La Estrategia de Seguridad Nacional publicada por los Estados Unidos en noviembre de 2025 no debe interpretarse como un documento político coyuntural, sino, por el contrario, como la reafirmación de una arraigada y sombría tradición de intervencionismo. De hecho, este texto oficial se inserta directamente en el marco histórico de la política exterior estadounidense, cimentado en dos pilares conceptuales fundamentales: Primero, la Doctrina Monroe, que es la base conceptual de la supremacía regional, y segundo, el Corolario Roosevelt, que sirvió como justificación de la intervención militar directa en América Latina y el Caribe.
Las Raíces del Intervencionismo: Doctrina Monroe y Corolario Roosevelt
Para comprender la línea de continuidad histórica que traza el documento actual, es crucial repasar sus antecedentes. La Doctrina Monroe fue la política exterior central de Estados Unidos, proclamada por el presidente James Monroe en 1823. Su esencia se resumía en la frase «América para los americanos», aunque interpretada en la práctica como “América para los Estados Unidos”. El objetivo declarado era detener la intervención de potencias europeas (como España o Francia) en los asuntos de los países recién independizados del continente.
Esta doctrina estableció tres puntos clave: Europa no debía establecer nuevas colonias en América; además, Europa no debía interferir en los asuntos de las naciones americanas, y Estados Unidos, se comprometía, a su vez, a no intervenir en los asuntos o guerras de Europa. No obstante, en la práctica, la Doctrina Monroe fue utilizada por EE. UU. para justificar y legitimar su propia hegemonía e intervención en Latinoamérica y el Caribe.
Posteriormente, el presidente Theodore Roosevelt (1904) le dio un giro aún más agresivo a la doctrina. Declaró que, si alguna nación latinoamericana o caribeña incurría en lo que él denominó «malas acciones» o “errores crónicos”, Estados Unidos tenía el derecho de ejercer un «poder de policía internacional» para intervenir y restablecer el orden. Esta postura se conoce como el Corolario Roosevelt y marcó el inicio de la política del «Gran Garrote». En consecuencia, el Corolario Roosevelt fue utilizado para justificar numerosas ocupaciones militares a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. Ejemplos notables incluyen: la intervención en la República Dominicana, la imposición de la Enmienda Platt (1901) en la Constitución cubana, que otorgaba a EE. UU. el derecho de intervención militar, la intervención y ocupación militar de Nicaragua (1912-1933), y la ocupación militar de Haití (1915-1934), entre otras acciones.
La Doctrina Monroe en la Guerra Fría (1947-1991)
Durante el periodo de la Guerra Fría, la Doctrina Monroe se reinterpretó nuevamente para justificar, desde la perspectiva de Estados Unidos, la lucha contra el comunismo en la región. Cualquier gobierno o movimiento político percibido como prosoviético o comunista era catalogado como una “intervención” externa que amenazaba la seguridad de EEUU.
Precisamente, esta reinterpretación justificó una serie de acciones de injerencia directa e indirecta, tales como: el apoyo de la CIA para el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Jacobo Árbenz en Guatemala (1954), el posterior respaldo al golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile (1973), el derrocamiento y asesinato de Maurice Bishop en Granada (1983), y el financiamiento a los grupos terroristas contrarrevolucionarios que desarrollaron la guerra de agresión contra Nicaragua en la década de 1980.
De este modo, la Doctrina Monroe se consolidó como la base ideológica del hegemonismo estadounidense en América Latina y el Caribe, justificando intervenciones para proteger sus intereses geopolíticos bajo el pretexto de la seguridad hemisférica.
El Corolario Trump: Resurrección formal de la Doctrina Monroe
El Documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos constituye la articulación de una nueva doctrina imperial, diseñada para cimentar la hegemonía estadounidense durante el siglo XXI. El elemento más trascendental y con implicaciones profundas para la región es la formalización del «Corolario Trump a la Doctrina Monroe». Esta invocación histórica no es un ejercicio retórico; más bien, es una inequívoca declaración de intenciones que proyecta la futura política de EE. UU. en el legado más intervencionista de su historia en Latinoamérica y el Caribe.
Así, el Corolario Trump, incluido en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, define la seguridad de Latinoamérica y el Caribe como un imperativo de seguridad nacional estadounidense. Este enfoque se centra en tres desafíos principales: la migración masiva, la lucha contra el narcoterrorismo y la negación de influencia a competidores no hemisféricos. El análisis de esta estrategia, por lo tanto, debe enmarcarse en la evolución de la política hegemónica de Washington, que históricamente ha visto a América Latina y el Caribe no como una región de estados soberanos, sino como su esfera de influencia natural.
El Nuevo Imperialismo: seguridad, fronteras y negación estratégica
La estrategia define claramente los objetivos de Estados Unidos, estableciendo cinco intereses nacionales fundamentales. El primero y más explícito es: “asegurar que Latinoamérica y el Caribe permanezca razonablemente estable y suficientemente bien gobernado para prevenir y desalentar la migración masiva a los Estados Unidos». Este enfoque subordina directamente la seguridad de Latinoamérica y el Caribe a la seguridad fronteriza interna de Estados Unidos, fusionando la política exterior con la interna. La doctrina opera sobre tres pilares principales:
– Control de la Migración y Estabilidad Interna
El primer objetivo, la estabilidad «suficientemente bien gobernada», busca contener los flujos migratorios. Esto implica una nueva forma de intervencionismo basada en la condicionalidad. Washington busca socios regionales que colaboren para «detener, en lugar de facilitar, los flujos de población desestabilizadores». Desde la perspectiva histórica, esto transforma la ayuda y la diplomacia en una herramienta de control poblacional transnacional. En otras palabras, los gobiernos de la región son esencialmente evaluados por su capacidad para actuar como diques o tapones de la migración hacia el Norte.
-La Guerra contra el Narcoterrorismo y los Cárteles
El documento eleva la lucha contra el crimen organizado al estatus de una confrontación militar-estratégica, al declarar a los cárteles de la droga y las bandas extranjeras salvajes como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Esta grave designación permite justificar el despliegue de activos militares y de inteligencia, y el posible uso de fuerza letal en el extranjero, bajo el pretexto de la autodefensa contra el terrorismo. Históricamente, la «Guerra contra las Drogas» ha sido un pretexto para la intromisión; sin embargo, esta nueva categorización intensifica considerablemente la justificación para futuras operaciones unilaterales.
– Negación de la Influencia a Competidores No Hemisféricos
Quizás el elemento más marcadamente «imperial» es la intención de aplicar una política de «negación estratégica» a terceros países. El Corolario Trump establece que Estados Unidos negará a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Obviamente, este punto se dirige sin ambages a potencias como China y Rusia, cuyas inversiones y lazos políticos y económicos se han expandido significativamente en la región en las últimas dos décadas.
Para reafirmar su postura, la estrategia lo convierte en una elección binaria para los países latinoamericanos: «La disyuntiva que todos los países deberían afrontar es si quieren vivir en un mundo liderado por Estados Unidos, con países soberanos y economías libres, o en uno paralelo, influenciado por países del otro lado del mundo». De este modo, esencialmente se coarta la libertad de los Estados latinoamericanos y caribeños para determinar su propia política exterior, imponiendo una alineación obligatoria con Washington bajo la amenaza de represalias o exclusión económica.
La dimensión económica y la reafirmación de la dependencia
La Estrategia de Seguridad Nacional es profundamente económica, priorizando la seguridad económica como fundamental para la seguridad nacional. Para América Latina y el Caribe, esto se traduce en una política de dependencia económica gestionada.
La estrategia busca: Fortalecer las cadenas de suministro críticas en América Latina y el Caribe para reducir las dependencias externas de Estados Unidos y aumentar la resiliencia económica, convertirse en el «socio predilecto», ofreciendo bienes, y servicios con «menos obstáculos regulatorios», en contraste con los supuestos costos ocultos de la asistencia de otros países y alinear las economías: Se propone ayudar a los países de bajos ingresos a desarrollar sus propios mercados de capital y vincular sus monedas más estrechamente al dólar, asegurando el futuro del dólar como moneda de reserva mundial.
Este enfoque económico es la «nueva» cara de la hegemonía imperial: en lugar de la intervención militar directa como norma (aunque se mantiene la amenaza), el control se ejerce a través de la infraestructura económica y tecnológica, asegurando la primacía de los mercados de capital estadounidenses y el acceso a recursos vitales, como los minerales y elementos de tierras raras.
La paradoja de la soberanía en la Nueva Doctrina
La Estrategia proclama la primacía del Estado-nación y defiende la soberanía como un principio fundamental. Sin embargo, esta es la gran paradoja retórica de la doctrina. Por un lado, promueve el «no intervencionismo» como una predisposición, estableciendo un «estándar alto para lo que constituye una intervención justificada». Pero, por el otro, la misma doctrina crea una justificación permanente para la injerencia en América Latina y el Caribe, a saber:
– La necesidad de «Buen Gobierno» funcional a la frontera de EE. UU.:
El interés en prevenir la migración masiva implica que la «estabilidad» y la «buena gobernanza» en América Latina y el Caribe se definen por un criterio de conveniencia estadounidense, no por el bienestar de sus propios pueblos. Por lo tanto, un Estado que no logra frenar la migración o el crimen transnacional es, por definición, una amenaza a la seguridad de EE. UU. y un blanco potencial para la intervención o la presión.
– Soberanía condicionada por la Alianza Estratégica:
La soberanía latinoamericana es honrada siempre y cuando no se alinee con los «competidores no hemisféricos». Es una soberanía que se ejerce en el marco de una alineación obligatoria con los intereses geoestratégicos de Washington. En efecto, el reconocimiento de la soberanía se convierte en un acto transaccional. Según esta visión, Estados Unidos «honra» la soberanía de los países de la región solo si cumplen la condición clave de no aliarse con sus rivales geopolíticos (principalmente China y Rusia). Por consiguiente, si un país busca una relación fuerte con estos competidores, corre el riesgo de ser visto como un adversario, lo que puede resultar en consecuencias negativas (sanciones, críticas, reducción de ayuda, etc.).
La frase denuncia que la soberanía latinoamericana es una «soberanía a prueba», que debe ser ganada continuamente mediante la alineación con los intereses de Estados Unidos. Esto significa que el reconocimiento de la soberanía no es un derecho incondicional, sino un intercambio o negocio. La verdadera independencia y autodeterminación de un país se ve limitada. Si el país se alinea, es considerado soberano. Si se desvía, entonces EE. UU. puede dejar de «reconocer» o «respetar» plenamente esa soberanía.
Conclusión
Frente a la renovada amenaza que representa la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, América Latina y el Caribe debe comprender que la soberanía no es una dádiva transaccional otorgada desde Washington, sino un derecho irrenunciable que debe ser defendido con firmeza. La resurrección de la Doctrina Monroe y su Corolario Trump no son otra cosa que la manifestación de un imperialismo caduco, que busca imponer la subordinación económica y la alineación geopolítica bajo el velo de la «seguridad» estadounidense.
Es imperativo, por lo tanto, forjar una respuesta hemisférica basada en la unidad, el fortalecimiento de alianzas y la integración regional profunda, trascendiendo la lógica de la coerción. La única ruta para la verdadera autodeterminación y el desarrollo pleno pasa por la decidida ruptura con el hegemonismo imperial y la construcción de un orden multipolar donde Latinoamérica y el Caribe sea un actor soberano, no un patio trasero custodiado por el Gran Garrote.
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