La premio Nobel de la Paz de 1991, Aung San Suu Kiy, nunca se manifestó, ni antes ni después de asumir el liderazgo civil de Birmania, en favor de los rohinyá, la marginada minoría musulmana del país, un millón de personas sin derecho a la ciudadanía que sobrevive en aldeas y campos de internamiento en […]
La premio Nobel de la Paz de 1991, Aung San Suu Kiy, nunca se manifestó, ni antes ni después de asumir el liderazgo civil de Birmania, en favor de los rohinyá, la marginada minoría musulmana del país, un millón de personas sin derecho a la ciudadanía que sobrevive en aldeas y campos de internamiento en el estado de Rakhine. Ahora, el limitado poder que le dejan los militares de acuerdo a la Constitución (no pudo asumir la presidencia, a pesar de haber ganado las elecciones por tener hijos con pasaporte extranjer), ha colocado a la consejera de Estado en la comprometida situación de tener que dar explicaciones en Tokio sobre las operaciones del ejército en territorio rohinyá: muertos, mujeres violadas, casas incendiadas y bloqueo oficial a la ayuda humanitaria.
«El Gobierno de Myanmar -el nombre con que Birmania fue rebautizada por la dictadura militar- está respondiendo al asunto del estado de Rakine basándose en los principios del imperio de la ley», ha dicho la que fuera durante años símbolo de la resistencia pacífica en el país. Aung San Suu Kiy respondía así a la preocupación de sus anfitriones en Japón, donde pasa cinco días en visita oficial, entre otras cosas para recibir un doctorado honorario de la universidad de Kioto por su contribución «al avance de la democracia en Myanmar y en el mundo entero».
Mientras tanto, diplomáticos y organizaciones de defensa de los derechos humanos la critican por no implicarse en la crisis de los rohinyá. El miércoles, un grupo de diplomáticos de Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Europea, se desplazó al estado de Rakhine para intentar hablar con víctimas de la represión militar. Según medios de los activistas rohinyá, no resultó nada fácil, y ni siquiera llegaron a los lugares donde se habrían cometido ejecuciones extrajudiciales y violaciones. Los activistas hablan de un centenar de muertos.
La agencia Reuters pudo hablar con ocho mujeres -tres en persona y cinco por teléfono- de la localidad de U Shey Kya que fueron violadas por soldados, los cuales además saquearon sus casas. Esto ocurrió en la región de Maungdaw, fronteriza con Bangladesh. El Estado birmano, la mayoría de cuya población es budista, no reconoce la nacionalidad de los rohinyá a pesar de que estos llevan decenios viviendo en el país y los califica de inmigrantes bengalíes.
Al parecer, la policía y el ejército han cerrado la región al paso de toda ayuda humanitaria, de la que dependen miles de personas, y saqueado y quemado viviendas en varias aldeas.
El Gobierno birmano desencadenó la represión en Rakhine el mes pasado, después de que activistas armados atacaran tres puestos de policía el 9 de octubre, matando a nueve agentes. Desde entonces, y según datos oficiales, han muerto cinco soldados y 33 supuestos militantes. La versión oficial habla de la existencia de un grupo de 400 hombres armados llamado Al Yakin Muyaidin, hasta ahora desconocido y al cual se atribuyen vínculos con organizaciones islamistas del extranjero.
Las condiciones en Rakhine pueden empeorar todavía más tras la decisión oficial de armar a los vecinos budistas de los rohinyá. El coronel Sein Lwin, jefe de la policía del estado, dijo que se está reclutando a una «policía regional» cuyos candidatos son hombres entre los 18 y los 35 años que, en circunstancias normales, no serían admitidos en la policía regular por falta de educación o de condiciones físicas.
Armados y entrenados, estos vigilantes, con sus propias motivaciones étnicas y religiosas, «solo pueden inflamar la situación» y conducir a «crímenes atroces», según Matthew Smith, fundador de la oenegé Fortify Rights.
Fuente original: http://www.lavanguardia.com/internacional/20161103/411542773681/birmania-minoria-musulmana-rohinya-rohingya-aung-san-suu-kiy-represion.html