“Con la declaratoria de las Consejeras Ana Paola Hall y Cossette López se ha consumado un proceso de control y manipulación de unas elecciones cargadas de fraude”. (P. Ismael Moreno SJ, Analista político)
El 24 de diciembre, cuando la mayoría de las personas buscaban las hojas de huerta para hacer los tamales y compartir en familia la Navidad, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Coset López del Partido Nacional y Ana Paola Hall del Partido Liberal, declararon presidente de la República a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, con una diferencia de más de 27.000 votos de los obtenidos por Salvador Nasralla del Partido Liberal, menos del 0,75%.
El problema es que, en clara violación de las leyes del país, la declaración se hizo faltando más 300 urnas por escrutar y sin resolverse las impugnaciones presentadas por los partidos, con más de 8.000 actas contaminadas o infladas identificadas solo por el Partido Liberal. Además, sin la firma del consejero propietario, Marlon Ochoa del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), llamándose a su suplente, Carlos Cardona Hernández, que sin autorización del Partido y del Consejero Propietario, firmó la declaratoria. Se habla que recibió 30 millones de lempiras por dicha firma, pero los expertos señalan que su participación es ilegal, como también lo es la declaratoria.
La declaratoria la brindan dos consejeras que tenían más de 10 días de no asistir a las instalaciones del CNE, incluso con cambio de mando en las FFAA de Honduras, donde se nombró al General de Brigada Héctor Valerio como Jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), quien es hombre de confianza del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), indultado por Donald Trump, que cumple una condena de 45 años de cárcel al ser encontrado culpable de narcotráfico y conspiración. Se adujo que las Consejeras habían recibido amenazas e intimidación del Jefe de las FFAA anterior, General Roosevelt Hernández, pero al cesar en su cargo, ya no se justifica su encierro.
La declaratoria se cree, fue emitida por las Consejeras desde una Embajada (de EEUU o Argentina), lo que para los entendidos en derecho electoral agrega otra ilegalidad a la misma.
Salvador Nasralla ha manifestado que, a todas luces, la declaratoria constituye la aceptación de un fraude electoral contra su persona y pueblo hondureño, que salió a votar en contra del pasado de políticos, funcionarios y policías narcotraficantes, corruptos y asaltadores de urnas. Y que seguirá agotando todos los medios que le asisten a nivel nacional e internacional, para defender su triunfo al mostrar las pruebas del “monumental fraude practicado. Una prueba visible es que el acta y los votos que divulga el CNE, no es el acta real en poder de los partidos políticos, lo cual fue permitido en cerca de 16.000 actas según sus estimaciones.
Cuestionó a ciertos dirigentes de su partido de no apoyarlo en una demanda legítima, o sea el conteo de voto por voto, ya que las evidencias demuestran que hubo inflamiento de urnas y votos en todo el país. En este “combo”, denominado traidores de la voluntad popular y doctrina liberal, ha de incluirse a Roberto “Pollo” Conteras, alcalde de San Pedro Sula, quien tiene negocios con el presidente electo, Nasry Asfura, y parientes cercanos de diputados al Parlamento Centroamericano, a la diputada Maribel Espinoza, que considera que el reclamo de Nasralla (incluyendo la repetición de las elecciones) solo beneficia a LIBRE, a Jorge Cálix, poco visible en las protestas de los liberales y resentido porque no lo inscribieron como diputado, y Marlon Lara, reelecto diputado por el Departamento de Cortes, entre los más visibles.
Para Iroshka Elvir, reelecta diputada, estos dirigentes ya negociaron con el Partido Nacional, y no es de extrañar que las negociaciones incluyan Secretarías de Estado, Embajadas y la Vicepresidencia del Congreso Nacional. Pero, además, se debería incluir en estas negociaciones aprobar el juicio político contra el Fiscal General, eliminación de la Ley de declarar inconstitucional las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), el retiro del proyecto de Ley de Justicia Tributaria, derogación de acuerdo con China, deportaciones masivas desde EEUU, una nueva Ley de Empleo por Hora, la vuelta a los fideicomisos (¿robo bancario?) y “bonos” para los diputados.
El tiempo dirá si se tiene la razón, cuando empiecen las negociaciones para la integración de la junta directiva del Congreso Nacional y en la presidencia se nombre al diputado del Partido Nacional por el departamento de Valle, Tomas Zambrano, exsecretario de dicho órgano legislativo y miembro del círculo de amigos de JOH. Salvador Nasralla demanda que, de consumarse totalmente el fraude, la presidencia del Congreso Nacional la ejerza un diputado o diputada del Partido Liberal, lo cual se mira como una cruzada difícil, más aun si JOH está detrás.
Lo anterior pondrá en sintonía al Gobierno de Honduras con los intereses de Donald Trump, donde Nasry Asfura, sería manejado desde Washington, siendo el emisario JOH, y que, para muchos, incluyendo al propio Salvador Nasralla, gobernará de nuevo al país.
Salvador Nasralla considera que si el pueblo y sus compañeros que no le abandonaron se lo piden, él se proclama presidente del Partido Liberal con más de 1,4 millones de votos contra los 335.772 obtenidos por dicho partido con Yani Rosenthal a la cabeza, en las elecciones de 2021. Se multiplicó por 4 veces los votos obtenidos, lo cual le da fuerza y credibilidad para liderar un Partido que por más de 15 años se volvió invisible, negociando su “lado oscuro “con el Partido Nacional y JOH.
Desde Washington, Marco Rubio, Secretario de Estado ya felicitó al nuevo Gobierno, igual lo hicieron gobiernos de derecha como el de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Es otro triunfo de Donald Trump y su política de apoyar abiertamente a los candidatos afines al modelo neocolonial y extractivo que sustenta. En el caso de Honduras debe verse también como el inicio de una práctica que se puede generalizar en la región, al meterle miedo a la población si no vota por el elegido y cuyos familiares serán deportados de EEUU -tengan o no papeles- y castigar al nuevo Gobierno con impuestos mayores a las remesas, importaciones y uso de la fuerza en caso que no se alineen con dicha política.
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