Recaban declaraciones de varios testigos en la causa contra Juan María Bordaberry por «atentado a la Constitución». Podría quedar preso antes de fin de año.
El ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry está más cerca que nunca de ser procesado y encarcelado por atentar contra la Constitución, el 27 de junio de 1973, fecha del golpe de Estado cívico-militar que inauguró la dictadura de doce años.
A lo largo de esta semana, la jueza Graciela Gatti tomará declaración a diversos testigos, a pedido de la fiscal Ana Tellechea. Las indagatorias se abrieron este lunes.
Entre los principales testigos figura el periodista Roger Rodríguez, autor de investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos desde 1973, publicadas en el diario La República de Montevideo, y el abogado Javier Miranda, miembro de la organización Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos e hijo del escribano Fernando Miranda, asesinado en 1974. Los restos de Miranda fueron hallados recientemente en las excavaciones del Batallón de Infantería Nº 13, que funcionó como centro clandestino de detención.
Gatti también convocó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, y a los militares retirados, Angel Bertolotti y Tabaré Daners, ex jefes del Ejército y de la Armada, respectivamente. No obstante, ya se sabe que estos militares responderán por escrito a la citación judicial, prevista para el martes 3 de octubre.
Bonelli, Bertolotti y Daners firmaron a mediados del año pasado un informe dirigido al presidente Tabaré Vázquez en el que reconocen la participación de las Fuerzas Armadas en casos de violaciones de los derechos humanos y desapariciones forzadas de personas entre 1973 y 1985.
También se esperan los testimonios del abogado Carlos Ramela Regules, ex asesor del presidente Jorge Batlle y ex miembro de la Comisión para la Paz, y del coronel Gilberto Vázquez, procesado por «asociación para delinquir» y «privación de libertad» en el caso de un desaparecido uruguayo en la Argentina.
Por último, la jueza Gatti escuchará las declaraciones de dos víctimas de la dictadura, Alicia Sabatel y Estela Reyes, testigos del caso Washington Barrios, un militante uruguayo que desapareció en 1974 durante su exilio en Argentina. Dos días después de la desaparición de Barrios, su esposa y dos amigas fueron asesinadas en Montevideo.
Los abogados querellantes en la causa contra Bordaberry, Hebe Martínez Burlé y Walter De León, consideran que el ex dictador debería ser juzgado como «reo de lesa Nación» y procesado no sólo por el golpe de Estado del ’73, sino por homicidio, desapariciones, torturas y por su responsabilidad directa en delitos económicos, como fue el crecimiento de la deuda uruguaya, que pasó de 500 a 5000 millones de dólares durante la dictadura.
Desde que se presentó la denuncia ante la Suprema Corte de Justicia, en noviembre de 2002, la causa sufrió una serie de marchas y contramarchas. A fines de 2004, la jueza penal Fanny Canessa archivó el expediente al resolver que las acusaciones eran «cosa juzgada» y que los crímenes que se imputaban estaban proscriptos.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno hizo lugar a una apelación de la fiscal Tellechea y el 13 de marzo de este año revocó el fallo de la jueza de primera instancia, lo que permitió reflotar la causa, no sólo por «atentado a la Constitución», sino también por crímenes de lesa humanidad. Los cuestionamientos del tribunal desembocaron, además, en el inicio de una investigación administrativa contra Canessa por parte de la Suprema Corte.
Ahora, la causa parece encaminarse hacia su resolución. Martínez Burlé es muy optimista en este sentido. En las últimas horas, la abogada explicó que existen muchas posibilidades de que Bordaberry sea puesto tras las rejas antes de fin de año con una condena que, por los delitos que se le atribuyen, no debería ser menor a los 30 años de prisión.
Se estima que las declaraciones de los testigos que desfilarán por el tribunal a cargo de Gatti serán claves para avanzar en las investigaciones contra el ex dictador, quien ya fue indagado por la jueza el 16 de junio pasado. En esa oportunidad, como se suponía, Bordaberry negó todas las acusaciones, sin aportar elementos relevantes para la indagatoria. No era la primera vez que declaraba ante la Justicia, pero la estrategia de su defensa fue la misma.
Cuando le tocó responder por el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz -caso en el que también está involucrado el ex canciller Juan Carlos Blanco (1972-1976)-, o por la muerte de ocho militantes comunistas en 1972, con su testimonio intentó desligarse de toda culpa apuntando a las Fuerzas Armadas como únicas responsables de los crímenes durante la dictadura. Pero en el caso de Uruguay, la responsabilidad de los sectores cívicos y militares que impulsaron y llevaron a cabo el golpe de Estado estuvo más que equilibrada.
La llamada Ley de Caducidad, vigente en ese país impide, por el momento, juzgar y condenar a los criminales de uniforme, pero esa misma ley de impunidad no dice nada de los asesinos de traje que, como Bordaberry y Blanco, cometieron innumerables atentados contra los derechos humanos. Hacia ese camino apuntaron los abogados denunciantes, con el respaldo de amplios sectores de la sociedad que ven en el eventual procesamiento de Bordaberry la llave para empezar a hacer justicia.
Mientras tanto, el debate en torno a la ley se profundiza. A pesar de las continuas aclaraciones por parte del gobierno del Frente Amplio de que no pretende anular o modificar la norma, cada vez son más los uruguayos que buscan echar por tierra ese pesado legado, que aprobó el Parlamento uruguayo en 1986 bajo la amenaza militar.
En una de sus charlas por la campaña para anular la Ley de Caducidad, Zelmar Michelini (hijo) dijo al respecto: «Podemos negociar muchas cosas, pero lo que no podemos negociar, de ninguna manera, son los derechos humanos y el juicio a los asesinos y torturadores. El Parlamento debe recuperar su dignidad anulando esta Ley». Michelini pronunció estas palabras el 26 de agosto pasado en Buenos Aires, en el Auditorio de la Asociación de Trabajadores del Estado.