La dama y heredera de la dictadura fujimontesinista ha logrado tomar por asalto la última institución que le faltaba: La Presidencia de la República del Perú. Y todo deja entrever que lo consiguió bajo graves irregularidades en el proceso electoral.
Como es de conocimiento público, Keiko Fujimori viene gobernando el Perú desde muchos años atrás, capturando diversas organizaciones como el Congreso, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, gran parte del Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones y hasta la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Todo esto impulsado y respaldado por los grupos de poder, es decir, por la oligarquía del país.
Después del golpe de estado a Pedro Castillo, hoy encarcelado, el fujimorismo y la oligarquía en comparsa con las fuerzas armadas y policiales y la prensa hegemónica, han colocado en el sillón de Pizarro, a varios títeres con la suntuosa banda presidencial: Dina Boluarte, José Jerí y José Balcázar.
La ausencia de genuinos partidos políticos con ideologías claras y diferenciadas, el oportunismo y arribismo por las ansias de poder, el servilismo y el mercenarismo de la clase política han contribuído en ahondar aún más la crisis de un estado y sociedad que tirita como condenado al borde del despeñadero.
La movilización de las mujeres y hombres del ámbito rural y urbano, pilares de resistencia popular y dignidad democrática, lograron posicionar a su candidato Roberto Sánchez como el verdadero ganador de estas elecciones presidenciales.
Sin embargo, el fujimorismo, fiel a su estilo primigenio, ahora bajo el mandato de Keiko y su organización fascista denominada “Fuerza popular”, con el apoyo de los consulados en el extranjero y, bajo la tutela del imperialismo trumpista, amañaron los resultados, modificando el desenlace electoral. De este modo tenemos una flamante representante yanqui en tierra peruana, quien también cumplirá un rol de peón en el ajedrez geopolítico latinoamericano.
Lo llamativo es que a pesar de la ilegitimidad y el rechazo masivo a la “elección” de Keiko Fujimori como “presidenta del Perú”, existe beneplácito y complicidad de diversas organizaciones y actores políticos que intentan normalizar una realidad atípica y disfuncional.
Los analistas y politólogos se enredan intencionalmente, elucubrando conceptos, categorías, modelos de explicación y justificación a las atrocidades y atropellos que se vive en el país. Todo esto para proteger a una dictadura oligárquica, o como sabiamente dicen las dignas voces de los pueblos del sur peruano: “Esta democracia, ya no es democracia”.
Lo relevante de esta coyuntura es que el actual panorama sociopolítico nos permitirá ver y experimentar, una vez más y de modo circular, una pavorosa realidad que tiene su pasado inmediato en el fujimorato.
Ahora podremos volver a testimoniar, como en una película de terror, digitalizada y a colores, más y mayores violaciones a la libertad de opinión y de pensamiento, a los derechos individuales y colectivos, al derecho a la protesta, al derecho legítimo de los pueblos de poder vivir en paz y en auténtica democracia con justicia social.
Estamos, lamentable e indignamente, ante el retorno del oscurantismo. Y esa parte de la historia contemporánea, la conocemos de primera mano.
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