimilación de Puerto Rico como un estado más de los Estados Unidos.

– WRS – ¿Qué ha hecho, si algo, la presidencia de los Estados Unidos, y los dos partidos políticos dominantes dentro de los Estados Unidos, el demócrata y el republicano, para mitigar el desastre que ellos y los estadounidenses ayudaron a crear dentro de Puerto Rico?

– GPM – Absolutamente nada. La política estadounidense respecto a Puerto Rico no ve partidos, sino intereses económicos y políticos. Tanto demócratas como republicanos han tenido exactamente la misma actitud para con Puerto Rico, acentuando la metacrisis colonial.

– WRS – ¿Cuál sería la forma de que los puertorriqueños rompan con este ciclo de abuso del colonialismo estadounidense dentro de Puerto Rico? ¿Debería Puerto Rico y los puertorriqueños ser reparados económicamente por Estados Unidos?

– GPM – La organización popular será clave, pero debemos reconocer que en la coyuntura actual existe un importante vacío político dentro de los independentismos y las izquierdas en Puerto Rico. Las pasadas elecciones demostraron que hay un campo fértil para hablar de independencia, pero sin embargo nada de ello se ha traducido en organización de esos sectores que en conjunto favoreciendo la candidatura a la gobernación de Juan Dalmau.

Ante esa realidad, se hace necesario la reorganización del conjunto de los independentismos como un movimiento plural que pueda confrontar el poder colonial, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos e exigir un proceso ordenado de independencia que incluya reparaciones económicas por los daños caudados por más de un siglo de dominación y explotación colonial. Solo a través de una organización amplia que integre a todos los sectores comprometidos con la descolonización, podremos construir las bases para un Puerto Rico libre.

– WRS – El economista francés Thomas Piketty considera que Francia debería reparar en más de 28 mil millones de dólares americanos a Haití. ¿En cuánto debería Estados Unidos reparar económicamente a Puerto Rico y a los puertorriqueños?

– GPM – Ese cálculo debe incluir el valor de la explotación de nuestros recursos naturales, las consecuencias de salud pública en las islas municipio de Vieques y Culebra, los daños socioeconómicos y otros impactos derivados de más de un siglo de colonialismo. Yo creo que sería una cifra que superaría los 100 mil millones de dólares, y estos fondos deberían destinarse, en parte, a garantizar inversiones en infraestructura crítica, como la educación y salud. Asimismo, como parte del proceso de reparación, debe negociarse para que Estados Unidos asuma su responsabilidad histórica para con la limpieza y la restauración de ecosistemas contaminados por las prácticas miliares, pero también para con la cancelación de la deuda pública.

Existen precedentes históricos que respaldan esta propuesta. Un ejemplo claro es el llamado Proyecto Johnston de 1989, en el que el Partido Independentista Puertorriqueño demostró la viabilidad de negociar una transición ordenada hacia la independencia. Esa conversación con el Congreso de los Estados Unidos incluía la idea de transferencias en bloque por un periodo de años como forma de compensación por los daños ocasiones por el colonialismo.

– WRS – Muchos puertorriqueños viven en la diáspora, bien en Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Otros puertorriqueños han sido y son partícipes del saqueo estadounidense dentro de Puerto Rico. Todos, los primeros y los segundos son estadounidenses. ¿Por qué deben ser o no ser recompensados? ¿Son todos los puertorriqueños sujetos coloniales a los que se les ha robado su futuro en su propia tierra? ¿Se les debe devolver su futuro estén donde estén, sean quienes sean?

– GPM – Todas las personas, independientemente de su ubicación o participación en el sistema colonial, son víctimas del colonialismo. La diáspora puertorriqueña, por ejemplo, es resultado de la migración forzada de la metacrisis colonial, mientras que aquellas personas que han participado en el saqueo como intermediarios lo han hecho dentro de un sistema que premia esa colaboración con el beneplácito del poder colonial. Por lo tanto, aun precisando esas diferencias todos los/las puertorriqueños/as nos merecemos reparaciones y la oportunidad de reconstruir un Puerto Rico libre y soberano.

– WRS – Recientemente ha estado moviéndose un proyecto de Orden Ejecutiva para el reconocimiento de la soberanía de Puerto Rico por parte del Presidente de los Estados Unidos. ¿Qué le falta a ese proyecto de Orden Ejecutiva? ¿Qué defectos le ves a ese proyecto de Orden Ejecutiva? ¿Por qué los Estados Unidos merecen algo mejor? ¿Por qué Puerto Rico merece algo mejor?

– GPM – Para empezar, considero que este borrador de Orden Ejecutiva ha reabierto una discusión necesaria: la necesidad de iniciar un proceso ordenado de transición hacia la independencia, especialmente en el contexto actual de los Estados Unidos. Curiosamente, la respuesta desde varios sectores ha sido de rechazo, incluso presentando el colonialismo estadounidense como una democracia y omitiendo que la independencia es, ante todo, un campo de lucha. Esa realidad nos invita a reflexionar que la independencia no es una varita mágica en sí misma, pero sí un elemento esencial en la reconstrucción de Puerto Rico.

Es cierto que este borrador Orden Ejecutiva puede tener varios defectos, pero la Historia, con mayúsculas, no avanza esperando las condiciones perfectas, sino a través de luchas y contradicciones sistémicas como las de este momento en particular. En ese sentido, esta Orden Ejecutiva no es más que una de las múltiples herramientas para conducir a Puerto Rico hacia un proceso ordenado de traspaso de poderes y transición hacia la independencia. Su valor radica en que nos sirve como un punto de partida para impulsar un diálogo, con acciones concretas que lleven a Puerto Rico hacia la descolonización definitiva.

Wilkins Román Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realizó estudios avanzados en Antropología Social y Derecho Constitucional.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.